Mejores Prácticas para el Desarrollo de Marcas o Nombres de Medicamentos. Una guía para la Industria.

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Autora: Dra. Cecilia Falconi

En el mes de mayo de 2014, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) junto con el Centro para la Evaluación e Investigación de los Fármacos y el Centro para la Evaluación e Investigación para Productos Biológicos de los Estados Unidos de América circuló el borrador de la Guía para la Industria, Mejores Prácticas de Nombres para Medicamentos que constituiría un documento referencial no vinculante. La tabla de contenidos tiene 5 capítulos y 6 apéndices; en afán de proveer de información práctica a las industrias farmacéuticas de empresas nacionales y extranjeras, este aporte hará énfasis únicamente en lo más relevante.   El término nombres de medicamentos debe ser entendido como la marca del producto o el nombre del producto, siendo así, la guía redactada en inglés recoge el término “proprietary name”. El FDA pretende con esta guía ayudar a las casas farmacéuticas para que desarrollen marcas que no causen ni contribuyan a errores en la medicación y que no contribuyan a creencias erróneas en el consumidor con respecto a la marca o el empaque de los productos farmacéuticos. Esta guía del FDA se aplica a todos los productos farmacéuticos ya sea que requieran prescripción médica para su adquisición o que sean de libre venta.

Esta guía es la última de dos documentos que  surgieron para consideración de la industria para minimizar el error en medicación cuando se desarrollan y diseñan marcas y empaques. El primer documento se enfocó en la reducción de los riesgos asociados con el diseño de un producto y el proceso de fabricación y sistema de cierre del envase; y, el segundo documento de guía tiene que ver con los aspectos de seguridad del envase y el despliegue de la apariencia distintiva del diseño del empaque. Esta  tercera guía se enfoca en las mejores prácticas para el desarrollo y la selección de las marcas o nombres para los medicamentos.

Como antecedente se puede mencionar que el nudo crítico para el FDA es que las compañías farmacéuticas, previo a diseñar marcas o nombres para los productos farmacéuticos, consideren que los usuarios finales de los productos bajo prescripción médica, es decir los médicos, podrían, en definitiva, confiar en el nombre de un producto de entre los miles disponibles para recetar a un paciente determinado; por esta razón, la veracidad en la interpretación es esencial. Si los usuarios, siendo estos médicos en los casos de los fármacos bajo prescripción médica y los consumidores para aquellos medicamentos que no requieren prescripción, no puedan distinguir entre los medicamentos que llevan nombres con similitud fonética o en las similitudes entre la composición de letras o apariencia ortográfica, el paciente podría recibir un medicamento errado o podría no ser capaz de identificar correctamente el producto para  adquirir o utilizar. Siendo así, justamente ese “remedio potencial” para evitar estas posibles confusiones están estrechamente vinculadas con las similitudes fonéticas/auditivas.

Las recomendaciones para la selección de nombres o marcas para estos productos procuran que los patrocinadores realicen un análisis preliminar para evitar la negativa por parte de la FDA sobre el uso viable, y,  entonces en el apéndice C enfoca el pensamiento de esta institución en los siguientes principales aspectos:

-          Las similitudes obvias en la composición ortográfica y el pronunciamiento de los nombres no deberían ser similares a nombres establecidos para ciertas composiciones químicas o a los ingredientes de otros productos.

-          Las abreviaciones médicas no deberían incorporar abreviaciones que inadvertidamente conduzcan a error, por tanto los patrocinadores deberían evitar tales abreviaciones, símbolos y designación de dosis que puedan advertirte como potencialmente confusas.

-          Los nombres no deberían incorporar ninguna referencia sobre un ingrediente activo o inactivo en ninguna forma que pueda crear la impresión que el valor del ingrediente es mayor de su real función o formulación.

-          Los patrocinadores deberían evitar el uso de nombres que vayan en contra de las recomendaciones del Consejo de Denominaciones Aprobadas de los Estados Unidos (USAN por sus siglas en Ingles) cuando la indicación farmacológica o química pueda ser aplicada a una droga múltiple.

-          Tampoco deberían utilizar el mismo nombre del producto o la misma raíz para aquellos productos que al menos no contengan un mismo y común ingrediente activo del producto originario. Esto, en razón de que cuando dos o más productos tienen el mismo nombre y no comparten un mismo ingrediente activo, los usuarios finales podrían confundirse.

 Surgen inquietudes con respecto a aquellos productos farmacéuticos que son desarrollados por multinacionales farmacéuticas en que lo ideal sería identificar con una marca al producto independientemente del territorio de comercialización. Más allá de la problemática desde el punto de vista de la propiedad industrial y concretamente de los signos distintivos en que según sea el territorio específico progresaría o no un registro de marca, ya sea por aplicación de la ley, por antecedentes registrales que limiten un nuevo registro, por jurisprudencia relacionada con estos productos generalmente clasificados en la Clase Internacional 5 de la Clasificación de Niza; para el caso en Estados Unidos, territorio importante para el mercado de productos farmacéuticos, independientemente de que estas recomendaciones no son vinculantes, resulta lógico pensar que si el FDA no aprueba el nombre del producto, mal haría el patrocinador en solicitar el registro de la marca ya que aún cuando fuese concedida en el mismo caso por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en Inglés), al no tener la probación del FDA el producto no podría ser comercializado en ese país. El reto para las casas farmacéuticas o patrocinadores es inmenso, ¿cómo lograrían entonces crear una marca o nombre para un producto en el que, en consideración de los principales mercados, pueda superar aquellas regulaciones o reglamentaciones y normas técnicas y luego efectivamente obtener un registro de propiedad industrial de esa marca o nombre? La respuesta no es sencilla, sin embargo se podría considerar la creación de una especie de banco de marcas registradas que permita en uno u otro caso escoger el nombre o marca aplicable a un producto determinado que pueda superar estas recomendaciones. Ahora bien, esta posibilidad tendría que aparejarse a la determinación estratégica de priorización de territorios.

 El tema ha despertado como es usual en esta industria una serie de debates, se aspira que con la experiencia en la medida del tiempo, podamos estar frente a las “mejores prácticas” para el bien de la sociedad médica y de los usuarios de medicamentos.

Validez de documentos otorgados en el extranjero

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Por: Ab. Verónica Chiriboga

El Código de Procedimiento Civil manda la necesidad de nombrar intérpretes para traducir documentos emitidos en idioma extranjero. De lo anterior se desprende que todo tipo de documentación otorgada en un idioma distinto al castellano, deba ser traducida para su plena validez en el Ecuador.

Ahora bien, todo tipo de traducción para ser válida en el Ecuador, debe encontrarse debidamente autenticada, trámite que debe ser llevado a cabo ante Notario Público.

Además de la exigencia del idioma, todo documento otorgado en el extranjero debe ser debidamente legalizado en el país del otorgamiento. Existen dos tipos de legalización: mediante Apostilla[1] o ante el Consulado del Ecuador del país de otorgamiento, bastando optar por una u otra opción, y es que gracias a la Apostilla (tipo de legalización establecido en el Convenio de la Haya) ha sido factible suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros. De acuerdo al Convenio, son documentos públicos extranjeros:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales;

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Por tanto, vale la pena tener en cuenta que para poder presentar válidamente un documento otorgado en el extranjero en el Ecuador, éste debe ser previamente legalizado y traducido al castellano. La traducción puede tener lugar directamente en el lugar de otorgamiento o a su arribo al Ecuador; sin embargo, en este último caso, resulta indispensable autenticar el documento traducido ante Notario Público.

 [1] El Ecuador se adhirió a la misma mediante Decreto Ejecutivo 1700-A de 18 de mayo de 2004, publicado en el Registro Oficial 410 de 31 de agosto de 2004. El convenio entró en vigencia en Ecuador el 2 de abril de 2005.

Nuevo Código del Trabajo: Principales cambios dentro de la legislación laboral

Autor: Ab. David Nájera

El 1 de mayo de 2014, el Ministro de Relaciones Laborales entregó a la Presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. Este cuerpo normativo de 528 artículos enuncia los siguientes temas de trascendencia: Vinculación de empresas, responsabilidad laboral extendida a personas que hagan uso de los servicios de contratistas y responsabilidad conjunta de accionistas.

En cuanto a la vinculación de empresas, el artículo 28 del proyecto de Código dispone que en caso que varias personas jurídicas estén bajo la dirección, control o administración de otras, serán solidariamente responsables en cuanto a temas laborales. Es decir que, todas las empresas que se encuentren vinculadas tendrán que responder por las obligaciones laborales como si fuesen una sola. Concepto conocido como responsabilidad solidaria, definida como una obligación conjunta sobre una misma deuda u obligación, cuya exigibilidad se extiende a sujetos distintos al deudor principal. Bajo esta figura se pretende garantizar el cumplimiento de la obligación empleador-empleado, y respaldar al trabajador en caso de cualquier incumplimiento.

Por otro lado, la responsabilidad laboral extendida a personas que hagan uso de los servicios de contratistas, se refiere a que una persona que suscriba un contrato civil con un contratista para la remodelación de un bien inmueble, por ejemplo, es también responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el contratista con sus trabajadores. Lo que se pretende es buscar una protección más amplia para el trabajador; sin embargo, no se puede desconocer una posible afectación a las personas que utilicen servicios de contratistas por un posible incumplimiento laboral. Lo anterior debido a que tal y como está redactado el artículo en el proyecto de ley, se obliga a responder por las obligaciones del empleador a entes relacionados con éste (que al momento se encuentran ajenos a la relación laboral entre dicho empleador y sus trabajadores).

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad conjunta de los accionistas, el artículo 18 literal f) del proyecto de código dispone que el empleador, sus representantes, socios y accionistas son solidariamente responsables en sus relaciones laborales con el trabajador. Sobre este artículo cabe realizar dos apreciaciones importantes. La primera, desnaturaliza la figura legal de socio dispuesta en el artículo 143 de la Ley de Compañías que establece que el socio de una compañía responde únicamente hasta el monto de su aporte. Sin embargo, se observa que en temas laborales, tal precepto es inaplicable. Segundo, crea situaciones en las cuales un socio que tenga un porcentaje minoritario dentro de una compañía pueda ser obligado al pago del total de las obligaciones laborales de una empresa.

Cabe resaltar que este proyecto está en etapa de edición e incorporación de varios comentarios por parte de las asociaciones de trabajadores y empleadores. Por lo que, este texto está sujeto a cambios o eventuales reformas. El texto está previsto entrar al trámite legislativo de aprobación en el mes de octubre.

La Fijación de Política de Precios del Agua

Autor: Ab.Santiago Mosquera

El segundo inciso del artículo 101 del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua advierte un posible conflicto de normas en el Ecuador. Dicho proyecto contempla la capacidad de la “Autoridad competente” para establecer políticas de precios para la venta al público del agua envasada captada directamente de la fuente natural o subterránea.

El texto del segundo inciso del Art. 101 es el siguiente:

El envasado de agua captada directamente de la fuente natural o subterránea, tendrá una tarifa diferenciada que será determinada en el Reglamento a esta ley y que tendrá en cuenta el volumen de agua envasada. La autoridad competente, previo informe de la autoridad Única del agua, establecerá políticas de precios para la venta al público del agua envasada. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

La posible aplicación de dicha disposición constituiría una infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su artículo 9 numeral 6, toda vez que podría ser encasillada como una práctica de abuso de poder de mercado, no incluida dentro de las salvedades que dicha ley otorga al sector público en su artículo 28. Lo anterior, ya que el texto del artículo no establece el propósito que persigue dicha disposición como para poder encasillarla dentro de las restricciones a la competencia permitidas por ley.

El texto del Artículo 9 numeral 6 es el siguiente:

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son:

6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de precios. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

El artículo 28 de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado incluye en su texto las siguientes restricciones a la competencia:

Art. 28.- Aplicación de restricciones.- Será admisible el establecimiento de restricciones a la competencia mediante resolución motivada de la Junta de Regulación, por razones de interés público, en cualquier sector de la economía nacional, en los siguientes casos:

1. Para el desarrollo de un monopolio estatal en favor del interés público;

2. Para el desarrollo de sectores estratégicos de conformidad con la Constitución de la República;

3. Para la prestación de servicios públicos de conformidad con la Constitución de la República;

4. Para el desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional; y,

5. Para la implementación de iniciativas de acción afirmativa a favor de la economía popular y solidaria.

Procederá el establecimiento de restricciones a la competencia cuando se generen beneficios específicos, concretos y significativos para la satisfacción del interés general, en el ámbito o industria en la que se establezcan, se incremente la eficiencia y se generen beneficios a favor de los consumidores o usuarios, que justifiquen la aplicación de las mismas.

En este sentido, salvo que prodigiosamente se subsuma la fijación de precios a una o más de las condiciones establecidas en la ley como lícitas restricciones a la competencia, estaríamos frente a un conflicto normativo, razón por la cual resulta pertinente que se reformule el texto del artículo 101 del proyecto de ley eliminando la facultad para fijar o establecer precios para la venta al público de agua envasada. De esta manera se precautelará la concordancia del sistema jurídico ecuatoriano.

AFILIACIÓN OBLIGATORIA PARA PERSONA SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

10 de marzo de 2014

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AFILIACIÓN OBLIGATORIA PARA

PERSONAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

I

ANÁLISIS DE LA RESOLUCION CD 464

DE 29 DE ENERO DE 2014

INTRODUCIÓN: La resolución mencionada codifica el Reglamento del Régimen de Afiliación Obligatoria aplicable a personas sin relación de dependencia y del Régimen de Afiliación Voluntaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

NORMATIVA:

PARTE CONSIDERATIVA: Se mencionan normas constitucionales y legales referidas al derecho irrenunciable que tienen las personas a la seguridad social y al deber y responsabilidad primordial del Estado de atenderla.

En el considerando séptimo se menciona que “…la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS ha presentado el correspondiente informe de valoración de impacto económico, con fecha 11 de diciembre de 2013”. Sin embargo, no se mencionan cifras referidas a dicha valoración y su impacto económico.

PARTE RESOLUTIVA: Se expide la codificación del Reglamento del Régimen de Afiliación Obligatoria aplicable a personas sin relación de dependencia y del Régimen de Afiliación Voluntaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se comentará los artículos que consideremos inconstitucionales e ilegales, a más de otros criterios que podrían ser vacíos en la norma, confusiones en el texto, contradicciones y demás.

CAPITULO PRIMERO

DEL RÉGIMEN DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA

APLICABLE A PERSONAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

“Artículo 1.- Afiliación.- Se afiliarán desde el primer día del mes en que realicen la correspondiente solicitud, las personas que tengan ingresos sin relación de dependencia.”

COMENTARIO: No se trataría de “solicitud”, que sería aplicable a la afiliación voluntaria, sino de “aviso de entrada”, que es referido a la afiliación obligatoria.

INGRESOS: El artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, literales b) y c), identifican diferentes formas de ingresos, distintas de lo que se considera sueldo o salario, como por ejemplo: honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otras retribuciones.

COMENTARIO: De acuerdo a este artículo, hay que tener presente que los ingresos son en esencia aquellos derivados de un trabajo sin relación de dependencia.

CONSULTA: Se podría considerar como acumulativos los ingresos por honorarios y comisiones? Se podría considerar como “otras retribuciones” aquellas de utilidades o dividendos en calidad de accionistas o socios de empresas?

Es decir, se aportaría sobre la totalidad de los ingresos netos, independientemente de la fuente que les dé origen?

“Artículo 2.- Requisitos.- La afiliación… se solicitará… cumpliendo los siguientes requisitos:

…….

b. No registrar mora u obligaciones pendientes con el IESS.”

COMENTARIO: Si existe mora no se aprobaría la solicitud?

CONSULTA: No aprobada la solicitud, no nacería la obligación?

“Artículo 3.- Avisos de entrada y salida.-

…….”

Inciso 2: “En caso de verificarse la salida del afiliado sin la pérdida de sus ingresos el IESS procederá a realizar el cobro de los aportes adeudados con los recargos por intereses y multas correspondientes.”

COMENTARIO: Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Podría considerarse el pago de aportes al IESS como un tributo, particularmente referido a tasa?

TASA: Definición: El Diccionario Jurídico Omeba dice: “La mayor parte de autores define la TASA como una relación de cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de dinero contra un determinado servicio público.”

TRIBUTO: Definición: De acuerdo al Dr. José Vicente Troya Jaramillo, en su obra “Tributos y sus Clases”, su naturaleza jurídica constituye una prestación exigida unilateralmente a los particulares para solventar el gasto público para la prestación de un servicio público.

COMENTARIO: En el caso de las aportaciones al Seguro Social, estas constituyen una prestación exigida unilateralmente por el IESS a los particulares para la prestación del servicio de salud pública, que es un servicio público.

CONSULTA: Si se considera el aporte como tasa o contribución, es decir tributo, serían aplicables las sanciones del artículo 298 del Código Integral Penal, que trata de las defraudaciones tributarias?

Inciso 3: “Independientemente de lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social, de no registrarse el pago de aportes, dentro de los treinta (30) días posteriores al mes que corresponda, se registrará la salida del afiliado de la cobertura del IESS. ….”

COMENTARIO: Si se suspenden los pagos y por tanto la cobertura del IESS también se suspende, por qué habría que cobrar aportes adeudados con recargo de intereses y multas, si la cobertura del IESS ha dejado de prestarse?

“Artículo 4.- Base presuntiva de aportación.- La materia gravada no será inferior a la base imponible calculada para fines de declaración del impuesto a la renta; la cual, dividida para doce (12) no será menor al salario básico unificado.”

COMENTARIO: Contradice lo dispuesto en el artículo 15 inciso 2 de la Ley de Seguridad Social, que establece que el cálculo de la base presuntiva de aportación (BPA) se realizará de acuerdo a lo definido en el artículo 13 de la Ley. El artículo 13 de la Ley, a su vez, respecto de los afiliados sin relación de dependencia, establece el modo de definir anualmente la base presuntiva de aportación.

Por lo anterior, no procede calcular un aporte al IESS por la base imponible calculada para el impuesto a la renta, dividido para 12. No se puede prever el futuro. Si el aporte es un pago mensual, posterior al mes de los ingresos, debería ir por los valores reales recaudados, no facturados.

Sin embargo, hay una nota aclaratoria del IESS que dice:

BOLETIN INFORMATIVO IESS: A través de su portal web el día 7 de marzo de 2014[1] aclaran algunos puntos de la Resolución CD 464, como las siguientes:

1. El sueldo, salario o remuneración que el afiliado declare para efecto de su aporte al IESS, en el régimen sin relación de dependencia, deberá corresponder al promedio mensual que estime ganar en el año. Siendo una estimación, el afiliado podrá corregir ese ingreso en cualquier tiempo.

COMENTARIO: Si el afiliado corrige el ingreso, cuándo lo registraría el IESS? No hace sentido ir por estimación de valores. Habría que declarar ingresos mensuales realmente percibidos.

2. Ese sueldo, salario o remuneración deberá coincidir con el que el afiliado quiera deducir de sus ingresos generales al realizar su declaración de impuesto a la renta en el SRI. De manera particular, cuando declare su remuneración como deducción para establecer la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta del año 2014 que realizará en el 2015.

COMENTARIO: Solo el IESS, en la República del Ecuador, puede hablar de “deducir remuneraciones para establecer base imponible para impuesto a la renta”, lo cual no hace ningún sentido. Todo esto termina siendo un enredo.

II

LEGISLACIÓN APLICABLE

CONSTITUCIÓN

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas…”

COMENTARIO: Derecho irrenunciable no es lo mismo que obligación. El titular de un derecho irrenunciable sabrá si lo ejerce o no, a su mejor discreción. Por ejemplo: los derechos de los trabajadores son irrenunciables: si es despedido, su derecho es demandar indemnizaciones, y podría decidir no hacerlo.

Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones.

Se requerirá de ley en los siguientes casos:

  1. 1. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.
  2. 2. Crear, modificar o suprimir tributos,…”

COMENTARIO: Esto se conoce como el principio de reserva de ley, por el cual para tipificar infracciones y establecer sanciones, a más de los tributos es necesario expedir una ley, no un reglamento y menos una resolución de entidad pública autónoma como es el IESS.

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”

NOTA: Esto es lo que jurídicamente se conoce como el principio de legalidad. De acuerdo a este principio, el Consejo Directivo del IESS no tiene competencia para pronunciarse y decidir afiliaciones obligatorias sin relación de dependencia, toda vez que éstas se establecen solo por ley.

“Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.

…….

COMENTARIO: De acuerdo a este texto es evidente que no se contempla en el financiamiento de la seguridad social valores referidos a afiliaciones obligatorias sin relación de dependencia, toda vez que esta figura no ha estado nunca antes contemplada en la Constitución ni en la Ley de Seguridad Social.

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:

a. El trabajador en relación de dependencia;

b. El trabajador autónomo;

c. El profesional en libre ejercicio;

d. El administrador o patrono de un negocio;

e. El dueño de una empresa unipersonal;

f. El menor trabajador independiente; y,

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.”

Nota: El texto en negrilla “…obligados a solicitar la protección…” fue declarado inconstitucional por el fondo y suspendidos sus efectos por la Resolución del Tribunal Constitucional No. 052-2001-RA (R.O. 525-S, 16-II-2005), en cuya parte resolutiva se establece:

Tribunal Constitucional: “Se debe distinguir entre afiliación de quien labora en relación de dependencia, al que hace referencia el inciso primero del artículo 2 de la de quien labora autónomamente, como aparece en el inciso segundo, pues, en el primer caso deberá ser el empleador quien solicite la afiliación correspondiente, ya que, en caso contrario, se dejaría en desprotección al trabajador e incluso, en la práctica, el seguro general obligatorio se tomaría en facultativo al no existir consecuencias jurídicas precisas en caso de no afiliación, lo que no ocurre cuando el sujeto obligado es el empleador;

En el caso de no existir relación de dependencia, la obligación de solicitar la afiliación al seguro general obligatorio o al seguro social campesino debe corresponder al beneficiario, pues, caso contrario, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no contará con la base de datos necesaria para otorgar las prestaciones a quien corresponda; Por lo expresado, se declara la inconstitucionalidad de la frase “obligados a solicitar la protección” que aparece en el inciso primero del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social…”

“Art. 9.- Definiciones.- Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio:

b. Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o realiza regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia, y percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario;

c. Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de honorarios, participaciones u otra retribución distinta al sueldo o salario;”

Art. 10.- Reglas de protección y exclusión.- (Sustituido por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 323-S, 18-XI-2010).- En la aplicación de los programas de aseguramiento obligatorio, se observarán las siguientes reglas de protección y exclusión:

……..

b. El trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor independiente, que voluntariamente se afiliaren al IESS, estarán protegidos contra todas las contingencias enunciadas en el artículo 3 de esta Ley, excepto la de cesantía;

……..

COMENTARIO: La norma de ley destaca la voluntad del trabajador autónomo para decidir o no su afiliación al IESS.

“Art. 11.- Materia gravada.- (Reformado por la Disposición reformatoria sexta, num. 2, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Para efectos del cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General Obligatorio se entenderá que la materia gravada es todo ingreso regular, susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por el afiliado con motivo de la realización de su actividad personal, en cada una de las categorías ocupacionales definidas en el artículo 9 de esta Ley.

COMENTARIO: Se entendería que la definición de materia gravada como “todo ingreso regular” estaría referida únicamente al seguro general obligatorio en relación de dependencia, en razón de que la legislación no ha dispuesto el seguro general obligatorio a las personas sin relación de dependencia.

“Art. 12.- Determinación de la materia gravada.- Para la determinación de la materia gravada, el IESS se regirá por los siguientes principios:

a. Principio de Congruencia.- Todos los componentes del ingreso percibido por el afiliado que formen parte del cálculo y entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio constituyen materia gravada para efectos del cálculo y recaudación de las aportaciones y contribuciones.

b. Principio del Hecho Generador.- La realización de cualquier actividad remunerada por parte de los sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, según el artículo 2 de esta Ley, es el hecho generador de las aportaciones y contribuciones a cada uno de los seguros sociales administrados por el IESS.

c. Principio de la Determinación Objetiva.- El IESS como ente regulador de las aportaciones y contribuciones al Seguro General Obligatorio deberá determinar objetivamente la materia gravada de los afiliados en relación de dependencia, y sólo se hará excepción de aquellos componentes del ingreso laboral, en dinero o en especie, que excedan los límites máximos de imposición establecidos en esta Ley.”

COMENTARIO: La definición del concepto Hecho Generador está contenida en el artículo 16 del Código Tributario (R.O. Suplemento 38 de 14 de junio de 2005) y podría ser pertinente para atribuir la calidad de tributo a la aportación al IESS. (¿?)

Art. 13.- Base presuntiva de aportación.- Para los afiliados sin relación de dependencia cuyo ingreso realmente percibido sea de difícil determinación, el IESS definirá anualmente, para cada una de las categorías especiales más relevantes en el mercado de trabajo, una base presuntiva de aportación (BPA) que expresará, en múltiplos o submúltiplos del sueldo o salario mínimo de aportación al Seguro General Obligatorio, la cuantía de la materia gravada.

COMENTARIO: Cuando se habla de “…las categorías especiales más relevantes en el mercado de trabajo,…”, es evidente que se refiere a ingresos del trabajo, y que por tanto estarían excluidas otras clases de renta, como por ejemplo rentas del capital (dividendos), rentas de arrendamiento, etc.

“Art. 15.- Cálculo de aportaciones.- Las aportaciones obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación de dependencia, se calcularán sobre la materia gravada, con sujeción a los resultados de los estudios actuariales independientes contratados por el IESS.

La aportación individual obligatoria del trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el patrono o socio de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente, y los demás asegurados obligados al régimen del Seguro Social Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, se calculará sobre la Base Presuntiva de Aportación (BPA), definida en el artículo 13 de esta Ley, en los porcentajes señalados en esta Ley y su ulterior variación periódica, con sujeción a los resultados de los estudios actuariales independientes, contratados por el IESS, que tomarán en cuenta el perfil económico y social del afiliado, la naturaleza de las contingencias, y los índices de siniestralidad de cada riesgo protegido.”

“Art. 18.- Principios de organización.- El IESS estará sujeto a las normas del derecho público, y regirá su organización y funcionamiento por los principios de autonomía, división de negocios, desconcentración geográfica, descentralización operativa, control interno descentralizado y jerárquico, rendición de cuentas por los actos y hechos de sus autoridades, y garantía de buen gobierno, de conformidad con esta Ley y su Reglamento General.

Autonomía.- La autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, la ejercerá el IESS a través del Consejo Directivo, mediante la aprobación de normas técnicas y la expedición de reglamentos y resoluciones que serán de aplicación obligatoria en todos los órganos y dependencias del Instituto.”

………

COMENTARIO: Cuando dice “…aplicación obligatoria en todos los órganos y dependencias del Instituto”, es obvio que no es de aplicación general. Es decir, obliga solo a funcionarios del IESS y no a terceros.

Art. 27.- Atribuciones.- El Consejo Directivo tendrá a su cargo:

a. La aprobación de las políticas y los programas de aplicación del Seguro General Obligatorio;

b. La regulación administrativa para la prestación del Seguro General Obligatorio;”

……..

COMENTARIO: No es atribución del Consejo Directivo establecer una afiliación obligatoria sin relación de dependencia, que no contempla la Constitución ni la ley, y por tanto tampoco establecer porcentaje de aportes a los no obligados, contraviniendo así el principio de legalidad.

“Art. 185.- Jubilación ordinaria de vejez.- Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad.”

COMENTARIO: Los afiliados obligados sin relación de dependencia que sean de la tercera edad recibirían su jubilación ordinaria de vejez en la tumba.

LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

“Art. 30.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá mediante escritura pública otorgada por el gerente-propietario, que contendrá:

……..

Inciso segundo: “La relación entre el gerente-propietario y la empresa no tendrá carácter laboral, por lo que dicha relación y la asignación mensual anteriormente mencionada no estarán sujetas al Código del Trabajo ni a la Ley del Seguro Social Obligatorio.”

CODIGO TRIBUTARIO

“Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.”

NOTA: Si el aporte al IESS se considera como tributo habría la posibilidad de aplicar el art. 298 del Código integral Penal.

CODIGO INTEGRAL PENAL

“Art. 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando:

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos.”

En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos.”

III

CUESTIONAMIENTOS

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

……..

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”

COMENTARIO: En el caso de los empleados en relación de dependencia la carga impositiva es menor en comparación a los trabajadores autónomos. Esta diferencia no está acorde a la garantía constitucional de la igualdad formal y material.

Por qué al afiliado obligatorio sin relación de dependencia se exige un 20.5%, cuando al afiliado en relación de dependencia se exige el 9.45%?

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

COMENTARIO: Es de conocimiento público que los servicios prestados por el IESS están lejos de ser de calidad, eficientes y eficaces. De esta manera, se incumple ampliamente el precepto constitucional garantizado a todos los ciudadanos.

Art. 226 de la Constitución: Este artículo garantiza el principio de legalidad, bajo el cual los servidores públicos podrán hacer únicamente lo permitido por una ley expresa. Los funcionarios del IESS no se pueden atribuir competencias meramente establecidas en resoluciones o reglamentos.

RESOLUCIÓN IESS CD 464

29 DE ENERO, 2014

“Artículo 4.- Base presuntiva de aportación.- La materia gravada no será inferior a la base imponible calculada para fines de declaración del impuesto a la renta; la cual, dividida para doce (12) no será menor al salario básico unificado.”

COMENTARIO: La base imponible puede ser consecuencia de una suma de rentas, como por ejemplo ingresos de sueldo por empleo a medio tiempo en relación de dependencia, ingresos por libre ejercicio profesional, ingresos por utilidades o dividendos de acciones o participaciones en empresas, etc.

CONSULTA: Qué ocurriría si se declaran ingresos del exterior que ya tributaron en el exterior como consecuencia de los convenios por doble tributación?

“Art. 185.- Jubilación ordinaria de vejez.- Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad.”

…….

COMENTARIO: La Resolución IESS CD 464 no especifica si una persona que goza del derecho vitalicio por vejez deberá volver a afiliarse y continuar sus aportaciones en caso de que realice una actividad comercial productiva.

OPINIÓN IESS: El Director Nacional de Afiliación y Cobertura del IESS, Raúl López, en entrevista a diario EL COMERCIO, marzo 7, 2014, dice:

“Los trabajadores autónomos como taxistas, costureras, vendedores, el dueño de un negocio y cualquier persona que tiene una remuneración por alguna actividad económica están obligados a afiliarse bajo el régimen de afiliación obligatoria sin relación de dependencia…”.

CONSULTA: De la opinión del Director Nacional de Afiliación y Cobertura del IESS se interpretaría que una persona, siendo tercera edad y beneficiario del derecho a jubilación, en caso de percibir una remuneración por una actividad económica, debería nuevamente afiliarse y realizar las aportaciones adicionales?

DERECHO IRRENUNCIABLE: Es la opción del titular del derecho ejercerlo o no, según como mejor le parezca. Ejemplo: Los derechos del trabajador son irrenunciables. Un trabajador o empleado en relación de dependencia es despedido intempestivamente. Su derecho es demandar para reclamar sus indemnizaciones. Sin embargo, el trabajador o empleado, por cualquier consideración, puede decidir no ejercer su derecho a demandar.

TERCERA EDAD: Qué ocurre con aquella persona de 70 años que sigue profesionalmente activo? Con un ingreso promedio de $8.000 al mes, a manera de ejemplo, totalizaría ingreso anual por $96.000, que multiplicado por 20.5% es igual a $24.000/año, es decir 3 o 4 veces más caro que el más costoso y calificado seguro privado!

JUBILACIÓN: Cuándo se le pagaría la jubilación, que exige un período mínimo de afiliación de 30 años?

SEGUROS PRIVADOS: Debería exceptuarse de obligación obligatoria sin relación de dependencia a aquellas personas que prueben documentadamente que tienen contratos de seguros privados, bastante menos costosos y más eficientes.

ACTUARIA: Convendría hacer la consulta para ver si conocen valor del déficit actuarial del IESS

IV

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:

“Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones:

…….
2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado.”

ACCIÓN DE PROTECCIÓN:

Constitución: “Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales;…”.

DERECHO A LA RESISTENCIA:

Constitución: “Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

V

INCIDENCIA ECONÓMICA DEL APORTE DEL 20.5%

Adjunto cuadro ilustrativo comparativo con los valores por impuesto a la renta, cuyos resultados son asombrosos! Me he permitido reformular títulos, por razones de espacio, que permita una mejor graficación.

Fuente: Anchundia (@Diosdad0) 3/6/14, 16:56

Les comparto una hoja de cálculo con el efecto que podría tener en sus bolsillos la decisión tomada por el IESS dropbox.com/s/5s7ue0ysyrbd…

 

ATENTAMENTE,

 

 

 

DR. MIGUEL FALCONI PUIG                                          AB. DAVID NAJERA OBANDO

mfalconi@falconipuig.com                                              dnajera@falconipuig.com

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

SIN APORTES AL IESS

INGRESO
MENSUAL

INGRESO
ANUAL

APORTE
IESS 0%

IMPUESTO RENTA
TOTAL ANUAL

COSTO
IMPUESTO RENTA

1.000

12.000

0

0

0

1.500

18.000

0

0

0

2.000

24.000

0

80

80

2.500

30.000

0

463

463

3.000

36.000

0

1.257

1.257

3.500

42.000

0

2.157

2.157

4.000

48.000

0

3.057

3.057

4.500

54.000

0

3.988

3.988

5.000

60.000

0

5.188

5.188

5.500

66.000

0

6.388

6.388

6.000

72.000

0

7.588

7.588

6.500

78.000

0

9.025

9.025

7.000

84.000

0

10.525

10.525

7.500

90.000

0

12.025

12.025

8.000

96.000

0

13.666

13.666

8.500

102.000

0

15.466

15.466

9.000

108.000

0

17.266

17.266

9.500

114.000

0

19.066

19.066

10.000

120.000

0

20.879

20.879

10.500

126.000

0

22.979

22.979

11.000

132.000

0

25.079

25.079

11.500

138.000

0

27.179

27.179

12.000

144.000

0

29.279

29.279

12.500

150.000

0

31.379

31.379

13.000

156.000

0

33.479

33.479

 

ESCENARIO A

APORTES AL IESS

DEDUCIBLES DE IMPUESTO A LA RENTA

APORTE

IESS 20,6%

IMPUESTO RENTA
TOTAL ANUAL

COSTO APORTE
+ RENTA

INCREMENTO

2.472

0

2.472

2.472

3.708

0

3.708

3.708

4.944

0

4.944

4.865

6.180

0

6.180

5.717

7.416

321

7.737

6.480

8.652

862

9.514

7.357

9.888

1.574

11.462

8.405

11.124

2.288

13.412

9.424

12.360

3.003

15.363

10.175

13.596

3.718

17.314

10.925

14.832

4.622

19.454

11.866

16.068

5.575

21.643

12.618

17.304

6.528

23.832

13.306

18.540

7.480

26.020

13.995

19.776

8.581

28.357

14.691

21.012

9.772

30.784

15.318

22.248

10.963

33.211

15.945

23.484

12.154

35.638

16.572

24.720

13.450

38.170

17.291

25.956

14.879

40.835

17.856

27.192

16.309

43.501

18.421

28.428

17.738

46.166

18.986

29.664

19.167

48.831

19.551

30.900

20.596

51.496

20.117

32.136

22.232

54.368

20.888

 

ESCENARIO B

APORTES AL IESS

NO DEDUCIBLES DE IMPUESTO A LA RENTA

APORTE

IESS 20,6%

IMPUESTO RENTA
TOTAL ANUAL

GRAVAMEN
ESTATAL TOTAL

INCREMENTO

2.472

0

2.472

2.472

3.708

0

3.708

3.708

4.944

80

5.024

4.944

6.180

463

6.643

6.180

7.416

1.257

8.673

7.416

8.652

2.157

10.809

8.652

9.888

3.057

12.945

9.888

11.124

3.988

15.112

11.124

12.360

5.188

17.548

12.360

13.596

6.388

19.984

13.596

14.832

7.588

22.420

14.832

16.068

9.025

25.093

16.068

17.304

10.525

27.829

17.304

18.540

12.025

30.565

18.540

19.776

13.666

33.442

19.776

21.012

15.466

36.478

21.012

22.248

17.266

39.514

22.248

23.484

19.066

42.550

23.484

24.720

20.879

45.599

24.720

25.956

22.979

48.935

25.956

27.192

25.079

52.271

27.192

28.428

27.179

55.607

28.428

29.664

29.279

58.943

29.664

30.900

31.379

62.279

30.900

32.136

33.479

65.615

32.136

 NOTA:

POR EL MOMENTO NO ESTÁ CLARO SI LOS APORTES AL IESS DE LOS TRABAJADORES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA PODRÁN SER DEDUCIDOS (REBAJADOS O DESCONTADOS) COMO UN GASTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA

 


[1] Link: http://www.iess.gob.ec/es/web/mobile/home/-/asset_publisher/0hbG/content/el-iess-a-la-ciudadania/10174?redirect=http%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fweb%2Fmobile%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0hbG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D

Cambio Climático: mitigación y adaptación. Patentes, acceso a licencias obligatorias?

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2994 (XXVII) de 15 de diciembre de 1972 declaró el 5 de junio como el día Mundial del Medio Ambiente en un afán de promoción del respeto a la tierra y sus recursos naturales para la concienciación de la comunidad internacional. Se procura sensibilizar con el objetivo de motivar el desarrollo sostenible fortaleciendo la cooperación.

Los esfuerzos políticos a nivel de Naciones Unidas sobre el cambio climático no se ven fortalecidos. A pesar de que existe países con posturas claramente positivas, las grandes potencias como es el caso de Estados Unidos de América y China no manifiestan compromiso responsable con la comunidad internacional.

A nivel de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad en niveles políticos y regulatorios, así como en las esferas académica y de investigación, se vienen discutiendo varios temas, en lo que nos atañe,  la flexibilidad que la Organización Mundial del Comercio a través de los Acuerdos sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio pueda habilitar  el acceso de los países en desarrollo a la tecnología sobre invenciones que brinden soluciones para la mitigación del impacto del cambio climático sobre nuestro planeta.

En junio de 2012 se llevo a cabo la Conferencia Río + 20, con la ausencia de Alemania y Estados Unidos de América.  No se tomaron grandes decisiones, el Documento Final de la Conferencia recoge las consideraciones,  ratificaciones y reconocimientos, reafirmando los varios instrumentos como son el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas PNUMA, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC, el Programa 21 y el instrumento de aplicación  la Declaración de Johannesburgo y el plan de aplicación de las decisiones.

El acercamiento de posturas y las eventuales reformas que beneficien el acceso a las nuevas tecnologías que permitan la reducción en la emisión de gases efecto invernadero y la mitigación del impacto en el cambio climático resulta fundamental.

Las negociaciones en el marco mundial sobre asuntos de medio ambiente y cambio climático deben llegar a acuerdos viables en un corto plazo. Los mecanismos de protección de los derechos de propiedad industrial deberán procurar el acceso a las invenciones con una sola bandera, el acceso y uso de las tecnologías para combatir el cambio climático.

Recordemos que durante los años posteriores a1950, en el transcurso de la guerra fría, la dominación de las grandes potencias, las grandes economías de mercado y posteriormente la globalización, los países industrializados, en su mayoría, y en presente aquellos conocidos como los del primer mundo o los desarrollados, condujeron sus procesos políticos y económicos con base en ciertos aspectos fundamentales, cuales son: el fortalecimiento de la investigación, innovación y desarrollo, las políticas de impulso a la empresa privada, el desarrollo de economías de mercado, el intercambio de bienes y servicios valorados, ofrecidos y consumidos, la explotación de los recursos naturales.

Se olvidaron o pasaron por alto la consideración de las políticas que habría sido necesario desarrollar e implementar, las relacionadas con el ser humano y el medio ambiente como premisas fundamentales. Esta circunstancia, evaluada a partir de la experiencia, ha traído como consecuencia una nefasta realidad frente a los principales factores indispensables para la supervivencia: el bienestar del ser humano y un ambiente sano y libre de contaminación.

No constituyen de principal enfoque los factores relacionados con la erradicación de la pobreza; sin embargo, en la actualidad, varios foros internacionales, incluidos aquellos oficiales, a través de ponencias, propuestas, declaraciones e instrumentos, han reconocido que la pobreza, la educación, la cultura y la solidaridad  fueron casi absolutamente ignorados dentro de las políticas públicas.

El profesor Carlos Galano, citando al Manifiesto por la Vida, por una Ética para la Sustentabilidad expresa lo siguiente:

“La crisis ambiental es una crisis de civilización.

La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo.

Es la crisis de una visión del mundo mecanicista que ignora los límites biofísicos, de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas.

Es una crisis moral.” 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible RIO + 20, el Documento Final consta en lo relevante las siguientes reafirmaciones:

5. Reafirman su compromiso de acelerar los Objetivos del Desarrollo del Milenio para 2015,

  1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
  2. Lograr la enseñanza primaria universal
  3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
  4. Reducir la mortalidad infantil
  5. Mejorar la salud materna
  6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades
  7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
  8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

16. Se reafirma el compromiso de aplicar íntegramente la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Programa 21 y su plan de ejecución, entre otros como el plan de aplicación de las decisiones de Johannesburgo.

19. Manifiestan que han transcurrido 20 años desde la Conferencia de 1992, y se subraya que sigue siendo necesario un entorno propicio en los planos nacional a internacional de cooperación ininterrumpida y reforzada en varias esferas, entre éstas, la transferencia de tecnología y de la innovación.

22. Consideran también que los gobiernos han aumentado su compromiso a favor del desarrollo sostenible desde la aprobación del Programa 21 a través de legislación y acuerdos y compromisos internacionales, regionales y subregionales.

43. Promueven la participación amplia del público y el acceso a la participación activa de la comunidad científica y tecnológica que fomenten el desarrollo sostenible, y su colaboración.

i) Contribuir a reducir la brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo y reducir la dependencia tecnológica de los países en desarrollo.

88. Se comprometen al  Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA como principal autoridad ambiental mundial encargado de:

-  Establecer las actividades mundiales pro ambiente

-  Promover la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo   sostenible en el sistema de NNUU y

 -   Actuar como defensor autorizado a nivel mundial.

Se invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas  a que apruebe, una resolución que eleve el PNUMA con la implementación de varias responsabilidades y acciones adicionales, en lo que nos atañe, f) fomentando la capacidad de los países y apoyando y facilitando el acceso a la tecnología.

138. En cuanto a la salud se expresan con un convencimiento de que las medidas sobre las determinantes sociales y ambientales de la salud son importantes para crear sociedades inclusivas, equitativas, económicamente productivas y sanas.

140. Sobre el VIH y el SIDA, la malaria, tuberculosis, gripe, ..etc, se comprometen a redoblar los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención , tratamiento y atención.

142. Se reafirma el derecho de aplicar plenamente las disposiciones de el Acuerdo de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, la Declaración de Doha y la salud pública, la decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la declaración de Doha relativa a los ADPIC, y cuando concluyan los procedimientos de aceptación oficial, la enmienda al Art. 31 del Acuerdo, que ofrece flexibilidad para la protección de la salud pública, y, en particular para promover el acceso a medicamentos para todos.

Esta reforma que, aún está en discusión, presenta un sistema que permitiría a los países menos adelantados y que necesitan de determinados productos del sector farmacéutico mediante la notificación previa al Consejo de los ADPIC, acceder a la importación por solicitud de una licencia obligatoria de determinados medicamentos que son insuficientes o inexistentes en dicho país.

Se incluye que dichos productos no podrían ser exportados a otros territorios o reexportados por los productores, y también la inserción simple y sin dificultades de los productos importados.

Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico.

Estos mismos esfuerzos sobre la base de propuestas y recomendaciones, serían encaminados a la misma discusión pero para la aplicación sobre patentes de tecnologías ecológicamente amigables.

En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se vienen realizando varios estudios y foros de discusión sobre la protección de las invenciones y el acceso a la tecnología. Los encargados de la formulación de criterios y políticas favorecen el debate internacional y la evolución de las políticas. Los materiales que genera la OMPI sirven de apoyo a quienes se encargan de la adopción de políticas internacionales.[1]

La OMPI ha identificado diversas perspectivas, fundamentalmente en el campo de la biociencia[2], que engloba diferentes ámbitos científicos como son: biología, química, física, tecnología médica, farmacia, informática, ciencias de la nutrición, tecnología medioambiental y se concentra en las discusiones sobre las pautas jurídicas y éticas de la protección por propiedad intelectual de las innovaciones biocientíficas; las cuestiones administrativas y procedimentales relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual; la relación entre patentes y otros instrumentos de protección por propiedad intelectual de las innovaciones biocientíficas; la gestión de la propiedad intelectual biocientífica mediante licencias y otros modos de explotación de los derechos de propiedad intelectual; la conservación y protección del medio ambiente (incluida la protección de la biodiversidad) y la protección de la salud humana y animal (analizando cuestiones como la bioseguridad, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible); la necesidad de contar con herramientas de análisis y entender las tendencias observadas en la actividades de patentamiento, así como el uso más intenso de la información sobre patentes.[3]

Como podemos observar de las múltiples temas,  cada uno se torna, individualmente, en materia de estudio profundo.

La OMPI está frente a la gran responsabilidad de exponer y determinar los criterios en materia de invenciones para procurar que se brinde igualdad de derechos y obligaciones, evitando la distinción entre las patentes de tecnologías para el cuidado del medio ambiente y las patentes sobre tecnologías farmacéuticas, que desde la normativa ADPIC se incorporaría.

En el marco de la Organización Mundial del Comercio los ADPIC brindan igualdad de tratamiento para las tecnologías limpias o verdes que para todo el resto de invenciones científicas y tecnológicas.  El tema fundamental y de discusión, como ya lo he mencionado, radica en la viabilidad de modificar los ADPIC con el fin de permitir la concesión de licencias obligatorias sobre tecnologías necesarias desde el aspecto medioambiental para mitigar y combatir el cambio climático.[4]

Dentro de las principales opciones para abordar la problemática ambiental se consideran la difusión de la tecnología debería lograrse a través de la operación del régimen de propiedad intelectual; la adopción de determinadas medidas para eliminar las barreras de la propiedad intelectual relacionadas con el comercio y el desarrollo, incluyendo el uso de licencias obligatorias y de tecnologías financiadas con fondos públicos; la consideración de que los países menos desarrollados sean exceptuados de la protección otorgada por las patentes a las tecnologías relacionadas con la adaptación y la mitigación y la construcción de capacidades.[5]

En el contexto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el debate sobre las opciones referidas, varios países se han hecho eco de la preocupación sobre la insuficiente flexibilidad de la normativa contenida en los ADPIC para asegurar y tender a una rápida y eficiente transferencia de tecnología. Otras posturas, especialmente las manifestadas por los voceros encargados por los gobiernos de los países desarrollados, consideran que el cambio climático trae más bien una oportunidad de negocio, de crecimiento económico, que podría considerarse como un anti ambientalismo de esta nueva era de la civilización.

Los ADPIC[6], en su preámbulo, reconocen los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología; y las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros,  refiréindose a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable.

Estos reconocimientos constituyen la base fundamental para promover el desarrollo, siendo indispensable la transferencia de tecnología de los países más adelantados a los menos desarrollados, basados en políticas públicas y jurídicas que verdaderamente permitan su acceso e implementación.

Adicionalmente, el Art. 7 sobre los Objetivos establece que “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan al bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

El Art. 8, en cuanto a los Principios, establece que los Miembros al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el ADPIC, y añade, que podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Justamente, parte primordial de las discusiones actuales radica en los alcances de la normativa expuesta, considerando adicionalmente el Art. 66.2 que establece que los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y  viable.

En cuanto a las excepciones de los derechos conferidos, el Art. 30 dispone que los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente siempre que esas excepciones no atenten injustificadamente contra la explotación normal de la patente ni causen perjuicios injustificados a los intereses legítimos del titular y teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Los derechos exclusivos conferidos a los titulares (Art. 28) son:

- Impedir que terceros , sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, importación, del producto objeto de la patente.

- Cuando la patente es de procedimiento, impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de utilización del procedimiento, uso, oferta, del procedimiento.

- El derecho de ceder o transferir por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Sobre los usos de patentes sin autorización del titular de los derechos, el Art. 31 de los ADPIC manda que “Cuando la legislación de un país miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el Gobierno o por terceros autorizados por el Gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los miembros podrán eximir de esa obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otros casos de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible…”.

En los literales c) y h) del propio Art. 31,  se dispone, respectivamente, que el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados, y que el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso.

Ahora bien, como sabemos, en materia de patentes farmacéuticas, sobre la base del régimen de licencias obligatorias, a partir de la Declaración de Doha[7] sobre los ADPIC y Salud Pública, se persigue que dicho alcance se extienda  verdaderamente permitiendo el acceso que dichas invenciones de producto o procedimiento solventen el tema de la salud humana, pretendiendo tales licencias para las patentes sobre tecnologías verdes o limpias.

¿Podría entonces considerarse a las necesidades tecnológicas para combatir el cambio climático como necesidades de emergencia nacional?

¿No sería más bien prudente considerar una emergencia mundial?

Los estudios técnicos en materia ambiental aplicando los varios mecanismos de medición nos dicen que sí, que el planeta Tierra está en emergencia ambiental.

No resulta difícil concluir que la emergencia se extiende a la salud del ser humano.

Es así que en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial regula el régimen de licencias obligatorias en el Capítulo VII, y en cuanto a la Licencia Obligatoria por razones de interés público, el Art. 65 establece:

Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Art. 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;

c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, …

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador[8] reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir, el sumak kawsay, declarando de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los bienes naturales degradados.

En el Art. 15 la Carta Magna establece que el Estado promoverá en los sectores público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.

Adicionalmente, en los artículos 413 y 414 prescribe en lo fundamental que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico ni el derecho al agua.

 El Estado adoptará las medidas necesarias y transversales para la mitigación del cambio climático.

En la Ley de Propiedad Intelectual, en los Art. 154 y siguientes encontramos las disposiciones aplicables del régimen de licencias obligatorias.

Art. 154 Licencia obligatoria por razones de interés público de emergencia o seguridad nacional. “Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria y, en tal caso, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme a lo dispuesto en esta Sección….

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de regalías…, y no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola”.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 118, publicado en el Registro Oficial No. 67 del 16 de noviembre del 2009, se declaró de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población ecuatoriana, reconociendo el derecho a conceder licencias obligatorias sobre las patentes de medicamentos de uso humano.

Adicionalmente, Mediante Resolución No. 10-04-P-IEPI, publicada el 2 de marzo de 2010, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emite el instructivo para la concesión de licencias obligatorias sobre patentes de fármacos. Mediante este instructivo se establece el procedimiento para tales concesiones.

Por lo tanto, en aplicación de la Decisión 486, de la Ley de Propiedad Intelectual, del Decreto Ejecutivo No. 118 y siguiendo el instructivo para la concesión de licencias obligatorias, la concesión de licencias obligatorias sobre patentes de medicamentos de uso humano es perfectamente viable.

Finalmente, y considerando que Ecuador ha participado activamente en las últimas Cumbres y Conferencias, para la exposición criterios, los principales lineamientos de la Posición ecuatoriana, constan en Documento de referencia para el Equipo de Negociación de Ecuador, y son: 

-  Las acciones para transferencia de tecnología deben ser consideradas de manera urgente para mitigación del cambio climático, garantizando su difusión y adaptabilidad a nivel local.

-  Es necesario garantizar la participación de todas las partes involucradas en todos los niveles de toma de decisiones sobre cooperación tecnológica y beneficios, especialmente de las mujeres, jóvenes, los pueblos indígenas y comunidades locales, entre otros. 

-  Es fundamental establecer los mecanismos para abordar proactivamente los temas de patentes y de propiedad intelectual cuando éstos representan una barrera al acceso a tecnologías para la adaptación y mitigación, a fin de garantizar la provisión necesaria de dichas tecnologías a los países menos desarrollados y mantener la promoción de la innovación.

En este punto, es necesario estudiar la utilización de herramientas existentes tanto dentro del régimen de propiedad intelectual y patentes, que incluyen entre otros la declaración del interés público y de emergencias, las licencias obligatorias, flexibilidades, excepciones, limitaciones y exclusiones, la promoción de la innovación a través de mecanismos alternativos, como el acceso a fondos públicos para investigación, pools de patentes, recursos de libre acceso e incluso premios e incentivos.

Deben crearse y fortalecerse procesos y herramientas para hacer frente al cambio climático, basados en una cooperación solidaria a largo plazo y enmarcados en una institucionalidad que promueva la investigación, desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías ambientalmente sustentables, y la formación de capacidades. 

El Ecuador insta que se promuevan acciones y mecanismos dirigidos a fortalecer la cooperación Sur – Sur en todas las fases y áreas. Se considera fundamental la existencia de centros regionales y nacionales que tengan lazos formales para la implementación cooperativa de programas y actividades de investigación y desarrollo, intercambios educativos y científicos y estrategias de adquisición conjunta de tecnologías. 

La transferencia de tecnología debe considerar como aspecto central el rescate, revalorización, difusión, desarrollo y protección de los conocimientos ancestrales, locales y de pueblos indígenas, especialmente para la adaptación. 

El apoyo tecnológico y financiero de los países desarrollados a los países en desarrollo en el marco de la adaptación y la mitigación debe ser medible, reportable y verificable (MRV)”.[9]

Ecuador cuenta con   un plan Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) , Estrategia a cargo del Comité Interinstitucional de Cambio Climático.  La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente ha generado programas que permitirán implementar varios de los lineamientos citados en la posición Ecuador.

El Ministerio del Ambiente ha desarrollado los programas Nacional de Adaptación, Nacional de Mitigación, Nacional de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, que incluye la identificación y evaluación de las necesidades que el Ecuador tiene en tecnología para combatir cambio climático para la adaptación y la mitigación.

La creación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, mediante Decreto Ejecutivo 495 publicado en el Registro Oficial 304 de 20 de octubre 2011, constituye también un avance, Comité que se encarga Coordinar y facilitar la ejecución integral de las políticas nacionales pertinentes al cambio climático.

Las negociaciones en los distintos niveles en el marco mundial sobre los asuntos del medio ambiente y el cambio climático deben procurar flexibilizar posturas para llegar a acuerdos viables en un corto plazo.

Los mecanismos de protección de los derechos de propiedad industrial, especialmente en el derecho invencional, deben procurar, sin afectar los derechos adquiridos, el acceso a las invenciones con una sola bandera, la de la mitigación y adaptación de tecnologías. Los acuerdos de la Declaración de Doha, dentro del marco de los ADPIC, en lo relacionado a la salud pública, podrían ser extendidos similarmente a las tecnologías para combatir  el cambio climático.

Las decisiones de los Gobiernos de los países desarrollados deben implementar de manera eficaz los compromisos adquiridos en el CMNUCC y asumir políticas públicas.

Es absurdo pensar que ésta sea una nueva oportunidad de negocios, y que la transición hacia una economía verde sea una fuente de crecimiento económico. Está en juego el futuro, la vida, la existencia misma del planeta, y ello requiere un cambio sustancial en todo el ciclo del desarrollo tecnológico que no olvide al ser humano y su relación con la Naturaleza como el centro gravitacional y eje de toda acción.

Para terminar, quizá tenga sentido invocar la Constitución ecuatoriana, la primera en otorgar derechos a la Naturaleza:

“Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. (Art. 15)

Estamos a tiempo de impedir la barbarie, y así evitar que se cumpla la profecía literaria de Mary Shelley, en su obra Frankenstein, cuando la criatura modificada termina con la vida de su creador.

BIBLIOGRAFIA

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Alcance al Protocolo de Adhesión de la Republica del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 977, de 28 de junio de 1996.Suplemento del Registro Oficial ecuatoriano Nº 977, de 28 de junio de 1996.

Cáceres, Luis, Lineamientos sobre la Visión Común, Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo, Ministerio del Ambiente, Quito, 2009.

Constitución de la República de Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449, de 20 de octubre de 2008.

Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958,  en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, publicado en el Registro Oficial ecuatoriano Nº 244, de 29 de julio de 1999.

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptado en 1992. Entró en vigor en 1994. Publicado en el Registro Oficial ecuatoriano Nº 562, de 7 de noviembre de 1994.

Convenio de Viena Para la Protección de la Capa de Ozono, 1985. Publicado en el Registro Oficial ecuatoriano Nº 380 de 19 de febrero de 1990.

Corral Jervis, Alegría. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿UNA BARRERA PARA LOS PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?, Especialización Superior en Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, enero de 2010.

Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial 600 de la CAN, de 19 de septiembre del 2000, y en el Registro Oficial ecuatoriano Nº 258, de 2 de febrero del 2001.

Declaración de Doha, adoptada el 14 de noviembre de 2001, por miembros de la OMC, incluyendo la República de Ecuador.

Galano, Carlos, Complejidad, Diálogo de Saberes, Nuevo Pensamiento y Racionalidad Ambiental, Congreso Nacional de Educación Ambiental de la Región Centro de la República de México, Facultad de Humanidades, UAEM. Lectura primera del Primer Módulo de los materiales de EMPLEA VERDE, Diplomado Consultor Cambio Climático.

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.73.II.A.14 y corrección), cap. I. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y correcciones), vols. I a III.

Ley de Propiedad Intelectual, Ley Nº. 83, publicada en el Registro Oficial ecuatoriano Nº.320, de 19 de mayo de 1998; Codificación 2006-013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial ecuatoriano Nº 426, de 28 de diciembre del 2006.

Programa De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente. 1972. PNUMA. Nairobi, Kenia. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ORPALC. Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas, 1998.FCCC/INFORMAL/83* GE. 05-61702 (S) 130605. Publicado en el Registro Oficial ecuatoriano No. 342, de 20 de diciembre de 1999.

Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono, mediante Decreto Ejecutivo No. 1429, publicado en el Registro Oficial ecuatoriano No. 420, de 19 de abril de 1990.

Climate Change, Technology Transfer and Intellectual Property Rights – Trade and Climate Change Seminar. International Institute for Sustainable Development. Copenhagen, Denmark, June 18-20, 2008.

Intellectual property rights protection vital in climate change negotiations. Revista de la OMPI – Paris, 15 September 2009.

International Submission to UNFCCC Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action Regarding Technology Cooperation and Sharing. CAN International – Climate Action Network.  24 April 2009.

Technologies for Climate Change and Intellectual Property: Issues for Small Developing Countries – Intellectual Property and the Transfer of Technology in the Post-2012 Climate Regime. ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development – Information Note 12, October 2009.


[1] La OMPI coopera con otras instituciones y organizaciones intencionales, el CDB, el CIIGB, la FAO, la OMC, la OMS, el PNUMA, la UNESCO. Es miembro activo del Comité Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Bioética y de UN Biotech, la red de cooperación interinstitucional en biotecnología.

[2] Incluye varios ámbitos científicos, la biología, la química, la física, la tecnología médica, la farmacia, la informática, las ciencias de la nutrición, y la tecnología medioambiental.

[3] Revista de la OMPI, http://www.wipo.int/patentscope/es/lifesiences/.

[4] Revista de la OMPI. El cambio climático – Un desafío tecnológico.  http://www.wipo.int6wipo_magzine/es/2009/02/article_0003.html

[5] http://www.matrizur.org/index.php.option=com_content&view=articleid=3762clima-mundial-afectado-por-la-propiedad-intelectual&catid=42:mundo

[6] Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Alcance al Protocolo de Adhesión de la Republica del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 977, de 28 de junio de 1996.Suplemento del Registro Oficial 977, de 28 de junio de 1996.

[7] Declaración de Doha, adoptada el 14 de noviembre de 2001, por los miembros de la OMC, incluyendo la República de Ecuador.

[8] Constitución de la República de Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

[9] Ministerio del Ambiente Ecuador, Lineamientos de la Posición Ecuatoriana, Documento de referencia para el Equipo de Negociación del Ecuador, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Quito, 2009

por: Cecilia Falconi Pérez

Limitación general de responsabilidad: Salvo indicación en contrario, los comentarios y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor (es) y no representan necesariamente el punto de vista de Falconi Puig Abogados.

Perspectivas del Ecuador frente a su permanencia en la CAN y su posible ingreso al MERCOSUR

La Integración es el resultado de la unión de Estados o agrupaciones internacionales. Esta unión usualmente está dedicada a establecer regulaciones destinadas a sus miembros, para cumplir con un propósito específico; no obstante, para llegar a tal propósito debe haber renuncias a intereses particulares. El Ecuador ha firmado y ratificado varios convenios internacionales que han permitido su integración a uniones, comunidades y bloques que buscan cumplir con intereses comunes para la región. En lo principal, los tratados suscritos por el Ecuador se han vinculado principalmente a una unión que permita el desarrollo para los países que conforman Latinoamérica, por tal motivo el Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN.

La Comunidad Andina de Naciones, es un bloque regional conformado por Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y los organismos del Sistema Andino de Integración. Esta comunidad fue creada con la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, con el propósito de formar una alianza económica, política y social para la región conformada por los países miembros. Lamentablemente, este bloque ha sufrido un debilitamiento causado por las distintas posiciones políticas, siendo de impacto la salida de Venezuela debido a la firma del Tratado de Libre Comercio de Perú y Colombia con Estados Unidos. Los objetivos y normas planteados inicialmente en el Tratado de Cartagena, tratado que dio paso a la creación de la CAN, han perdido prioridad por los acuerdos realizados por varios miembros. El arancel externo común, es uno de los ejes fundamentales tratados por la CAN y es un tema de suma importancia cuando se habla de integración, sin embargo este objetivo no ha sido ni será alcanzado por el momento. Actualmente, el Ecuador se encuentra considerando su permanencia en la CAN por la falta de protección a barreras arancelarias y de beneficios de pertenecer al bloque, en específico se toma en cuenta la balanza comercial con Colombia, la cual es negativa e impone barreras de entrada.

En vista de las complicaciones en la balanza comercial, es decir la cantidad de exportaciones en relación con la cantidad de importaciones, en la actualidad el Ecuador está considerando integrarse al Mercado Común del Sur MERCOSUR, creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, mercado unitario cuyos miembros son: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. El Tratado de Asunción establece los parámetros y objetivos del mismo, que son la zona de libre comercio, arancel externo común y el manejo de políticas comerciales, objetivos de integración claros que se han ido cumpliendo a cabalidad.

La unión de países permite un gran desarrollo para la economía de cada Estado, toda vez que así se saca provecho de las riquezas y las medidas comúnmente aceptadas por sus miembros. Como ya se mencionó, los ideales políticos y los distintos tipos de gobiernos provocan la adhesión y separación de los países a los distintos bloques de integración existentes. Sin embargo, uno de los primeros errores que habría que analizar es la subsistencia de dos bloques Latinoamericanos que son la CAN y el MERCOSUR. A fin de que una unión con objetivos claros para la mejora económica se cumpla, sería más lógico y conveniente que se establezca una sola comunidad para toda Latinoamérica. Brasil ha dado la iniciativa de formar en un futuro la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), la cual permitiría un organismo único de integración para los países de América del Sur.

Como es de común conocimiento, las decisiones del Ecuador en el ámbito de la integración han sido sesgadas por el pensamiento del gobierno de Venezuela. Sin embargo, por la inestabilidad en la que se encuentra el Estado Venezolano en este momento, se espera que el Ecuador adquiera independencia en cuanto a este tema en particular.  Ahora bien, la decisión a la que se enfrenta el Ecuador sobre su permanencia en la CAN o su integración al MERCOSUR debe ser analizada directamente bajo el punto de vista económico. El Mercado Común del Sur plantea objetivos ventajosos para el comercio y los aranceles, comercian anualmente 150,000 millones de dólares y además se encuentra conformado por países como Brasil y Uruguay los cuales han presentado un crecimiento sustancioso en sus economías. Por otro lado, la Comunidad Andina de Naciones cuya creación se remonta al año 1969, lógicamente cuenta con mayor antigüedad que el MERCOSUR y pese a que comercian apenas 9,000 millones de dólares, ha generado una conducta de exportaciones de alto nivel entre sus miembros.

De los datos antes planteados, se entendería que la opción más acertada para el Ecuador sería renunciar a la Comunidad Andina de Naciones e ingresar al MERCOSUR. No obstante, se debe considerar que el Ecuador estaría en una desventaja al entrar a un sistema de integración nuevo para el Estado, que causaría una inseguridad jurídica hasta que se adapte a esta nueva iniciativa. Por otro lado, dentro de un sistema de integración es preciso entender que lo óptimo para que este funcione sería el tener objetivos claros y una conducta equitativa y uniforme para todos sus miembros con el fin de que haya satisfacción en las decisiones tomadas entre todos las parte de la unión.

Como ya se vino acotando, el establecer un arancel externo común es una de las principales ventajas para una unión, pero en la CAN esto ha sido difícil de conseguir, lo que obligó a Colombia y a Perú a adoptar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y lo que causó la salida de Venezuela de la CAN. La actitud de Colombia y Perú es totalmente entendible pues buscaba sobrepasar las barreras arancelarias y permitir mejoras en cuanto a la economía y la inversión extranjera, pero más que nada lo hecho por estos países se encontraba dentro del marco regulatoria de la CAN. La Decisión 598 sobre Relaciones Comerciales con Terceros Países en sus artículos 1 y 6, deciden:

Art. 1.- Los Países Miembros podrán negociar acuerdos comerciales con terceros países, prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y excepcionalmente de manera individual. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Art. 6.- Las negociaciones comerciales autorizadas mediante la presente Decisión podrán tener como propósito el establecimiento de áreas de libre comercio, y podrán referirse a temas distintos a la liberalización del comercio de mercancías. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, podemos ver que la actuación de Perú y Colombia era totalmente legal y se encontraba regulada dentro de la CAN por lo que su decisión en cuanto a la firma de un TLC con Estados Unidos era con un fin estrictamente comercial y económico y jamás debió haber sido causa para que Venezuela salga de la CAN; al contrario, esto debió haber sido una iniciativa para comenzar con una apertura de mercado, toda vez que esto ha permitido que para el año 2011 la inversión extranjera para Colombia sea de 14,400 millones de dólares y de 7,659 millones de dólares para Perú, frente a los 567 millones de dólares que recibió el Ecuador. Afortunadamente, pese a la estrecha relación que Ecuador tenía con Venezuela, nuestro país se mantuvo en una postura neutral frente a lo ocurrido con Venezuela.

Finalmente, tras el análisis previamente realizado y en caso de que no se continué con la idea de formar una Comunidad Sudamericana de Naciones, de la cual el Ecuador debería formar parte, podemos concluir que nuestro Estado debería rechazar o hasta cierto punto posponer su ingreso al MERCOSUR y más bien permanecer dentro de la Comunidad Andina de Naciones pero adoptar una iniciativa más comercial parecida a la de Perú y Colombia. Adicionalmente, el Ecuador debería considerar la negociación de un TLC a fin de equilibrar su balanza comercial, establecer un arancel externo común y mejorar la inversión extranjera para así poder ser inclusive más competitivo. Lo anterior, podría lograrlo con permanencia en la CAN y actuado conforme lo permite la Decisión 598 del Acuerdo de Cartagena.

Por: Mario Ruiz Fernández

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El Sombrero de Paja Toquilla parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO

Entre el 3 y 7 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la séptima sesión (7.COM) del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO. En dicha sesión, se emitió la Decisión 11.12, la que inscribió al Sombrero de Paja Toquilla como elemento de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es preciso señalar que el Sombrero de Paja Toquilla se encuentra dentro del marco de protección de la Denominación de Origen “Montecristi” de la República del Ecuador.

La Decisión 11.12 en lo principal establece lo siguiente (traducción personal al español):

El Comité

1. Toma nota de que el Ecuador ha designado el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:

El sombrero de paja toquilla se teje con fibras de una característica palmera de la costa ecuatoriana. Agricultores costeros cultivar y cosechar los toquillales los tallos antes de separar la fibra de la piel exterior de color verde. Esta es hervida para eliminar la clorofila y se secan para su posterior blanqueo con azufre sobre un fuego de leña. Tejedores de tomar esta materia prima y comenzar tejiendo la corona y el ala del sombrero. Tejer un sombrero puede tomar desde un día hasta ocho meses, dependiendo de la calidad y finura. En Pila, una comunidad costera, los tejedores producen extras sombreros finos que requieren condiciones climáticas específicas y comprenderá un número exacto de puntos en cada fila de tejer. El proceso se completa por lavado, blanqueo, moldeado, planchado y prensado. Los tejedores son en su mayoría familias campesinas y la transmisión de técnicas de tejido se produce dentro de la casa desde una edad temprana a través de la observación y la imitación. Las habilidades y conocimientos envolver un tejido social complejo y dinámico, incluidas las técnicas tradicionales de cultivo y procesamiento, las formas de organización social, y el uso del sombrero como parte de la vestimenta cotidiana y en contextos festivos. Es una marca distintiva de las comunidades que perpetran esta tradición y parte de su patrimonio cultural.

2. Decide que, a partir de la información proporcionada en el expediente 00729, la nominación cumple con los criterios de inscripción en la Lista Representativa, los siguientes:

R.1: El conocimiento y las prácticas relacionadas con el sombrero de paja toquilla se transmiten de una generación a otra, y proveer a las comunidades que llevan con un sentimiento de identidad y continuidad cultural, que sirve como una referencia de la cohesión social entre los diferentes grupos que viven en las zonas costeras y andinas regiones del Ecuador.

R.2: Como una práctica cultural que promueve el diálogo intercultural entre las diversas comunidades ecuatorianas, inscripción del tejido tradicional del sombrero de toquilla en la Lista Representativa podría crear conciencia de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y promover el respeto por la diversidad cultural y el diálogo.

R.3: Medidas de salvaguardia incluidas la investigación, la revitalización, la transmisión, difusión, promoción, desarrollo y protección del tejido tradicional reflejar los compromisos de la comunidad y el Estado para transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones.

R.4: Los diferentes actores involucrados en el tejido tradicional del sombrero de paja han asistido a una serie de talleres para la elaboración de la propuesta y una serie de asociaciones de artesanos dieron su consentimiento libre, previo e informado para su inscripción.

R.5: Diversas técnicas artesanales que participan en la fabricación del sombrero de paja toquilla se incluyen en el inventario del patrimonio cultural inmaterial de Ecuador mantenida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

3. Inscribe el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Es menester anotar que en el marco de la gestión del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural se pretende fortalecer la cultura de protección de las denominaciones de origen ecuatorianas, y, para el caso específico del sombrero de Montecristi, en la comunidad Pila se ha establecido la escuela de formación de tejedores de este producto. La escuela ha tenido éxito hasta este momento y cada vez más artesanos se unen a este esfuerzo. Con esta iniciativa esperamos y aspiramos a que con la conformación de un posible Consejo Regulador se formalice la actividad y se proyecte adecuadamente el producto hacia el mercado nacional y del exterior.

por Cecilia Falconi Pérez y Mario Ruiz

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Los errores más comunes a la hora de escoger una marca

Más allá del concepto jurídico de marca, que exige que el signo cuente con capacidad distintiva que permita diferenciar un producto o servicio de aquellos similares que coexisten en el mercado, es necesario tomar en cuenta que la marca vendrá a ser la imagen de la empresa hacia los consumidores, el atractivo que moverá al público a mantenerse fiel con aquel producto que ha adquirido toda su vida, o aquella excepcional motivación que desviará su atención hacia un nuevo producto.

Sin embargo, a la hora de escoger una marca, muchos empresarios prefieren tomar el camino seguro y optar por signos que evoquen directamente aquello que pretenden identificar o sus características, reduciendo al mínimo la capacidad imaginativa del consumidor, siendo indiferente  escoger su producto o el de la competencia.

El presente ensayo brinda directrices básicas a quienes deseen incursionar en el mercado con un nuevo producto o servicio, para crear una marca o slogan que ostente poder distintivo, lo cual se traduce en una protección sencilla y más económica.

A continuación se detallan los errores más comunes que se cometen a la hora de escoger una marca:

 1.- Uso de signos débiles, acompañados por términos de uso común.

Si bien lo que busca el empresario es que la marca dirija al consumidor a adquirir aquello que necesita, el escoger una marca en la que prevalezcan términos genéricos y/o descriptivos, podría propiciar a que el producto pase desapercibido dada la existencia de otros signos que comparten estos elementos al ser usualmente utilizados, o peor aún, que el signo sea negado dada la falta de capacidad distintiva.

Marcas que inician con la partícula CHOCO para chocolates, TOST para alimentos fritos o tostados, CERE para alimentos hechos a base de cereales, NUTRI para destacar su valor nutricional, entre otros, son signos débiles con respecto al resto que contiene dichas raíces. Mientras mayor sea la conexión entre el producto o servicio y la marca, menor distintividad.

2.- Uso de marcas que evocan el recuerdo dejado por otra marca.

Escoger deliberadamente un signo cuyas palabras o elementos gráficos evoquen una marca ajena, sin necesidad de ser idéntico, más allá de correr el riesgo de que la solicitud sea rechazada por la autoridad, el público relacionará su producto con un origen empresarial distinto a su productor, lo cual es contraproducente si usted busca su propio reconocimiento en el mercado, o podría incurrir en una práctica encasillada como competencial, lo cual conlleva responsabilidad civil e inclusive penal, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen esta materia en el Ecuador.

3.- Marcas compuestas por muchos elementos.

Una marca extensa en su aspecto denominativo, o que contiene numerosos gráficos, conlleva mayor dificultad en su protección, dado que uno o más de sus elementos podrían ser incluidos en marcas de terceros sin que esto sea considerado como una imitación.

Es usual que la autoridad marcaria permita la coexistencia de marcas que comparten ciertos rasgos, bajo el criterio de que también cuentan con otros componentes que las distinguen, lo cual es desfavorable si usted desea tener exclusividad sobre todos los elementos que conforman el signo.

De igual forma, un signo sencillo será recordado con mayor facilidad por el consumidor y tendrá mayores posibilidades de posicionarse en el mercado que una marca compleja que evoca varias ideas.

4.- Marcas que pudieren tener una traducción indeseable.

Al momento de escoger una marca o un slogan, la creatividad juega un papel muy importante para lograr que la misma no sea objeto de reproducción o imitación por parte de terceros. La originalidad asegura una protección más sencilla y menos costosa.

Sin embargo, existen casos en los que una marca ha sido adoptada sin preveer que su comercialización puede rebasar las fronteras del idioma, y lo que inicialmente fue concebido como una marca de fantasía, puede terminar en un signo con un concepto completamente contrario al buscado por quienes la conciben.

Errores como aquel cometido por la empresa Electrolux, que al traducir su slogan para promocionar aspiradoras terminó siendo: “Nothing sucks like en Electrolux”  significado que dista del poder de absorción del aparato, o aquel impulsado por American Airlines para promocionar los asientos de cuero en primera clase “Fly in Leather” cuya traducción literal en español es “Vuele en Cueros”, han costado a estas compañías millones de dólares en deshacer una campaña que tuvo el efecto contrario a aquél que se quiso transmitir.

5.         Solicitar o utilizar una marca o slogan sin realizar una búsqueda previa de antecedentes marcarios.

Un error muy común entre quienes deciden registrar o simplemente utilizar una marca o un lema comercial, es no tomar la precaución de realizar una búsqueda de antecedentes marcarios para determinar que no existen derechos a favor de terceros sobre signos similares o idénticos.

Tanto el registro como una solicitud de registro preexistente, brinda a su titular la posibilidad de obstaculizar un nuevo registro a través del trámite de oposición, y los consiguientes recursos que la legislación prevé, lo cual genera un desembolso que se pudo haber evitado de realizar la búsqueda sugerida.

El peor de los casos se produce cuando el empresario decide utilizar el signo directamente sin solicitar su registro, lo cual hace concluir que tampoco existió una búsqueda preliminar. El uso de un signo idéntico o similar a otro sobre el cual existen derechos adquiridos, puede ser impedido  por su titular a través de acciones administrativas, civiles y penales, que conllevan altas sanciones pecuniarias y hasta penas de prisión.

Lo recomendable es asesorarse con un profesional que analice si el signo escogido posee suficiente capacidad distintiva en sí mismo y con respecto a otros signos preexistentes, y  de esta manera disminuir cualquier riesgo de confusión evitando, en lo posible, incurrir en un gasto innecesario o mucho mayor al presupuestado inicialmente.

por María Cristina Guerra

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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: actualización a realizarse en noviembre 2012, información, registro y obtención de acceso al portal web

De acuerdo a la Resolución No. SC. SG. DRS. G. 12. 014 del 25 de septiembre de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 807 del 10 de octubre de 2012, las compañías ecuatorianas, así como las sucursales extranjeras, consorcios y asociaciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, deberán actualizar su información general y obtener la clave de acceso al portal Web de la Institución.

La obligación de actualizar la información de las sociedades recae sobre los representantes legales y apoderados, según el caso, debiendo generar el Formulario de Actualización de Datos y la Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad, de acuerdo al cronograma establecido, tomando en cuenta el noveno dígito del RUC de la sociedad, para presentar físicamente el formulario y la solicitud:

 

NOVENO DÍGITO DEL RUC

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN FÍSICA

1

16 de noviembre 2012

2

21 de noviembre del 2012

3

26 de noviembre del 2012

4

29 de noviembre del 2012

5

4 de diciembre del 2012

6

10 de diciembre del 2012

7

13 de diciembre del 2012

8

18 de diciembre del 2012

9

21 de diciembre del 2012

0

28 de diciembre del 2012

Procedimiento:

1. Ingresar al portal Web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) USUARIOS EN LÍNEA.

2. Se accede a la opción ACTUALIZAR INFORMACIÓN GENERAL, en la cual se verificará la información que consta en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

3. Se enviará al correo electrónico registrado, el Formulario de Actualización de Datos y la Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad, para que sea suscrito y presentado físicamente.

4. Al presentar físicamente los documentos antes mencionados, suscritos por el Representante Legal de la sociedad, se deberá acompañar los siguientes documentos: Copia de Nombramiento de Representante Legal, copia de cédula o pasaporte del Representante Legal, copia de certificado de votación, copia de RUC, copia de planilla de servicios básicos.

5. Una vez recibidos los documentos por la Superintendencia de Compañías, se enviará al correo registrado por la compañía en el formulario, una clave de acceso provisional.

6. Al ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías, por primera vez, el usuario deberá cambiar la clave de acceso.

7. Esta clave de acceso le servirá para el ingreso y la transmisión de información financiera y societaria de la compañía.

Cabe recalcar que las compañías que se encuentren en estado de incumplimiento de obligaciones societarias contenidas en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías (presentación de estados financieros, nómina de accionistas, nómina de administradores, etc.) debieron realizar la presentación física del Formulario de Actualización de Datos y la Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad, desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2012.

En caso de incumplimiento de esta obligación societaria, la compañía será sancionada con la incorporación en el Informe de Obligaciones Pendientes de la compañía, de este particular.

Están exentas de esta obligación, aquellas compañías cuya inscripción de constitución en el Registro Mercantil conste a partir del 1 de octubre de 2012, tendiendo como plazo para cumplir con esta obligación el 28 de febrero de 2013.

por María Isabel Machado

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