COMPAÑÍAS ECUATORIANAS: OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL AÑO 2015

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Por: Ab. María Isabel Machado

En el año 2014 e inicios del 2015, se aprobaron reformas a Leyes y Reglamentos que tienen incidencia en las compañías ecuatorianas, dentro de las cuales las principales que se deberán tener en cuenta:

1. Juntas Generales de Socios o Accionistas[1]: Las Juntas Generales de Socios/Accionistas, ya sean Ordinarias, Extraordinarias, o Universales, deberán ser grabadas en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la Junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente.

Adicionalmente, se da la posibilidad de que los accionistas o socios participen en la Junta a través de video conferencia, siendo responsable que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación.

En relación a la convocatoria, ésta se realizará en la misma fecha en que aparezca la publicación de la convocatoria por la prensa o se realice la convocatoria personal, conjuntamente mediante notificación enviada a los correos electrónicos que los socios o accionistas y comisarios deberán registrar en la compañía.

2. Declaración del Formulario 101[2]: Dentro de los documentos que están obligadas a presentar las compañías, a la Superintendencia de Compañías y Valores correspondientes al período 2014, en lo referente a la entrega de estados financieros, ésta se realizará en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), simplificando la entrega de esta información a las dos instituciones por medio del formulario 101.

Con la presentación anual del Formulario 101 ante el SRI por parte de las compañías, se considerará que se ha cumplido la obligación prevista en la Ley de Compañías y Reglamentos, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales.  La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros seguirá recibiendo los Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos a los estados financieros, así como los señalados en la Ley de Compañías y Reglamento que no estén comprendidos en el formulario 101.

Por otro lado,  los administradores de compañías deberán recordar los demás documentos requeridos anualmente por la Superintendencia de Compañías y Valores anualmente, deberán ser ingresados en línea a través del Portal Web de la Institución,.

Actualmente, ya no sería necesaria la presentación en físico que fueron requeridos para la obtención del usuario y la clave de acceso, como son los formularios, comprobante de pago de servicios básicos para su obtención, ya que se realizará todo el trámite en línea, permitiendo que el proceso sea más ágil y fácil para el usuario, y así cumplir con sus obligaciones.

3. Transferencia de Acciones/participaciones: A partir de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, el 29 de diciembre de 2014, es obligación de las compañías reportar al Servicio de Rentas Internas sobre la transferencia de su paquete accionario o participaciones, ya sea que se realice en forma directa o indirecta.

En relación a la obligación que tienen las compañías de notificar al SRI sobre las transferencias mencionadas, hasta el momento no se han establecidos los plazos,  forma y contenido de la notificación.

Por otro lado, la utilidad que reciben las personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador por la transferencia de acciones o participaciones, deberán ser incluidas en su declaración del impuesto a la renta, y por lo tanto, este impuesto no deberá ser cancelado ni declarado al momento de que se produce la transferencia de acciones, sino al finalizar el año fiscal, y deberá realizarse al momento en que las compañías envíen la notificación al SRI.

4. Modalidad Típica de Contrato de Trabajo: Con la reforma al Código de Trabajo del 20 de abril de 2015, se considera al contrato individual de trabajo a tiempo indefinido como la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente. En este sentido, se eliminan los contratos a plazo fijo y éstos celebrados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley[3], continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, hasta el 01 de enero de 2016.

Con ésta reforma se elimina también la posibilidad de dar por terminada la relación laboral, solicitada por el empleador, a través del desahucio.  Como se menciona en el párrafo anterior esta posibilidad quedará solo para los contratos que fueron celebrados con anterioridad al 20 de abril de 2015.

[1]Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta. R.O. 371, 10 de noviembre de 2014.

[2]Reglamento Sobre la Información Y Documentos que están Obligadas a Remitir Anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores Y Seguros, las Sociedades Sujetas a su Control y Vigilancia, Art. 2. R.O. 30 de marzo 2015.

[3]Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. R.O.  483, 20 de abril de 2015.

 

2015 ANA Advertising Law & Public Policy Conference en Washington DC.

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2015 ANA Advertising Law & Public policy Conference

Durante la conferencia de ANA 2015 en Washington DC, Carlos Alberto Arroyo del Río, managing partner de Falconi Puig Abogados, moderó un panel que incluyó reconocidos abogados del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El panel de GALA (Global Advertising Law Alliance) fue sobre :”MEETING THE CHALLENGES OF PRODUCING COMMERCIAL OVERSEAS”.

Publicidad: ¿Gasto o Inversión?

Por: Ab. María Cristina Guerra.

Los gastos por promoción y publicidad, antes considerados como gastos operativos y por lo tanto deducibles, han sido objeto de las últimas reformas gubernamentales en materia tributaria, que disponen un límite del 4% para su deducibilidad y en otros casos los consideran como no deducibles, cuando se refieran a publicidad de alimentos con contenido hiperprocesado, de acuerdo a las condiciones establecidas en varias reformas (algunas confusas y contradictorias) emitidas desde finales del año pasado.

La Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, publicado en el Registro Oficial (suplemento) No. 405 del 29 de diciembre de 2014,  dispone agregar, entre otros, el numeral 19 al Art. 10 a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno[1], el cual señala que si bien pueden ser deducibles los costos y gastos por promoción y publicidad, no podrán hacerlo los contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado.

El 31 de diciembre de 2014, se expide el Reglamento a la ley antes referida, el cual realiza varias reformas. Respecto del tema que nos compete, en el Art. 9 se dispone la reforma del Art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la  Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno,  señalando que los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 4% del total de ingresos gravados del contribuyente, pero que este límite no será aplicable en el caso de erogaciones incurridas por:

i. Micro y pequeñas empresas; ii. Contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de promoción y publicidad como su actividad habitual, excepto los que se incurran para su propio beneficio; iii. La oferta o colocación de bienes y servicios de producción nacional, en mercados externos; iv. La oferta de turismo interno y receptivo. 

En esta última reforma, al igual que la  Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, se excluye de los deducibles a los rubros incurridos por concepto de promoción y publicidad de alimentos preparados con contenido hiperprocesado; sin embargo, si bien se establece lo que debe entenderse por este tipo de productos, esta definición se prestaba a confusiones debido a su inexactitud. 

Frente a la incertidumbre que generó la falta de precisión de ambas normas, con fecha 5 de marzo de 2015, mediante circular No. 5 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 452[2], se define y se hace una distinción entre “alimentos preparados”, “alimentos naturales”, “alimentos procesados” y “alimentos hiperprocesados”: 

a. Son alimentos preparados aquellos elaborados, semielaborados o crudos, que requieran o no mantenerse calientes, refrigerados o congelados, que estén destinados al consumo humano y se expendan en locales de comida (restaurantes, bares y similares), utilizando para el efecto productos naturales, procesados e hiperprocesados.

b. Son alimentos naturales aquellos que se utilizan tal como se presentan en la naturaleza (carnes en estado natural, frutas, hojas verdes, semillas, huevos, leche, etc.), que no hayan sufrido transformación en sus caracteres o en su composición, pudiendo ser sometidos a procesos prescritos por razones de higiene, o los necesarios para la separación de partes no comestibles; la sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, la limpieza para remover las partes no comestibles, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos, el faenamiento, el cortado, el secado, el pasteurizado y el empaque, no se considerarán procesamiento. 

c. Son alimentos procesados aquellos productos alimenticios naturales o artificiales, que para el consumo humano han sido sometidos a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y conservación; de manera adicional este tipo de alimentos se distribuyen y comercializan generalmente en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada.

El término alimento procesado, se extiende a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios.

d. Son alimentos hiperprocesados aquellos productos que se modifican por la adición de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos, los cuales cambian la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su duración y hacerlos más atractivos o agradables. Son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento natural y son el resultado de una tecnología sofisticada que incluyen procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, moldeado, remodelado, entre otros.

 De esta puntualización, se establecen los siguientes criterios para la deducibilidad:

a.  Los contribuyentes que expendan alimentos preparados que en su elaboración utilicen alimentos catalogados como hiperprocesadosno podrán deducirse rubro alguno por concepto de gastos de promoción y publicidad.

b. Todos los contribuyentes considerados como grandes y medianas empresas, que no estén contemplados en el literal anterior, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, podrán deducir los gastos de promoción y publicidad hasta un monto equivalente al 4% de sus ingresos gravados del ejercicio fiscal correspondiente.

c. Los contribuyentes catalogados como micro y pequeñas empresas, que no estén contemplados en el literal a) de este numeral, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, así como, aquellos que coloquen cualquier tipo de alimentos, inclusive hiperprocesados, de producción nacional en mercados externos, podrán deducirse la totalidad de sus costos y gastos de promoción y publicidad, siempre que cumplan las demás disposiciones tributarias vigentes.

En virtud de lo expuesto, la no deducibilidad de los costos y gastos de promoción y publicidad estará ligada al cumplimiento simultáneo de dos condiciones: 1. El servicio de expendio de alimentos preparados en restaurantes, locales de comida rápida, bares y similares; y, 2. La utilización, para la preparación de estos alimentos, de ingredientes con contenido hiperprocesado.

El resaltado me pertenece.

Sin perjuicio de las definiciones realizadas en la circular, es en el último párrafo donde se aclara finalmente qué contribuyentes no pueden deducir este rubro de sus impuestos: i) quienes provean el servicio de expendio de alimentos “preparados” como son los restaurantes o locales de comida rápida, ii) que en su elaboración se utilicen ingredientes con contenido “hiperprocesado”, como por ejemplo sal, azúcar, preservantes y/o aditivos.

Con respecto a la publicidad, antes considerada como un gasto operativo y por lo tanto deducible, con las comentadas reformas, las empresas que no se encasillen dentro de las excepciones y aquellas que se dediquen a expender alimentos preparados con contenido hiperprocesado, seguramente evaluarán la conveniencia de reducir el gasto publicitario o si a pesar de la no deducibilidad, lo mantienen por considerarlo como una inversión más que un gasto dado el beneficio intangible que devuelve la difusión publicitaria de los productos y servicios ofrecidos. Probablemente esta nueva disposición, no influya en la reducción de la intensidad de las campañas publicitarias de las grandes cadenas y las empresas afectadas por la reforma quizás opten por incrementar su promoción a través de canales no tradicionales como las redes sociales, cuyo retorno ha resultado ser muchas veces más efectivo con una inversión menor.

Como fue señalado por el gobierno[3], la presente medida pretende reemplazar  el impuesto que se pensaba imponer sobre la comida chatarra, bajo la premisa de reducir los índices de obesidad y problemas cardíacos de la población, cuando lo que debería hacerse es promover campañas para promover hábitos de consumo saludables e incentivar a aquellas empresas que expenden alimentos preparados a base de ingredientes hiperprocesados para que  incluyan en su oferta alimentos sanos. Considero que en el fondo la medida persigue aumentar la recaudación fiscal (ante el déficit presupuestario) bajo el compromiso de velar por la salud de los consumidores.

[1] http://www.silec.com.ec/

[2] Ibidem.

[3] http://expreso.ec/expreso/plantillas/

¿Cómo acceder a la información pública en el Ecuador?

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Por: Diego Villamar Dávila

Antecedentes

El derecho de petición en el Ecuador ha sido reconocido a nivel normativo desde hace largo tiempo, como se puede constatar incluso en los textos constitucionales expedidos desde la primera década de conformación republicana[1].

No obstante, con respecto al ejercicio de lo que ha terminado por considerarse como una derivación particular del derecho de petición: el derecho de acceso a la información pública[2], debemos anotar que las complejidades prácticas para el ciudadano, derivadas de la ausencia de regulaciones normativas específicas, de correlativas trabas burocráticas, y de las cambiantes necesidades tecnológicas y sociales con respecto al acceso a la información pública, han llevado a modificaciones sustanciales sobre este aspecto, de manera especial durante la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000.

Así, el ejercicio del derecho de petición fue impulsado por la Ley de Modernización del Estado de 1993[3], y la Constitución Política de la República de 1998[4] incluyó la garantía constitucional del Hábeas Data, que aunque comportó un avance significativo, se limitaba al acceso a datos personales del solicitante. Sin embargo, el artículo 81 de dicho cuerpo constitucional abordó la garantía del acceso a fuentes de información, y fundamentalmente, estableció que no existiría reserva de información que repose en archivos públicos, salvo para documentos legalmente declarados reservados por razones de defensa nacional.

En 2004, fue expedida la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública[5], que introdujo notables avances normativos, que permitirían a los particulares ejercer con mayor efectividad el derecho de acceso a la información pública.

A ello debe añadirse que la Constitución de la República de 2008 recoge en su normativa varios avances precedentes.

Vías de acceso a la información pública

1. Procedimiento informal

En este caso, la solicitud de información debe ser dirigida de manera directa al funcionario que podría proporcionarla, en lugar de ser dirigida al titular de la correspondiente institución pública.

Las ventajas derivadas de esta opción radican en su eficacia, celeridad e inmediatez, pues en la práctica existe un alto número de acciones de acceso a la información pública que son rechazadas por la vía de la justicia constitucional. A ello se agrega que optar primero por esta vía permite preparar un eventual recurso administrativo con mejores fundamentos.

2. Procedimiento administrativo

Esta vía encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de la LOTAIP, y consiste en una solicitud escrita, formal, dirigida al titular de la correspondiente institución, que tiene la obligación de contestar en el plazo perentorio de 10 días, prorrogable por 5 más por causas debidamente justificadas.

Se debe destacar que con frecuencia los recursos de acceso a la información en sede jurisdiccional resultan negados porque la acción administrativa no fue dirigida al titular de la institución que posee la información; por tanto, en caso de incertidumbre es recomendable requerir la información, de manera concurrente, a quienes eventualmente podrían ser titulares de la misma.

Por otra parte, debemos anotar que aunque la LOTAIP no refiere la posibilidad de delegar la responsabilidad de contestar las solicitudes de acceso, su Reglamento sí prevé el escenario de una delegación para representantes regionales o provinciales.

 3. Procedimiento judicial

La vía jurisdiccional se fundamenta en el artículo 91 de la Constitución de la República, artículo 22 de la LOTAIP y artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La LOTAIP dispone que, sin perjuicio de la acción constitucional (hoy acción de protección), el requirente puede proponer un “recurso” de acceso a la información[6] en términos muy abreviados, ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio de quien posee la información.

De tal modo, podría ocurrir que el requirente se encuentre ante la posibilidad de elegir entre varias opciones, sin que ninguna sea subsidiaria a otra: acción de acceso a la información pública, acción de protección, hábeas data o medida cautelar constitucional.

De cualquier manera, es necesario tomar en cuenta que cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales posibles reviste un grado mayor de complejidad con respecto a las opciones descritas en los numerales 1 y 2, y que, la vía a seguir debe ser cuidadosamente analizada, contando con parámetros técnicos que tiendan a evitar un rechazo de la medida adoptada

[1] Véase art. 66 de la Constitución Política de 1830: art. 104 de la Constitución Política de 1835.

[2] Cfr. Sentenciaemitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el 21 de Junio de 2007 (Suplemento R.O. 112 del 9 de julio de 2007), dentro del caso No. 015-2006.

[3]Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado.

[4]Art. 94 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998

[5]R.O. Suplemento 337, 18 de mayo de 2004

[6]Mal llamado recurso, pues se trata en realidad de una acción.

Reconocimiento: World Trademark Review 1000

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World Trademark Review 1000 ha reconocido nuevamente a Falconi Puig Abogados en el nivel de Oro en 2015. Estamos orgullosos de ser referidos como “entre las opciones más destacadas para procesos de oposición y litigios” y “una firma a la que acudir para clientes domésticos en expansión y compañías internacionales con asuntos transfronterizos”. Solicitamos gentilmente se tome unos minutos para leer el texto completo aquí.

 

 

 

 

“Incompatibilidad” de marcas y denominaciones de compañías

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Por:    Jaime Mantilla Compte [1]

Como parte de los derechos garantizados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador para el titular de un registro marcario en nuestro país, se encuentra la posibilidad de actuar en contra del nombre de compañías o sociedades que incluyan indebidamente a una marca registrada, a pesar de haber sido aprobado por las Autoridades competentes para ello.

Así, el artículo 293 de la mencionada Ley prescribe lo siguiente:

Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía..

Si bien con lo anterior se refuerza la protección a los titulares de registros marcarios y se establece un procedimiento claro para reivindicar sus derechos, el tener que ejercerlos por falta de previsión o cuidado de las Autoridades implica muchas veces incurrir en altos costos que no serían necesarios si existiera una coordinación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y las demás entidades encargadas de la aprobación de denominaciones de compañías o sociedades.

A nuestro criterio, una manera efectiva de evitar esta “incompatibilidad” entre marcas y denominaciones de compañías sería la elaboración de un reglamento que establezca la obligatoriedad para las diferentes Superintendencias (de Compañías, Bancos y de Economía Popular y Solidaria), de verificar la información constante en el IEPI respecto a marcas o nombres comerciales registrados, previo a aprobar el nombre de una compañía.

De esta manera, se haría una revisión preventiva que permita reducir el número de casos en que las denominaciones de las compañías o sociedades incluyen indebidamente a marcas previamente registradas y se reduciría la cantidad de litigios que surgen por este motivo, con las afectaciones que ello conlleva para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La forma de implementar esto podría variar, de acuerdo a la manera que mejor se adapte a las necesidades de las Autoridades y los usuarios, pudiendo ser una opción que la revisión la haga de oficio la Superintendencia respectiva accediendo a la base de datos del IEPI o que, por el contrario, se establezca como requerimiento al interesado que presente junto con su solicitud de reserva de denominación de la compañía o sociedad, el reporte de la búsqueda de antecedentes del IEPI que permita constatar que dicha denominación no afectaría derechos adquiridos de propiedad intelectual.

En concordancia con lo anterior y yendo más allá de la denominación de compañías, consideramos oportuno mencionar en este artículo los problemas que también se han generado en la práctica por los “nombres comerciales aprobados” por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ocurre que el SRI, al momento de abrir o actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), incluye la posibilidad de que el usuario designe un “nombre comercial” con el que operará su negocio, a pesar de que ni en la Ley de Registro Único de Contribuyentes ni en su Reglamento conste tal campo como parte de la información constitutiva del registro.

Esta situación ha generado constantes problemas para titulares de registros marcarios, ya que el SRI no hace revisión alguna de que el “nombre comercial” que el usuario le está proporcionando afecte o no derechos de terceros.

Lo anterior ocasiona que en muchos casos, cuando el titular legítimo de una marca registrada actúa contra el uso indebido de su signo, no encuentra una respuesta favorable por parte del infractor, quien cree que se encuentra respaldado por el “nombre comercial” que consta en el RUC.

Casos como estos han afectado constantemente al reconocido restaurante quiteño LA CHOZA (http://www.lachoza.com.ec/), con quienes se ha optado por una estrategia más bien conciliadora, evitando el inicio de acciones legales y enviando en su lugar cartas de alerta o advertencia que informen sobre la situación jurídica al infractor.

Así, por medio del diálogo y la negociación, se han obtenido resultados favorables en la obtención del cese del uso indebido de esta reconocida marca, evitando la incomodidad y el alto costo del litigio.

Ahora bien, esta actuación del SRI, ocasiona que el titular de registros marcarios se vea obligado a incurrir en costos innecesarios cuando dicha entidad no debería incluir en el RUC la declaración de un “nombre comercial”.

Por lo dicho, nuestro criterio es que el SRI debería eliminar la posibilidad de indicar un “nombre comercial” en el RUC o, si en todo caso insiste en mantenerlo, realizar una revisión previa en la base de datos del IEPI, ya sea de oficio o como requisito previo para el usuario, de tal manera que se confirme que no hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

[1] Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2007) y participante del Curso Intensivo de Posgrado “Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos.” de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2008). Abogado Asociado Senior de Falconi Puig Abogados.

Mejores Prácticas para el Desarrollo de Marcas o Nombres de Medicamentos. Una guía para la Industria.

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Autora: Dra. Cecilia Falconi

En el mes de mayo de 2014, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) junto con el Centro para la Evaluación e Investigación de los Fármacos y el Centro para la Evaluación e Investigación para Productos Biológicos de los Estados Unidos de América circuló el borrador de la Guía para la Industria, Mejores Prácticas de Nombres para Medicamentos que constituiría un documento referencial no vinculante. La tabla de contenidos tiene 5 capítulos y 6 apéndices; en afán de proveer de información práctica a las industrias farmacéuticas de empresas nacionales y extranjeras, este aporte hará énfasis únicamente en lo más relevante.   El término nombres de medicamentos debe ser entendido como la marca del producto o el nombre del producto, siendo así, la guía redactada en inglés recoge el término “proprietary name”. El FDA pretende con esta guía ayudar a las casas farmacéuticas para que desarrollen marcas que no causen ni contribuyan a errores en la medicación y que no contribuyan a creencias erróneas en el consumidor con respecto a la marca o el empaque de los productos farmacéuticos. Esta guía del FDA se aplica a todos los productos farmacéuticos ya sea que requieran prescripción médica para su adquisición o que sean de libre venta.

Esta guía es la última de dos documentos que  surgieron para consideración de la industria para minimizar el error en medicación cuando se desarrollan y diseñan marcas y empaques. El primer documento se enfocó en la reducción de los riesgos asociados con el diseño de un producto y el proceso de fabricación y sistema de cierre del envase; y, el segundo documento de guía tiene que ver con los aspectos de seguridad del envase y el despliegue de la apariencia distintiva del diseño del empaque. Esta  tercera guía se enfoca en las mejores prácticas para el desarrollo y la selección de las marcas o nombres para los medicamentos.

Como antecedente se puede mencionar que el nudo crítico para el FDA es que las compañías farmacéuticas, previo a diseñar marcas o nombres para los productos farmacéuticos, consideren que los usuarios finales de los productos bajo prescripción médica, es decir los médicos, podrían, en definitiva, confiar en el nombre de un producto de entre los miles disponibles para recetar a un paciente determinado; por esta razón, la veracidad en la interpretación es esencial. Si los usuarios, siendo estos médicos en los casos de los fármacos bajo prescripción médica y los consumidores para aquellos medicamentos que no requieren prescripción, no puedan distinguir entre los medicamentos que llevan nombres con similitud fonética o en las similitudes entre la composición de letras o apariencia ortográfica, el paciente podría recibir un medicamento errado o podría no ser capaz de identificar correctamente el producto para  adquirir o utilizar. Siendo así, justamente ese “remedio potencial” para evitar estas posibles confusiones están estrechamente vinculadas con las similitudes fonéticas/auditivas.

Las recomendaciones para la selección de nombres o marcas para estos productos procuran que los patrocinadores realicen un análisis preliminar para evitar la negativa por parte de la FDA sobre el uso viable, y,  entonces en el apéndice C enfoca el pensamiento de esta institución en los siguientes principales aspectos:

-          Las similitudes obvias en la composición ortográfica y el pronunciamiento de los nombres no deberían ser similares a nombres establecidos para ciertas composiciones químicas o a los ingredientes de otros productos.

-          Las abreviaciones médicas no deberían incorporar abreviaciones que inadvertidamente conduzcan a error, por tanto los patrocinadores deberían evitar tales abreviaciones, símbolos y designación de dosis que puedan advertirte como potencialmente confusas.

-          Los nombres no deberían incorporar ninguna referencia sobre un ingrediente activo o inactivo en ninguna forma que pueda crear la impresión que el valor del ingrediente es mayor de su real función o formulación.

-          Los patrocinadores deberían evitar el uso de nombres que vayan en contra de las recomendaciones del Consejo de Denominaciones Aprobadas de los Estados Unidos (USAN por sus siglas en Ingles) cuando la indicación farmacológica o química pueda ser aplicada a una droga múltiple.

-          Tampoco deberían utilizar el mismo nombre del producto o la misma raíz para aquellos productos que al menos no contengan un mismo y común ingrediente activo del producto originario. Esto, en razón de que cuando dos o más productos tienen el mismo nombre y no comparten un mismo ingrediente activo, los usuarios finales podrían confundirse.

 Surgen inquietudes con respecto a aquellos productos farmacéuticos que son desarrollados por multinacionales farmacéuticas en que lo ideal sería identificar con una marca al producto independientemente del territorio de comercialización. Más allá de la problemática desde el punto de vista de la propiedad industrial y concretamente de los signos distintivos en que según sea el territorio específico progresaría o no un registro de marca, ya sea por aplicación de la ley, por antecedentes registrales que limiten un nuevo registro, por jurisprudencia relacionada con estos productos generalmente clasificados en la Clase Internacional 5 de la Clasificación de Niza; para el caso en Estados Unidos, territorio importante para el mercado de productos farmacéuticos, independientemente de que estas recomendaciones no son vinculantes, resulta lógico pensar que si el FDA no aprueba el nombre del producto, mal haría el patrocinador en solicitar el registro de la marca ya que aún cuando fuese concedida en el mismo caso por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en Inglés), al no tener la probación del FDA el producto no podría ser comercializado en ese país. El reto para las casas farmacéuticas o patrocinadores es inmenso, ¿cómo lograrían entonces crear una marca o nombre para un producto en el que, en consideración de los principales mercados, pueda superar aquellas regulaciones o reglamentaciones y normas técnicas y luego efectivamente obtener un registro de propiedad industrial de esa marca o nombre? La respuesta no es sencilla, sin embargo se podría considerar la creación de una especie de banco de marcas registradas que permita en uno u otro caso escoger el nombre o marca aplicable a un producto determinado que pueda superar estas recomendaciones. Ahora bien, esta posibilidad tendría que aparejarse a la determinación estratégica de priorización de territorios.

 El tema ha despertado como es usual en esta industria una serie de debates, se aspira que con la experiencia en la medida del tiempo, podamos estar frente a las “mejores prácticas” para el bien de la sociedad médica y de los usuarios de medicamentos.

Validez de documentos otorgados en el extranjero

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Por: Ab. Verónica Chiriboga

El Código de Procedimiento Civil manda la necesidad de nombrar intérpretes para traducir documentos emitidos en idioma extranjero. De lo anterior se desprende que todo tipo de documentación otorgada en un idioma distinto al castellano, deba ser traducida para su plena validez en el Ecuador.

Ahora bien, todo tipo de traducción para ser válida en el Ecuador, debe encontrarse debidamente autenticada, trámite que debe ser llevado a cabo ante Notario Público.

Además de la exigencia del idioma, todo documento otorgado en el extranjero debe ser debidamente legalizado en el país del otorgamiento. Existen dos tipos de legalización: mediante Apostilla[1] o ante el Consulado del Ecuador del país de otorgamiento, bastando optar por una u otra opción, y es que gracias a la Apostilla (tipo de legalización establecido en el Convenio de la Haya) ha sido factible suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros. De acuerdo al Convenio, son documentos públicos extranjeros:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales;

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Por tanto, vale la pena tener en cuenta que para poder presentar válidamente un documento otorgado en el extranjero en el Ecuador, éste debe ser previamente legalizado y traducido al castellano. La traducción puede tener lugar directamente en el lugar de otorgamiento o a su arribo al Ecuador; sin embargo, en este último caso, resulta indispensable autenticar el documento traducido ante Notario Público.

 [1] El Ecuador se adhirió a la misma mediante Decreto Ejecutivo 1700-A de 18 de mayo de 2004, publicado en el Registro Oficial 410 de 31 de agosto de 2004. El convenio entró en vigencia en Ecuador el 2 de abril de 2005.

Nuevo Código del Trabajo: Principales cambios dentro de la legislación laboral

Autor: Ab. David Nájera

El 1 de mayo de 2014, el Ministro de Relaciones Laborales entregó a la Presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. Este cuerpo normativo de 528 artículos enuncia los siguientes temas de trascendencia: Vinculación de empresas, responsabilidad laboral extendida a personas que hagan uso de los servicios de contratistas y responsabilidad conjunta de accionistas.

En cuanto a la vinculación de empresas, el artículo 28 del proyecto de Código dispone que en caso que varias personas jurídicas estén bajo la dirección, control o administración de otras, serán solidariamente responsables en cuanto a temas laborales. Es decir que, todas las empresas que se encuentren vinculadas tendrán que responder por las obligaciones laborales como si fuesen una sola. Concepto conocido como responsabilidad solidaria, definida como una obligación conjunta sobre una misma deuda u obligación, cuya exigibilidad se extiende a sujetos distintos al deudor principal. Bajo esta figura se pretende garantizar el cumplimiento de la obligación empleador-empleado, y respaldar al trabajador en caso de cualquier incumplimiento.

Por otro lado, la responsabilidad laboral extendida a personas que hagan uso de los servicios de contratistas, se refiere a que una persona que suscriba un contrato civil con un contratista para la remodelación de un bien inmueble, por ejemplo, es también responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el contratista con sus trabajadores. Lo que se pretende es buscar una protección más amplia para el trabajador; sin embargo, no se puede desconocer una posible afectación a las personas que utilicen servicios de contratistas por un posible incumplimiento laboral. Lo anterior debido a que tal y como está redactado el artículo en el proyecto de ley, se obliga a responder por las obligaciones del empleador a entes relacionados con éste (que al momento se encuentran ajenos a la relación laboral entre dicho empleador y sus trabajadores).

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad conjunta de los accionistas, el artículo 18 literal f) del proyecto de código dispone que el empleador, sus representantes, socios y accionistas son solidariamente responsables en sus relaciones laborales con el trabajador. Sobre este artículo cabe realizar dos apreciaciones importantes. La primera, desnaturaliza la figura legal de socio dispuesta en el artículo 143 de la Ley de Compañías que establece que el socio de una compañía responde únicamente hasta el monto de su aporte. Sin embargo, se observa que en temas laborales, tal precepto es inaplicable. Segundo, crea situaciones en las cuales un socio que tenga un porcentaje minoritario dentro de una compañía pueda ser obligado al pago del total de las obligaciones laborales de una empresa.

Cabe resaltar que este proyecto está en etapa de edición e incorporación de varios comentarios por parte de las asociaciones de trabajadores y empleadores. Por lo que, este texto está sujeto a cambios o eventuales reformas. El texto está previsto entrar al trámite legislativo de aprobación en el mes de octubre.

La Fijación de Política de Precios del Agua

Autor: Ab.Santiago Mosquera

El segundo inciso del artículo 101 del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua advierte un posible conflicto de normas en el Ecuador. Dicho proyecto contempla la capacidad de la “Autoridad competente” para establecer políticas de precios para la venta al público del agua envasada captada directamente de la fuente natural o subterránea.

El texto del segundo inciso del Art. 101 es el siguiente:

El envasado de agua captada directamente de la fuente natural o subterránea, tendrá una tarifa diferenciada que será determinada en el Reglamento a esta ley y que tendrá en cuenta el volumen de agua envasada. La autoridad competente, previo informe de la autoridad Única del agua, establecerá políticas de precios para la venta al público del agua envasada. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

La posible aplicación de dicha disposición constituiría una infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su artículo 9 numeral 6, toda vez que podría ser encasillada como una práctica de abuso de poder de mercado, no incluida dentro de las salvedades que dicha ley otorga al sector público en su artículo 28. Lo anterior, ya que el texto del artículo no establece el propósito que persigue dicha disposición como para poder encasillarla dentro de las restricciones a la competencia permitidas por ley.

El texto del Artículo 9 numeral 6 es el siguiente:

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son:

6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de precios. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

El artículo 28 de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado incluye en su texto las siguientes restricciones a la competencia:

Art. 28.- Aplicación de restricciones.- Será admisible el establecimiento de restricciones a la competencia mediante resolución motivada de la Junta de Regulación, por razones de interés público, en cualquier sector de la economía nacional, en los siguientes casos:

1. Para el desarrollo de un monopolio estatal en favor del interés público;

2. Para el desarrollo de sectores estratégicos de conformidad con la Constitución de la República;

3. Para la prestación de servicios públicos de conformidad con la Constitución de la República;

4. Para el desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional; y,

5. Para la implementación de iniciativas de acción afirmativa a favor de la economía popular y solidaria.

Procederá el establecimiento de restricciones a la competencia cuando se generen beneficios específicos, concretos y significativos para la satisfacción del interés general, en el ámbito o industria en la que se establezcan, se incremente la eficiencia y se generen beneficios a favor de los consumidores o usuarios, que justifiquen la aplicación de las mismas.

En este sentido, salvo que prodigiosamente se subsuma la fijación de precios a una o más de las condiciones establecidas en la ley como lícitas restricciones a la competencia, estaríamos frente a un conflicto normativo, razón por la cual resulta pertinente que se reformule el texto del artículo 101 del proyecto de ley eliminando la facultad para fijar o establecer precios para la venta al público de agua envasada. De esta manera se precautelará la concordancia del sistema jurídico ecuatoriano.