Pautas para la Valoración de una Marca

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Por: Verónica Chiriboga

La identificación y evaluación de las marcas son herramientas gerenciales positivas y útiles para dar valor y crear marcas con mayor tiempo de vida y de estabilidad.

En Ecuador, el 27 de febrero de 2015 se publicó en el Registro Oficial No. 277, la Resolución No. 095-2014-DE-IEPI del 18 de julio de 2014 contentiva del “Manual de la metodología de Valoración de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual”, en el cual se utiliza como marco contextual la norma ISO 10668:2010.

El valor de una empresa está compuesto por la suma de los activos monetarios, tangibles e intangibles. La valoración de activos intangibles (que son los activos sin sustancia física, identificables, de los cuales se esperan beneficios económicos futuros y separables y los de menor liquidez en una empresa), se realiza a través de tres enfoques: costos, mercado e ingresos.

Específicamente en el caso de valoración de marcas, se entiende por marca al “Activo intangible conformado, pero no limitado, por elementos visuales, verbales y otros derechos de propiedad intelectual cuyo propósito es el de diferenciar productos, servicios y entidades a través de las asociaciones de elementos físicos, funcionales y emocionales en la mente de las partes interesadas”.

Para valorar una marca se debe considerar balances financieros, conductuales y legales, cubrir propósitos de valoración contables, transaccionales y de gestión, cuantificar las variables, supuestos y riesgos relacionados con la marca; reflejar un valor monetario que represente el beneficio económico proporcionado por la marca en su vida útil esperada e incluir variables de mercado contemplando tres parámetros:

  1. Análisis de mercado, en el cual se deberá definir las expectativas de crecimiento económico, definir el sector industrial, tamaño del sector industrial, participación de mercado y tendencias.
  2. Investigación de mercado enfocada al consumidor, en el cual se deberá definir el factor de marca (que es el poder de marca más la preferencia de mercado).
  3. Análisis financiero, incluyendo definición de ingresos o beneficios futuros específicos de la marca, proyección de beneficios futuros específicos de la marca, definición de variables financieras clave (tasa de descuento, vida útil, impacto fiscal y tasa de crecimiento).

A dichos parámetros se adiciona el cálculo del valor de la marca. Toda esta información es objeto de la aplicación de variables y fórmulas que darán como resultado el valor de la marca.

Todo lo anterior evidencia que determinar el valor de una marca es un tema altamente complejo que requiere un análisis profundo en varios aspectos que involucran información de distinta índole.

Protección Jurídica del Secreto Empresarial, ¿Obligatoriedad o Mercado Equilibrado?

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Por: Abg. Mario Ruiz

Desde que comenzó la comercialización de bienes y servicios que han sido demandados por los consumidores, las compañías han buscado formas para hacer que sus productos sean siempre los primeros a ser escogidos por sobre otros que ofrecen sus competidores. Estas formas y técnicas que caracterizan a los productos o servicios de una determinada compañía son conocidas como secretos empresariales.

Antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM), en el Ecuador existía una forma de protección al secreto empresarial de productores conocida como información no divulgada; la misma que se depositaba ante la autoridad administrativa a cargo, para amparar esta de cualquier persona que de manera mal intencionada opte por tomar cualquiera de sus destrezas y utilizarlas en beneficio propio. No obstante, con la expedición de la LORCPM, ésta protección fue trasladada a este cuerpo legal, no por el hecho de ser considerada algo sumamente beneficioso para los productores, sino por el hecho de que el Estado ha tomado la política de proteger, no al productor ni tampoco al consumidor, sino directamente al mercado y al equilibrio económico. Tras este cambio, intuimos que el legislador ha concluido que esta información genera un derecho del cual goza su titular o propietario, por lo que si una persona trata de obtener un secreto, estaría frente a la violación de un derecho.

Por esto, vemos que el secreto empresarial debe necesariamente estar protegido, más aun si esto es un derecho que no puede ser transgredido por otra persona. En razón de aquello, la LORCPM ha establecido una disposición que expresa en su artículo 27, en donde de manera clara, prohíbe la obtención ilegítima de información, dando el carácter de una práctica anticompetitiva que puede llegar a ser sancionada. Si esta información es de fácil acceso y no cuenta con el carácter de confidencial, es porque así su titular no quiso hacerlo, pero si por otro lado, la información esta resguardada y no quiere ser revelada por parte de su titular entonces mal haría otro operador en intentar conseguirla, por lo que esto sería considerado como un acto anti competitivo.

Por otro lado, hacemos mención al artículo 52 de la Constitución de la República, el cual garantiza la salud de los consumidores por medio de la entrega de información veraz y precisa del producto hacia los consumidores, pero además establece sanciones y oportunidades de reclamo de indemnizaciones en el evento de que la información que se provea no sea real.

Por motivos lógicos y legales, los consumidores de un determinado bien o servicio, tienen derecho pleno a recibir bienes o servicios de óptima calidad que cuenten con información precisa de su contenido y características. Sin embargo, ¿Es necesario que este requerimiento de dar información veraz y precisa puede ir en contra de los principios del secreto comercial e industrial y de la información confidencial de un operador económico? En este caso, el derecho de los productores de resguardar el secreto que hace que su producto o servicio sea escogido de primera mano por los consumidores, no debería ser revelado ante nadie ya que esto haría que cualquier persona pueda comenzar a producir este bien o servicio y por ende el operador económico que ha investigado y concluido con información que lo hace competitivo respecto de cualquier otro, se queda sin preeminencia para poder caracterizarse.

De esta manera, vemos que los individuos que contribuyan a la producción de este bien o servicio y que tienen la obligación de no difundir la información que ellos conocen sobre la producción de este, se encuentran mermados por una garantía constitucional que protege evidentemente a los consumidores sin perjuicio de que la información que puede ser veraz para el consumidor, sea información protegida.

Todo lo anterior concluye en una controversia que debería ser resuelta pronto. Por un lado tenemos al titular de una información que desea se mantenga secreta y por otro lado, está la garantía constitucional de un ciudadano a obtener información precisa sobre el contenido del producto. En este caso, ¿Cómo se debería abordar la problemática y saber cómo ponderar para resolver este cuestionamiento?

De la mano de la norma constitucional, el artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor ha establecido el derecho de los usuarios a acceder a la información completa, veraz y oportuna de las características, precio y demás información relacionada con el producto o servicio ofrecido. No obstante, ¿Podemos permitir que estos derechos del consumidor sobrepasen al secreto empresarial en todos los casos y haciendo que un mercado caiga?

Considerando que la Constitución de la República del Ecuador busca una economía justa y equitativa que se debe lograr mediante un mercado equilibrado y que compita de manera poco regulada, al tomar la garantía constitucional que se ha venido enunciando, no se puede mantener las políticas competitivas que busca el Estado. Esto ya que poco a poco los productores irían derrumbándose y por ende serán miles los que ofrecerán un mismo producto en un mismo mercado, ya que contarán con la información necesaria para tenerlo.

El tema de la garantía antes invocada se puede decir que no debería alcanzar a los secretos comerciales e industriales, o al menos no a todos, esto dependerá de cómo esté caracterizada esta información también a la luz de la legislación comunitaria. Evidentemente, si se procede conforme manda el precepto constitucional, nos veríamos abarcados plenamente en un tema de crisis económica antes que de defensa del consumidor, por lo que una vez más se debe considerar la disyuntiva de proteger en exceso al consumidor e inclusive establecer sanciones y oportunidades indemnizatorias para este o permitir que el mercado sea de libre competencia.

Acción Extraordinaria De Protección

Por: Dr. Felipe Infante

La protección de los derechos está previsto en el Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente dispone: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.” La norma que acabamos de citar contiene los fundamentos doctrinarios que se requieren para interponer la acción extraordinaria de protección en contra del fallo o resolución que vulneren derechos constitucionales protegidos por la propia Constitución.

El Art. 11, numeral 3 de la Constitución en vigencia prevé que los derechos y garantías establecidos en la misma y en los instrumentos internacionales  de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para alcanzar los propósitos antes mencionados, precisamente lo previsto en el Art. 429 de la Constitución, designa a la Corte Constitucional  como supremo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Además, para una mejor aplicación, en el Art. 437 ibídem, encontramos los requisitos formales que se deben cumplir para su presentación en el máximo órgano de control constitucional.

Lo que preocupa a la mayoría de ecuatorianos es que muchos profesionales están utilizando a la Corte Constitucional para la ingrata tarea de dilatar y demorar los juicios, pues, de todas las resoluciones de casación que dicta la Corte Nacional, proponen acción extraordinaria de protección, como si se tratara de un tribunalde tercera instancia, lo cual repercute en un represamiento de causas pendientes de despacho.

Museo de la Imitación de la Unión de Fabricantes

Por: Dra. Cecilia Falconi

Creado en 1951, el Museo de la Imitación de la Unión de Fabricantes de Paris, 16 rue de la Faisanderie, expone, a lo largo de un interesante recorrido, 500 imitaciones de productos de origen francés, lo que nos permite a los visitantes entender el fenómeno y la naturaleza de la falsificación.

Vitrinas nítidamente montadas exponen el producto original y, junto a éste, el producto fruto de la imitación. La mayor parte de las colecciones han sido donadas al Museo por parte de las propias casas productoras, mientras que la mayoría de objetos falsificados expuestos son consignados en el Museo por la Aduana Francesa. La muestra comparativa es muy completa y se detalla la fecha de fabricación del producto original, así como el año y lugar en los que los productos imitados fueron aprehendidos. En los casos de productos de marcas de alto renombre, se llega a la prolijidad de  mostrar la colección específica, precisando la serie, la creación del modelo, el autor de dicha creación, etc., como es  el caso de las carteras o bolos de damas Luis Vuitton, cuyo objeto original lo observamos en la fotografía siguiente, con sus particulares especificaciones:

Sac à  main Keepall 55, creado en 1930; originalmente llamado “tientout”.

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El producto falsificado también se puede observar, bajo la identificación interna con el código 14-95. La etiqueta que se despliega con la palabra PREMIER es la originaria que llevó el producto falsificado. Este producto fue decomisado en la Aduana de Roissy en el año 2005.

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Existe en este Museo un despliegue de productos de la más amplia variedad: cosméticos, relojes y accesorios, prendas de vestir, alimentos, partes y piezas automotrices, asistentes de cocina, e incluso obras de arte. A continuación los ejemplos que más nos han llamado la atención:

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Esta muestra de infracción, por falsificación de los cosméticos Mac, previene a los visitantes sobre la composición química del producto falsificado, y alerta sobre el daño que podría causar a la piel.

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Como observamos, los fabricantes de productos alimenticios también son afectados por infracción a sus derechos de propiedad industrial. Los productos identificados con las famosas marcas Lea & Perkins, Tabasco, Danone, entre otros, no están exentos de estas malas prácticas.

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cfp6Otro ejemplo son las partes y piezas de vehículos, manifiesto en las fotos arriba incorporadas.

La Unión de Fabricantes para la protección de las marcas de fábrica fue reconocida mediante Decreto titulado Décret reconnaissant celle Société Etablissement d´   utilité  publique en Paris el 28 de mayo de 1877  y está firmado por el Ministro de la Agricultura y del Comercio, C. de Meaux, en representación de la Republica Francesa.

Entre sus objetivos fundamentales, que constan en el dossier puesto a consideración de los visitantes, se manifiesta la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de las implicaciones económicas, sanitarias, legales y penales de la ¨Contrefaçon¨, término francés para nombrar a la imitación.

Presidentes de la Unión de Fabricantes han sido legendarios creadores, productores e industriales, como C. Christofle, Laroche-Joubert, E. Dupont, L. Vaouez, J.L. Vuitton entre otros destacados visionarios emprenderos de la industria francesa, lo que nos da una pauta de la trascendencia de la organización.

Al abandonar el Museo pienso que una de las maneras auténticas y legítimas para elevar la sensibilidad de la sociedad, no es la mera confiscación, sino la exposición argumental, y en este caso lúdica, de un tema que no es de exclusivo interés para fabricantes o productores. Creo que los grandes creadores tienen derecho, en el arte, en la creatividad y en la vida, a que su obra no sea violentada.

Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos

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Por: Ab. Verónica Chiriboga

1 ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

Procurar que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias pendientes vencidas hasta el 31 de marzo de 2015.

 2 ¿A quién está dirigida la mencionada Ley? quiénes pueden beneficiarse de ella?

Todos aquellos contribuyentes que tengan pendiente el pago de intereses, multas y recargos derivados de deudas, cuotas RISE, impuestos vehiculares, declaraciones y anexos pendientes, tributos locales de los gobiernos autónomos descentralizados y créditos del Banco Nacional de Fomento, en este último caso siempre que el capital sea de hasta US$15.000

3 ¿Qué procedimiento se debe realizar para aplicar la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

De manera general, el contribuyente deberá realizar la declaración respectiva, indicar 0 en las casillas correspondientes a intereses y multas (o el 50% del valor de los mismos dependiendo de la fecha de pago conforme se señala a continuación), y cumplir con el pago del tributo.

4 ¿Cómo se aplica el calendario de pagos y los porcentajes de remisión de intereses, multas y recargos?

a) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza hasta el 28 de julio de 2015, existirá la remisión de la totalidad de los intereses en mora, multas y recargos

b) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza después del 28 de julio de 2015 y antes del 9 de septiembre de 2015, existirá la remisión de la mitad de los intereses en mora, multas y recargos

Si tiene alguna duda con respecto de cómo beneficiarse de esta ley conocida como Amnistía Tributaria, Falconi Puig Abogados está a su disposición para cualquier inquietud sobre este tema.

Recognition: World Trademark Review 1000

World Trademark Review 1000 has again ranked Falconi Puig in its Gold tier for 2015. We are proud to be referred to as “among the most popular choices for opposition proceedings and litigation” and as “a go-to firm for both domestic clients in expansion mode and international companies with cross-border concerns”. Please take a moment to read the full text here.

 

 

 

 

 

Reconocimiento: World Trademark Review 1000

Destacado

World Trademark Review 1000 ha reconocido nuevamente a Falconi Puig Abogados en el nivel de Oro en 2015. Estamos orgullosos de ser referidos como “entre las opciones más destacadas para procesos de oposición y litigios” y “una firma a la que acudir para clientes domésticos en expansión y compañías internacionales con asuntos transfronterizos”. Solicitamos gentilmente se tome unos minutos para leer el texto completo aquí.

 

 

 

 

“Incompatibility” of trademarks and companies’ names

By:      Jaime Mantilla Compte [1]

As part of the rights guaranteed by the Ecuadorian Intellectual Property Law to trademark owners in our country, there is the possibility of taking action against the names of companies or partnerships that include a registered trademark, even though they were approved by the competent Authorities.

Accordingly, article 293 of the mentioned Law establishes:

Art. 293.-  A trademark, commercial name or plan variety owner who determines that the Superintendence of Companies or Banks has approved the adoption by companies under its control of a name including identical signs as those of its trademarks, commercial names or plant varieties, may request the EIPI the suspension of the use of the above name to eliminate all risk of confusion or undue usage of the protected sign.

The EIPI will notify the parties and to Superintendence of Companies or Banks through a resolution; the company will have a term of ninety days starting at the date of notice of the EIPI resolution, to adopt another name; a term which may be extendable for only one time and for the same time by means of justifiable causes.

In the event that a new name is not adopted within the term set forth in the above paragraph, the Superintendence shall proceed to dissolve or liquidate the company.”

Despite the above strengthens protection for trademark owners and establishes a clear procedure to claim their rights, having to exercise them due to the lack of anticipation and care of the Authorities implicates many times incurring in high expenses that would not be necessary if there would be a coordination between the Ecuadorian Intellectual Property Institute (EIPI) and the other entities in charge of approving the names of companies or partnerships.

In our opinion, an effective way to avoid this “incompatibility” between trademarks and names of companies would be the elaboration of a directive that establishes as mandatory for the corresponding Superintendence (of Companies, of Banks and of Popular and Solidarity Economy), to verify the information at EIPI regarding registered trademarks or trade names, prior to approving a company’s name.

In this manner, a preventive review would be made which would allow reducing the number of cases in which names of companies or partnerships improperly include previously registered trademarks and will reduce the amount of litigations that arise for this reason, that affect intellectual property owners.

The way to implement this can change, according to the best manner in which the needs of the Authorities and the users can be adapted. An alternative could be that the review is made directly by the corresponding Superintendence by accessing the EIPI’s database or, by the other hand, that it is established as a requirement for he interested party to file the trademark search report from EIPI along with the name reservation of the company or partnership, in order to determine that such name does not affect preexisting intellectual property rights.

In accordance with the above and going beyond companies’ names, we consider relevant to mention in this article the problems that have also been generated in practice by the “trade names approved” by the Internal Revenue Service (IRS).

What is currently occurring is that the IRS when opening or updating a Contributor’s Sole Registration (RUC for it meaning in Spanish), include the possibility for the user to provide a “trade name” with which the business will operate, despite that the Law for the Contributor’s Sole Registration nor its Directive establishes this field as part of the required information for registration.

This situation has generated constant problems for trademark owners, since the IRS does not review if the “trade name” the user is providing affects or not rights of third parties.

The above mentioned causes that in many cases, when the legitimate owner of a registered trademark takes action against the improper use of its mark, an unfavorable response from the offender is received, because he believes to be endorsed by the “trade name” that appears in the Contributor’s Sole Registration (RUC).

Cases like this have affected constantly the renowned restaurant LA CHOZA from Quito (http://www.lachoza.com.ec/), with whom a more conciliatory strategy has been chosen, avoiding legal action and sending instead cease & desist letters informing the offender of the legal situation.

So, through dialog and negotiation, favorable results have been obtained regarding the cease of improper use of this famous trademark, avoiding the discomfort and elevated costs of litigation.

Nonetheless, again this behavior of the IRS causes the trademark owner to be bound to incur in unnecessary expenses when such entity should not include in the Contributor’s Sole Registration (RUC) the declaration of a “trade name”.

Therefore, our opinion is that the IRS should eliminate the possibility of indicating a “trade name” in the Contributor’s Sole Registration (RUC) or, if it insists on keeping it, making a prior search in the EIPI’s database ex officio or as a requirement to the interested party, so that it can confirm that no intellectual property rights of third parties are affected.

 

[1] Lawyer of the “Pontificia Universidad Católica del Ecuador” (2007) and participant of the Intensive Postgraduate Course on Copyrights at “Universidad de Buenos Aires”, Argentina (2008). Senior Associate at Falconi Puig Abogados.

“Incompatibilidad” de marcas y denominaciones de compañías

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Por:    Jaime Mantilla Compte [1]

Como parte de los derechos garantizados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador para el titular de un registro marcario en nuestro país, se encuentra la posibilidad de actuar en contra del nombre de compañías o sociedades que incluyan indebidamente a una marca registrada, a pesar de haber sido aprobado por las Autoridades competentes para ello.

Así, el artículo 293 de la mencionada Ley prescribe lo siguiente:

Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía..

Si bien con lo anterior se refuerza la protección a los titulares de registros marcarios y se establece un procedimiento claro para reivindicar sus derechos, el tener que ejercerlos por falta de previsión o cuidado de las Autoridades implica muchas veces incurrir en altos costos que no serían necesarios si existiera una coordinación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y las demás entidades encargadas de la aprobación de denominaciones de compañías o sociedades.

A nuestro criterio, una manera efectiva de evitar esta “incompatibilidad” entre marcas y denominaciones de compañías sería la elaboración de un reglamento que establezca la obligatoriedad para las diferentes Superintendencias (de Compañías, Bancos y de Economía Popular y Solidaria), de verificar la información constante en el IEPI respecto a marcas o nombres comerciales registrados, previo a aprobar el nombre de una compañía.

De esta manera, se haría una revisión preventiva que permita reducir el número de casos en que las denominaciones de las compañías o sociedades incluyen indebidamente a marcas previamente registradas y se reduciría la cantidad de litigios que surgen por este motivo, con las afectaciones que ello conlleva para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La forma de implementar esto podría variar, de acuerdo a la manera que mejor se adapte a las necesidades de las Autoridades y los usuarios, pudiendo ser una opción que la revisión la haga de oficio la Superintendencia respectiva accediendo a la base de datos del IEPI o que, por el contrario, se establezca como requerimiento al interesado que presente junto con su solicitud de reserva de denominación de la compañía o sociedad, el reporte de la búsqueda de antecedentes del IEPI que permita constatar que dicha denominación no afectaría derechos adquiridos de propiedad intelectual.

En concordancia con lo anterior y yendo más allá de la denominación de compañías, consideramos oportuno mencionar en este artículo los problemas que también se han generado en la práctica por los “nombres comerciales aprobados” por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ocurre que el SRI, al momento de abrir o actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), incluye la posibilidad de que el usuario designe un “nombre comercial” con el que operará su negocio, a pesar de que ni en la Ley de Registro Único de Contribuyentes ni en su Reglamento conste tal campo como parte de la información constitutiva del registro.

Esta situación ha generado constantes problemas para titulares de registros marcarios, ya que el SRI no hace revisión alguna de que el “nombre comercial” que el usuario le está proporcionando afecte o no derechos de terceros.

Lo anterior ocasiona que en muchos casos, cuando el titular legítimo de una marca registrada actúa contra el uso indebido de su signo, no encuentra una respuesta favorable por parte del infractor, quien cree que se encuentra respaldado por el “nombre comercial” que consta en el RUC.

Casos como estos han afectado constantemente al reconocido restaurante quiteño LA CHOZA (http://www.lachoza.com.ec/), con quienes se ha optado por una estrategia más bien conciliadora, evitando el inicio de acciones legales y enviando en su lugar cartas de alerta o advertencia que informen sobre la situación jurídica al infractor.

Así, por medio del diálogo y la negociación, se han obtenido resultados favorables en la obtención del cese del uso indebido de esta reconocida marca, evitando la incomodidad y el alto costo del litigio.

Ahora bien, esta actuación del SRI, ocasiona que el titular de registros marcarios se vea obligado a incurrir en costos innecesarios cuando dicha entidad no debería incluir en el RUC la declaración de un “nombre comercial”.

Por lo dicho, nuestro criterio es que el SRI debería eliminar la posibilidad de indicar un “nombre comercial” en el RUC o, si en todo caso insiste en mantenerlo, realizar una revisión previa en la base de datos del IEPI, ya sea de oficio o como requisito previo para el usuario, de tal manera que se confirme que no hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

[1] Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2007) y participante del Curso Intensivo de Posgrado “Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos.” de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2008). Abogado Asociado Senior de Falconi Puig Abogados.

Acuerdo Comercial entre el Ecuador y la Unión Europea. La Protección de Indicaciones Geográficas europeas en nuestro país.

Destacado

 

Por: María Laura Pedraza

El Ecuador y la Unión Europea se encuentran negociando el llamado Acuerdo Comercial Multipartes, que se estima será suscrito a mediados del año 2015. 

Mientras tanto el pasado 18 de diciembre de 2014, la Unión Europea extendió las preferencias arancelarias al Ecuador para aproximadamente 5.000 productos. Se estima que para el segundo semestre del año 2015 el parlamento de la UE aprobaría el acuerdo comercial, que es posterior a la aprobación del acuerdo legal. 

El Derecho de Propiedad Intelectual es uno de los temas que se ha tratado y será parte de dicho acuerdo. Y es que la Propiedad Intelectual, conforma uno de los capítulos más significativos en las negociaciones de acuerdos comerciales, sobre todo con los países que conforman la Unión Europea, al ser una de las regiones importantes en la generación de creaciones e innovaciones protegibles mediante las diversas modalidades de la Propiedad Intelectual,  es así que esta unión de países, para protección de las modalidades de propiedad de sus nacionales procuran estratégicamente acuerdos beneficiosos. 

Las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen no son la excepción, pues el viejo continente, como es de conocimiento general,  tiene una larga trayectoria de productos provenientes de determinadas zonas geográficas, que por su calidad y la confluencia de factores naturales y humanos, son altamente apreciados por los consumidores, y son exportados y comercializados en todo el mundo con réditos importantes para los países, regiones, productores, asociaciones de productores, trabajadores. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), definen a las Indicaciones Geográficas en su artículo 22:

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

  1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Como podemos observar, el derecho de las Indicaciones Geográficas está comprendido en la normativa internacional, y la ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual recoge la misma normativa, sin embargo, las indicaciones geográficas de la Unión Europea  aún no cuentan con los certificados de reconocimiento de protección en nuestro territorio.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina define a las Denominaciones de Origen como:

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Y las protege de la siguiente manera: 

Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. 

Es por esto que, luego de una petición formal por parte de la Unión Europea, y con el Acuerdo Comercial en la mesa de debate, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial  No. 593, correspondiente al mes de junio de 2014, ciento trece (113) Indicaciones Geográficas de países europeos, por supuesto ciñéndose al procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, con el fin de que, culminado el trámite, se emitan las resoluciones de reconocimiento de protección en afán de evitar estos derechos sean violados en territorio ecuatoriano y que sus titulares estén en derecho de ejercer las acciones legales correspondientes en contra de los usuarios no autorizados al uso de tales indicaciones geográficas o denominaciones de origen. 

El procedimiento para el reconocimiento de protección de dichas Indicaciones Geográficas será  el mismo que el proceso de registro marcario, y tendrán vigencia mientras se mantengan las condiciones que las motivaron, tal como manda la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 205 y 206: 

Artículo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente. 

Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La protección de estas 113 indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas, brindará mayor seguridad jurídica a nuestro aliado comercial al ser una herramienta contra usos no autorizados que indican falsamente el origen, las cualidades que no posee el producto causando engaño al público consumidor y perjuicio a los usuarios autorizados que son solo aquellos asentados en la propia zona geográfica.

Actualmente, el Ecuador es titular de dos Denominaciones de Origen: MONTECRISTI y CACAO ARRIBA, ambas denominaciones utilizadas por productos ecuatorianos de exportación. No hemos conocido sobre una posible iniciativa para que estas dos denominaciones de origen del Estado ecuatoriano sean iniciadas en trámites para protección en la Unión Europea. 

En el país al momento se encuentran en protección las siguientes denominaciones de origen extranjeras: 

  • PISCO – República del Perú
  • CAFÉ DE COLOMBIA – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
  • RON DE VENEZUELA – Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas
  • MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO – República del Perú
  • CHULUCANAS – República del Perú
  • HABANOS – Empresa Cubana del Tabaco
  • COGNAC – Bureu National Interprofessionnel du Cognac
  • CAFÉ DE CAUCA – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
  • TEQUILA – Consejo Regulador del Tequila
  • QUINUA REAL DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA – Asociación Nacional de Productores de Quinua. 

La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en nuestro territorio hacen que el Ecuador califique como un mejor aliado comercial hacia el exterior, y que por el principio de Seguridad Jurídica estemos en la posibilidad de otorgar  a los titulares de estos derechos la protección que aspiran para combatir el uso indebido de estas modalidades.