CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS y SOCIETARIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA

POR: Dr. Jorge David Uribe Reyes

Dentro de la Emergencia Sanitaria declarada en el Ecuador a causa de la COVID-19, existen aparentemente normas contradictorias entre la Ley de Compañías (LC) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).



Así, la Ley de Compañías, dispone:


  1. Las compañías deben presentar una serie de documentación ante la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre del año (Art. 20 );

  2. Las juntas generales tienen poderes especiales para conocer anualmente las cuentas de balance (Arts. 118, c) y 231 #2) ;

  3. Las juntas generales, dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico inmediato anterior, deberán conocer y aprobar estas cuentas de balance, que son aquellas en base a las que se presentará la declaración y pago del impuesto a la renta (Arts. 119 y 234);

  4. Si los representantes legales no presentan en los plazos y formas señaladas en la ley la documentación dispuesta por la LC están sujetos a una serie de sanciones y multas por parte de la Superintendencia de compañías (Art. 25).


En concordancia con las mencionadas obligaciones, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715, de 16 de marzo de 2020, dispuso prorrogar por 30 días la entrega de los documentos establecidos en la Ley de Compañías, artículo 20. Estos son:


a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley;

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas, incluyendo tanto los propietarios legales como los beneficiarios efectivos, atendiendo a estándares internacionales de transparencia en materia tributaria y de lucha contra actividades ilícitas, conforme a las resoluciones que para el efecto emita la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y Valores.


El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia.

Dicha Resolución posterga la obligación de presentar la documentación mencionada en la Ley de Compañías ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero no se manifestó en relación con la obligación que tienen las juntas generales de reunirse dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del ejercicio, para aprobar las cuentas de balance que son la base para la declaración y pago del impuesto a la renta.

Por su parte, la normativa tributaria establece, entre otros, lo siguiente:


  1. Las disposiciones, principios y figuras de las demás ramas del derecho, como en este caso las normas societarias o de la Ley de Compañías, se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de tributación;

  2. De igual forma, menciona que la analogía es admisible para llenar los vacíos de la ley, pero no puede crear tributos ni exenciones, ni otras materias jurídicas reservadas a la ley tributaria (Art. 14.);

  3. Por su parte, el Código Tributario, Art. 19 #1, señala que la ley es exigible a partir de la fecha en que se señale para el efecto; y que, si no hay disposición expresa respecto a esta fecha la liquidación, esto es la declaración, liquidación y pago de impuesto que va a efectuar el responsable, se llevará a cabo desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva;

  4. De la misma manera el Código Tributario, Art. 27 #2, dispone que es responsable de la obligación tributaria por representación, el representante legal de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida;

  5. El Código Tributario, en el Art 41, en concordancia con el Art. 72 del Reglamento para la Aplicación de la LORT, dispone que el pago de la obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria o su reglamento;

  6. El Art. 39 del Código Tributario dispone también que el representante o responsable es quien deba hacer dicho pago;

  7. El Art. 20 de la LRTI dispone que la contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo;

  8. Por su parte, el Art. 21 de la LRTI señala que los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

  9. Finalmente, los Arts. 70 y 71 del Reglamento a la LRTI, mandatoriamente ordenan que la declaración del Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido que, mediante resolución de carácter general, defina el Director General del Servicio de Rentas Internas y que la declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará en el plazo correspondiente; esto es, para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda la declaración y vence a partir del 10 de abril, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad.

Es claro que, si la declaración de IR no se presenta en forma y fechas pertinentes, se adeudará el impuesto, los intereses y las multas respectivas; sin perjuicio de que exista la posibilidad cierta de una determinación tributaria por parte de la autoridad tributaria.

OPINIÓN: Dicho esto, ¿cuál es la problemática existente o la aparente contradicción entre las normas societarias y tributarias?

Pues bien, la aparente contradicción radica principalmente en que, por una parte existe la obligación de las compañías, limitadas y anónimas, de reunirse en Junta General de Socios o Accionistas, en el primer trimestre del año para aprobar los balances que son la base para la declaración y pago el impuesto a la renta, así como también existe la obligación de remitir tales balances a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre del año.

Sin embargo, ante la emergencia declarada, muchas compañías no han podido llevar a cabo tales juntas generales y, lo único que ha dispuesto la autoridad societaria, es el diferimiento de la presentación de la documentación anual. Es decir, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se ha pronunciado en relación con la obligación de que la Junta General de Socios o Accionistas, pueda reunirse después del primer trimestre de este año, para aprobar, entre otros, los referidos balances.

En otras palabras ¿Es pertinente que la sociedad presente, declare, liquide y pague el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico 2019, en el entendido de que existe la imposibilidad manifiesta de reunir a la Junta General de Socios o Accionistas a efectos de que conozcan y aprueben los balances?

En nuestra opinión, hay que diferenciar claramente, por una parte las obligaciones en materia societaria y que son propias o inherentes de la compañía y/o de sus socios o accionistas; esto es, reunirse en Junta General Ordinaria, aprobar balances y remitirlo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, por otra parte, las obligaciones en materia tributaria, que corresponden en este caso, exclusivamente a la compañía y que deben ser cumplidas a través de su representante legal. En este caso en particular, la obligación de presentar la declaración, liquidación y pago del impuesto a la renta en la forma y fecha que establece la normativa tributaria respectiva, sin perjuicio de que, al interno de la compañía, se haya llevado a cabo o no La Juta General Ordinaria de Socios o Accionistas, para la aprobación de balances y remisión de la documentación pertinente a la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros.

Insistimos, en nuestro criterio, la compañía tiene la obligación de presentar, declarar, liquidar y pagar su impuesto a la renta, independientemente de las obligaciones que, en materia societaria, les correspondan a ella o sus accionistas.

Así, la Junta General de Socios o Accionistas deberá reunirse presencialmente o por medios telemáticos, tan pronto le sea posible, para conocer, aprobar, ratificar o rectificar los balances en base a los que el administrador de la compañía, en su representación, efectuó la presentación, declaración, liquidación y pago del impuesto a la renta.

En caso de que la Junta General de Socios o Accionistas apruebe los balances con base en los que fue presentada la declaración impuesto a la renta, simplemente deberá remitir a la autoridad societaria, esto es, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en los plazos a partir de mayo de 2020.

En caso de que la Junta General de Socios o Accionistas no aprobare los balances presentados al SRI, el representante legal deberá responder ante la Junta General de Socios o Accionistas; y, de ser del caso, y siguiendo los procedimientos contables y tributarios, se deberán efectuar las modificaciones al Balance y presentar las sustitutivas correspondientes ante el SRI.

Finalmente, consideramos que es de mucha importancia que los representantes legales, ante la imposibilidad de poner a consideración de sus Juntas Generales de Socios o Accionistas, los balances, deberán sustentar y respaldar la decisión en base a la cual presentaron la declaración de impuesto a la renta, tratando de contar con la aprobación, de preferencia escrita, de la mayoría de sus socios o accionistas y, por supuesto de sus auditores externos y asesores fiscales, de ser el caso.


Dr. Jorge David Uribe Reyes


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