La lucha contra la Corrupción en Ecuador, ¿Se mantiene en época de emergencia sanitaria?

Por: María Isabel Machado



Hace más de dos años, Ecuador declaró como política prioritaria el combate a la corrupción, según Decreto Ejecutivo N° 21, de 05 de junio de 2017, suscrito por el Presidente de República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, en cuyo artículo primero, señala: “Declara como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas”.


Desde entonces, varios de los actores sociales han decidido luchar contra la corrupción en nuestro país. Desde la Presidencia de la República, con la creación de la Secretaría Anticorrupción, la Asamblea Nacional con la presentación de más de 10 proyectos de Ley, que entre sus objetivos consta el combate contra la corrupción, entidades públicas y gobiernos seccionales que han optado por revisar sus sistemas de gestión ante las denuncias realizadas por la ciudadanía, decidiendo obtener la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001: 2016 en todos sus procesos, cuya versión en español fue publicada en el Registro Oficial No. 47 de 31 de julio de 2017 y el 9 de diciembre de 2019, la Comisión de Integridad y Anticorrupción (CIAN) de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador (ICC Ecuador), lanzó a nivel nacional la campaña ‘Honestidad Criolla’, con el fin de impulsar la lucha contra la corrupción.


Esta lucha contra la corrupción está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida", en el que se establece como objetivo No. 8 promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social, estableciendo como políticas: “8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social", que va de la mano con los deberes y responsabilidades constitucionales de los ecuatorianos, artículo 83, numeral 8, que señala: “Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”, lo cual refuerza que la lucha contra la corrupción no es solo por parte del gobierno, sino también por parte de la ciudadanía.


Tal es el compromiso contra la corrupción que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), firmó en septiembre de 2019, un convenio para aplicar la norma ISO, de manera voluntaria, sin que sea considerado una obligación legal, recibiendo el apoyo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE), a través de la entrega de créditos no reembolsables para proceder con la implementación y certificación de la norma ISO 37001 (anti-soborno) en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales a nivel nacional.


Siguiendo esta tendencia de la adopción de la norma ISO 37001, por parte de las entidades públicas les permitirá definir un nuevo enfoque para fortalecer las estrategias nacionales contra la corrupción. Si bien este tipo de certificaciones no puede garantizar que no existan sobornos en un futuro, si puede proporcionar herramientas para reducir en gran medida el riesgo de cometimiento de estos actos.


Tanto es así que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial No. 0067, del 28 de junio de 2019, expide las Normas que rigen la lucha contra la corrupción y el sistema de gestión anti-soborno en el Ministerio, y en esta misma línea, el ISSFA (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) inició en marzo de 2020 el proceso de implementación de la Norma ISO 37001 Anti-soborno, alineado a la política de transparencia implementada por el Gobierno Nacional.


Por su parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), desde el 2018 inició procesos de certificaciones en normas ISO, primero obtuvo la certificación ISO 9001:2015 y en el 2019 marcó un precedente en la lucha contra la corrupción, siendo la primera institución en el Ecuador en certificarse bajo la norma internacional ISO 37001: 2016 en todos sus procesos a nivel nacional, fortaleciendo procesos internos, que garanticen la transparencia en la contratación pública.


Ante la situación actual de emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador y la mayoría de los países de la región, es necesario establecer medidas que sirvan para reducir el cometimiento de actos de sobornos, malversación de fondos, sobreprecio, falta de competencia, que se pueden presentar en los procesos de contratación pública y privada, y que por tanto, evitar que los recursos que se inviertan en responder a la pandemia no sean efectivos.


Algunas de las medidas por las que puede optar el gobierno, serían: a) Publicación de los procesos de contratación; b) Monitoreo de los recursos utilizados durante la respuesta de emergencia; c) Evitar el aumento de precios y el acaparamiento, promoviendo la competencia entre empresas, para evitar prácticas que resultan en especulación de precios, para lo cual se deberá trabajar en conjunto con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM); y, d) Realizar auditorías constantes a los procesos de contratación pública por emergencia, debido a la naturaleza excepcional y su magnitud.


Actualmente, el SERCOP ha emitido resoluciones y circulares, en las que incluye algunas de estas medias, para establecer procedimientos de contratación en emergencia, a fin de que tanto entidades contratantes como proveedores del Estado, realicen procesos transparentes, apegados al cumplimiento de la norma, sin que exista abuso de la situación de emergencia que atraviesa el país.


En lo principal, se estableció que la resolución que declara la emergencia tendrá que ser publicada de forma inmediata a su emisión en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS, siendo un requisito previo y habilitante para realizar las contrataciones de emergencia. Todos los procesos deberán ser publicados en el Portal y los contratos celebrados bajo el estado de emergencia, deberán ser publicados de manera obligatoria en el término máximo de dos (2) días posteriores a la fecha del instrumento indicado, y se podrá iniciar en cualquier momento acciones de control a los proceso y de ser el caso, se reportará a la Contraloría General del Estado para las respectivas acciones de control posteriores.


Sin perjuicio de la emisión de normativa ad-hoc para que los procesos de contratación por emergencia sean ágiles y eficientes, para la adquisición, entre otros, de implementos médicos y de protección de la salud, como mascarillas, desinfectantes, ropa de protección de bioseguridad, se han presentados actos de corrupción en el sobreprecio de bienes ofertados, actos que se han hecho públicos debido a la obligación que tienen las entidades contratantes de publicar los procesos, medida que ha ayudado a reducir los riesgos de actos de corrupción, pero que no han sido suficientes, por lo cual, el SERCOP y la SCPM, a través del Convenio Marco de Cooperación que mantienen, han comunicado a los operadores que el estado de emergencia no constituyen un motivo o justificación para una violación a la normativa de competencia y/o contratación pública en el Ecuador, por lo cual, recuerda a las entidades contratantes y proveedores actuar responsablemente” (Comunicado-SCPM-SERCOP-13-04-20).


Estos actos de corrupción reflejan que si bien la autoridad, en materia de contratación pública tiene un sistema de gestión de calidad y anti-soborno, es importante que esta tendencia de lucha contra la corrupción sea aplicada en todas las entidades, a fin de garantizar transparencia en los procesos de contratación y al mismo tiempo, ésta cultura de transparencia y cumplimiento sea trasladada y adoptada en las organizaciones.


En Ecuador todavía falta implementar mecanismos de concientización y comunicación, siguiendo la tendencia de la ICC con su campaña “Honestidad Criolla”, sobre la importancia de establecer una cultura de cumplimiento, transparencia y lucha contra la corrupción en todos los ámbitos, , desde el empleado público que acepta el soborno hasta el empleado privado que lo facilita, siendo indispensable que quienes pretendan contratar con el Estado, incluyan en sus organizaciones sistemas de control con políticas y procedimientos Anticorrupción, Compliance (cumplimiento normativo), Conflictos de Interés, ligados a los códigos de ética o de conducta.


Por su parte el Estado debería acoger las recomendaciones de Transparencia Internacional, para reducir los índices de percepción de corrupción en el país, con la elaboración de documentos o programas que pueden ser adoptados en diversos sectores, que incluya: 1) la gestión de los conflictos de interés; 2) controlar la financiación política; 3) fortalecer la integridad electoral; 4) regular las actividades de lobby; 5) empoderar a la ciudadanía; y, 6) reforzar los sistemas de control.


Y a su vez, impulsar los proyectos de Ley que al momento se encuentran en la Asamblea Nacional en materia de corrupción e informar sobre los canales de denuncia de actos de corrupción, incluyendo la opción de denuncias anónimas, como lo es http://sigpe2.presidencia.gob.ec/antic-formulario



Fuentes:

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/vicepresidente-de-la-republica-recibira-certificacion-antisoborno-alcanzada-por-el-sercop/

https://www.scpm.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado-SCPM-SERCOP-13-04-20.pdf

https://www.finanzas.gob.ec/sistema-de-gestion-antisoborno/

file:///Users/usher/Downloads/Boletin%20informativo%20n.%20%205_implementacin_Iso_Antisoborno%20(1).pdf

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_americas_response_to_the_coronavirus

OFFICE ADDRESS

Av. Amazonas N21-147 y Roca
Edif. Río Amazonas. Of. 900
170526 Quito, ECUADOR
P.O.Box 17-03-423A

OFFICE HOURS

Lun - Vie: 8:30am - 6:00pm

Mon - Fri: 8:30am - 6:00pm

PHONE

+593 2 256 1808

FAX

+593 2 256 7293 / 250 0295

E-MAIL

mail@falconipuig.com

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon