Acerca de Falconi Puig Abogados

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Protección Jurídica del Secreto Empresarial, ¿Obligatoriedad o Mercado Equilibrado?

Destacado

Por: Abg. Mario Ruiz

Desde que comenzó la comercialización de bienes y servicios que han sido demandados por los consumidores, las compañías han buscado formas para hacer que sus productos sean siempre los primeros a ser escogidos por sobre otros que ofrecen sus competidores. Estas formas y técnicas que caracterizan a los productos o servicios de una determinada compañía son conocidas como secretos empresariales.

Antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM), en el Ecuador existía una forma de protección al secreto empresarial de productores conocida como información no divulgada; la misma que se depositaba ante la autoridad administrativa a cargo, para amparar esta de cualquier persona que de manera mal intencionada opte por tomar cualquiera de sus destrezas y utilizarlas en beneficio propio. No obstante, con la expedición de la LORCPM, ésta protección fue trasladada a este cuerpo legal, no por el hecho de ser considerada algo sumamente beneficioso para los productores, sino por el hecho de que el Estado ha tomado la política de proteger, no al productor ni tampoco al consumidor, sino directamente al mercado y al equilibrio económico. Tras este cambio, intuimos que el legislador ha concluido que esta información genera un derecho del cual goza su titular o propietario, por lo que si una persona trata de obtener un secreto, estaría frente a la violación de un derecho.

Por esto, vemos que el secreto empresarial debe necesariamente estar protegido, más aun si esto es un derecho que no puede ser transgredido por otra persona. En razón de aquello, la LORCPM ha establecido una disposición que expresa en su artículo 27, en donde de manera clara, prohíbe la obtención ilegítima de información, dando el carácter de una práctica anticompetitiva que puede llegar a ser sancionada. Si esta información es de fácil acceso y no cuenta con el carácter de confidencial, es porque así su titular no quiso hacerlo, pero si por otro lado, la información esta resguardada y no quiere ser revelada por parte de su titular entonces mal haría otro operador en intentar conseguirla, por lo que esto sería considerado como un acto anti competitivo.

Por otro lado, hacemos mención al artículo 52 de la Constitución de la República, el cual garantiza la salud de los consumidores por medio de la entrega de información veraz y precisa del producto hacia los consumidores, pero además establece sanciones y oportunidades de reclamo de indemnizaciones en el evento de que la información que se provea no sea real.

Por motivos lógicos y legales, los consumidores de un determinado bien o servicio, tienen derecho pleno a recibir bienes o servicios de óptima calidad que cuenten con información precisa de su contenido y características. Sin embargo, ¿Es necesario que este requerimiento de dar información veraz y precisa puede ir en contra de los principios del secreto comercial e industrial y de la información confidencial de un operador económico? En este caso, el derecho de los productores de resguardar el secreto que hace que su producto o servicio sea escogido de primera mano por los consumidores, no debería ser revelado ante nadie ya que esto haría que cualquier persona pueda comenzar a producir este bien o servicio y por ende el operador económico que ha investigado y concluido con información que lo hace competitivo respecto de cualquier otro, se queda sin preeminencia para poder caracterizarse.

De esta manera, vemos que los individuos que contribuyan a la producción de este bien o servicio y que tienen la obligación de no difundir la información que ellos conocen sobre la producción de este, se encuentran mermados por una garantía constitucional que protege evidentemente a los consumidores sin perjuicio de que la información que puede ser veraz para el consumidor, sea información protegida.

Todo lo anterior concluye en una controversia que debería ser resuelta pronto. Por un lado tenemos al titular de una información que desea se mantenga secreta y por otro lado, está la garantía constitucional de un ciudadano a obtener información precisa sobre el contenido del producto. En este caso, ¿Cómo se debería abordar la problemática y saber cómo ponderar para resolver este cuestionamiento?

De la mano de la norma constitucional, el artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor ha establecido el derecho de los usuarios a acceder a la información completa, veraz y oportuna de las características, precio y demás información relacionada con el producto o servicio ofrecido. No obstante, ¿Podemos permitir que estos derechos del consumidor sobrepasen al secreto empresarial en todos los casos y haciendo que un mercado caiga?

Considerando que la Constitución de la República del Ecuador busca una economía justa y equitativa que se debe lograr mediante un mercado equilibrado y que compita de manera poco regulada, al tomar la garantía constitucional que se ha venido enunciando, no se puede mantener las políticas competitivas que busca el Estado. Esto ya que poco a poco los productores irían derrumbándose y por ende serán miles los que ofrecerán un mismo producto en un mismo mercado, ya que contarán con la información necesaria para tenerlo.

El tema de la garantía antes invocada se puede decir que no debería alcanzar a los secretos comerciales e industriales, o al menos no a todos, esto dependerá de cómo esté caracterizada esta información también a la luz de la legislación comunitaria. Evidentemente, si se procede conforme manda el precepto constitucional, nos veríamos abarcados plenamente en un tema de crisis económica antes que de defensa del consumidor, por lo que una vez más se debe considerar la disyuntiva de proteger en exceso al consumidor e inclusive establecer sanciones y oportunidades indemnizatorias para este o permitir que el mercado sea de libre competencia.

Acción Extraordinaria De Protección

Por: Dr. Felipe Infante

La protección de los derechos está previsto en el Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente dispone: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.” La norma que acabamos de citar contiene los fundamentos doctrinarios que se requieren para interponer la acción extraordinaria de protección en contra del fallo o resolución que vulneren derechos constitucionales protegidos por la propia Constitución.

El Art. 11, numeral 3 de la Constitución en vigencia prevé que los derechos y garantías establecidos en la misma y en los instrumentos internacionales  de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para alcanzar los propósitos antes mencionados, precisamente lo previsto en el Art. 429 de la Constitución, designa a la Corte Constitucional  como supremo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Además, para una mejor aplicación, en el Art. 437 ibídem, encontramos los requisitos formales que se deben cumplir para su presentación en el máximo órgano de control constitucional.

Lo que preocupa a la mayoría de ecuatorianos es que muchos profesionales están utilizando a la Corte Constitucional para la ingrata tarea de dilatar y demorar los juicios, pues, de todas las resoluciones de casación que dicta la Corte Nacional, proponen acción extraordinaria de protección, como si se tratara de un tribunalde tercera instancia, lo cual repercute en un represamiento de causas pendientes de despacho.

Museo de la Imitación de la Unión de Fabricantes

Por: Dra. Cecilia Falconi

Creado en 1951, el Museo de la Imitación de la Unión de Fabricantes de Paris, 16 rue de la Faisanderie, expone, a lo largo de un interesante recorrido, 500 imitaciones de productos de origen francés, lo que nos permite a los visitantes entender el fenómeno y la naturaleza de la falsificación.

Vitrinas nítidamente montadas exponen el producto original y, junto a éste, el producto fruto de la imitación. La mayor parte de las colecciones han sido donadas al Museo por parte de las propias casas productoras, mientras que la mayoría de objetos falsificados expuestos son consignados en el Museo por la Aduana Francesa. La muestra comparativa es muy completa y se detalla la fecha de fabricación del producto original, así como el año y lugar en los que los productos imitados fueron aprehendidos. En los casos de productos de marcas de alto renombre, se llega a la prolijidad de  mostrar la colección específica, precisando la serie, la creación del modelo, el autor de dicha creación, etc., como es  el caso de las carteras o bolos de damas Luis Vuitton, cuyo objeto original lo observamos en la fotografía siguiente, con sus particulares especificaciones:

Sac à  main Keepall 55, creado en 1930; originalmente llamado “tientout”.

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El producto falsificado también se puede observar, bajo la identificación interna con el código 14-95. La etiqueta que se despliega con la palabra PREMIER es la originaria que llevó el producto falsificado. Este producto fue decomisado en la Aduana de Roissy en el año 2005.

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Existe en este Museo un despliegue de productos de la más amplia variedad: cosméticos, relojes y accesorios, prendas de vestir, alimentos, partes y piezas automotrices, asistentes de cocina, e incluso obras de arte. A continuación los ejemplos que más nos han llamado la atención:

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Esta muestra de infracción, por falsificación de los cosméticos Mac, previene a los visitantes sobre la composición química del producto falsificado, y alerta sobre el daño que podría causar a la piel.

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Como observamos, los fabricantes de productos alimenticios también son afectados por infracción a sus derechos de propiedad industrial. Los productos identificados con las famosas marcas Lea & Perkins, Tabasco, Danone, entre otros, no están exentos de estas malas prácticas.

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cfp6Otro ejemplo son las partes y piezas de vehículos, manifiesto en las fotos arriba incorporadas.

La Unión de Fabricantes para la protección de las marcas de fábrica fue reconocida mediante Decreto titulado Décret reconnaissant celle Société Etablissement d´   utilité  publique en Paris el 28 de mayo de 1877  y está firmado por el Ministro de la Agricultura y del Comercio, C. de Meaux, en representación de la Republica Francesa.

Entre sus objetivos fundamentales, que constan en el dossier puesto a consideración de los visitantes, se manifiesta la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de las implicaciones económicas, sanitarias, legales y penales de la ¨Contrefaçon¨, término francés para nombrar a la imitación.

Presidentes de la Unión de Fabricantes han sido legendarios creadores, productores e industriales, como C. Christofle, Laroche-Joubert, E. Dupont, L. Vaouez, J.L. Vuitton entre otros destacados visionarios emprenderos de la industria francesa, lo que nos da una pauta de la trascendencia de la organización.

Al abandonar el Museo pienso que una de las maneras auténticas y legítimas para elevar la sensibilidad de la sociedad, no es la mera confiscación, sino la exposición argumental, y en este caso lúdica, de un tema que no es de exclusivo interés para fabricantes o productores. Creo que los grandes creadores tienen derecho, en el arte, en la creatividad y en la vida, a que su obra no sea violentada.

Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos

Destacado

Por: Ab. Verónica Chiriboga

1 ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

Procurar que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias pendientes vencidas hasta el 31 de marzo de 2015.

 2 ¿A quién está dirigida la mencionada Ley? quiénes pueden beneficiarse de ella?

Todos aquellos contribuyentes que tengan pendiente el pago de intereses, multas y recargos derivados de deudas, cuotas RISE, impuestos vehiculares, declaraciones y anexos pendientes, tributos locales de los gobiernos autónomos descentralizados y créditos del Banco Nacional de Fomento, en este último caso siempre que el capital sea de hasta US$15.000

3 ¿Qué procedimiento se debe realizar para aplicar la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

De manera general, el contribuyente deberá realizar la declaración respectiva, indicar 0 en las casillas correspondientes a intereses y multas (o el 50% del valor de los mismos dependiendo de la fecha de pago conforme se señala a continuación), y cumplir con el pago del tributo.

4 ¿Cómo se aplica el calendario de pagos y los porcentajes de remisión de intereses, multas y recargos?

a) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza hasta el 28 de julio de 2015, existirá la remisión de la totalidad de los intereses en mora, multas y recargos

b) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza después del 28 de julio de 2015 y antes del 9 de septiembre de 2015, existirá la remisión de la mitad de los intereses en mora, multas y recargos

Si tiene alguna duda con respecto de cómo beneficiarse de esta ley conocida como Amnistía Tributaria, Falconi Puig Abogados está a su disposición para cualquier inquietud sobre este tema.

COMPAÑÍAS ECUATORIANAS: OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL AÑO 2015

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Por: Ab. María Isabel Machado

En el año 2014 e inicios del 2015, se aprobaron reformas a Leyes y Reglamentos que tienen incidencia en las compañías ecuatorianas, dentro de las cuales las principales que se deberán tener en cuenta:

1. Juntas Generales de Socios o Accionistas[1]: Las Juntas Generales de Socios/Accionistas, ya sean Ordinarias, Extraordinarias, o Universales, deberán ser grabadas en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la Junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente.

Adicionalmente, se da la posibilidad de que los accionistas o socios participen en la Junta a través de video conferencia, siendo responsable que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación.

En relación a la convocatoria, ésta se realizará en la misma fecha en que aparezca la publicación de la convocatoria por la prensa o se realice la convocatoria personal, conjuntamente mediante notificación enviada a los correos electrónicos que los socios o accionistas y comisarios deberán registrar en la compañía.

2. Declaración del Formulario 101[2]: Dentro de los documentos que están obligadas a presentar las compañías, a la Superintendencia de Compañías y Valores correspondientes al período 2014, en lo referente a la entrega de estados financieros, ésta se realizará en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), simplificando la entrega de esta información a las dos instituciones por medio del formulario 101.

Con la presentación anual del Formulario 101 ante el SRI por parte de las compañías, se considerará que se ha cumplido la obligación prevista en la Ley de Compañías y Reglamentos, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales.  La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros seguirá recibiendo los Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos a los estados financieros, así como los señalados en la Ley de Compañías y Reglamento que no estén comprendidos en el formulario 101.

Por otro lado,  los administradores de compañías deberán recordar los demás documentos requeridos anualmente por la Superintendencia de Compañías y Valores anualmente, deberán ser ingresados en línea a través del Portal Web de la Institución,.

Actualmente, ya no sería necesaria la presentación en físico que fueron requeridos para la obtención del usuario y la clave de acceso, como son los formularios, comprobante de pago de servicios básicos para su obtención, ya que se realizará todo el trámite en línea, permitiendo que el proceso sea más ágil y fácil para el usuario, y así cumplir con sus obligaciones.

3. Transferencia de Acciones/participaciones: A partir de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, el 29 de diciembre de 2014, es obligación de las compañías reportar al Servicio de Rentas Internas sobre la transferencia de su paquete accionario o participaciones, ya sea que se realice en forma directa o indirecta.

En relación a la obligación que tienen las compañías de notificar al SRI sobre las transferencias mencionadas, hasta el momento no se han establecidos los plazos,  forma y contenido de la notificación.

Por otro lado, la utilidad que reciben las personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador por la transferencia de acciones o participaciones, deberán ser incluidas en su declaración del impuesto a la renta, y por lo tanto, este impuesto no deberá ser cancelado ni declarado al momento de que se produce la transferencia de acciones, sino al finalizar el año fiscal, y deberá realizarse al momento en que las compañías envíen la notificación al SRI.

4. Modalidad Típica de Contrato de Trabajo: Con la reforma al Código de Trabajo del 20 de abril de 2015, se considera al contrato individual de trabajo a tiempo indefinido como la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente. En este sentido, se eliminan los contratos a plazo fijo y éstos celebrados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley[3], continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, hasta el 01 de enero de 2016.

Con ésta reforma se elimina también la posibilidad de dar por terminada la relación laboral, solicitada por el empleador, a través del desahucio.  Como se menciona en el párrafo anterior esta posibilidad quedará solo para los contratos que fueron celebrados con anterioridad al 20 de abril de 2015.

[1]Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta. R.O. 371, 10 de noviembre de 2014.

[2]Reglamento Sobre la Información Y Documentos que están Obligadas a Remitir Anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores Y Seguros, las Sociedades Sujetas a su Control y Vigilancia, Art. 2. R.O. 30 de marzo 2015.

[3]Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. R.O.  483, 20 de abril de 2015.

 

2015 ANA Advertising Law & Public Policy Conference en Washington DC.

Destacado

2015 ANA Advertising Law & Public policy Conference

Durante la conferencia de ANA 2015 en Washington DC, Carlos Alberto Arroyo del Río, managing partner de Falconi Puig Abogados, moderó un panel que incluyó reconocidos abogados del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El panel de GALA (Global Advertising Law Alliance) fue sobre :”MEETING THE CHALLENGES OF PRODUCING COMMERCIAL OVERSEAS”.

Publicidad: ¿Gasto o Inversión?

Por: Ab. María Cristina Guerra.

Los gastos por promoción y publicidad, antes considerados como gastos operativos y por lo tanto deducibles, han sido objeto de las últimas reformas gubernamentales en materia tributaria, que disponen un límite del 4% para su deducibilidad y en otros casos los consideran como no deducibles, cuando se refieran a publicidad de alimentos con contenido hiperprocesado, de acuerdo a las condiciones establecidas en varias reformas (algunas confusas y contradictorias) emitidas desde finales del año pasado.

La Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, publicado en el Registro Oficial (suplemento) No. 405 del 29 de diciembre de 2014,  dispone agregar, entre otros, el numeral 19 al Art. 10 a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno[1], el cual señala que si bien pueden ser deducibles los costos y gastos por promoción y publicidad, no podrán hacerlo los contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado.

El 31 de diciembre de 2014, se expide el Reglamento a la ley antes referida, el cual realiza varias reformas. Respecto del tema que nos compete, en el Art. 9 se dispone la reforma del Art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la  Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno,  señalando que los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 4% del total de ingresos gravados del contribuyente, pero que este límite no será aplicable en el caso de erogaciones incurridas por:

i. Micro y pequeñas empresas; ii. Contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de promoción y publicidad como su actividad habitual, excepto los que se incurran para su propio beneficio; iii. La oferta o colocación de bienes y servicios de producción nacional, en mercados externos; iv. La oferta de turismo interno y receptivo. 

En esta última reforma, al igual que la  Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, se excluye de los deducibles a los rubros incurridos por concepto de promoción y publicidad de alimentos preparados con contenido hiperprocesado; sin embargo, si bien se establece lo que debe entenderse por este tipo de productos, esta definición se prestaba a confusiones debido a su inexactitud. 

Frente a la incertidumbre que generó la falta de precisión de ambas normas, con fecha 5 de marzo de 2015, mediante circular No. 5 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 452[2], se define y se hace una distinción entre “alimentos preparados”, “alimentos naturales”, “alimentos procesados” y “alimentos hiperprocesados”: 

a. Son alimentos preparados aquellos elaborados, semielaborados o crudos, que requieran o no mantenerse calientes, refrigerados o congelados, que estén destinados al consumo humano y se expendan en locales de comida (restaurantes, bares y similares), utilizando para el efecto productos naturales, procesados e hiperprocesados.

b. Son alimentos naturales aquellos que se utilizan tal como se presentan en la naturaleza (carnes en estado natural, frutas, hojas verdes, semillas, huevos, leche, etc.), que no hayan sufrido transformación en sus caracteres o en su composición, pudiendo ser sometidos a procesos prescritos por razones de higiene, o los necesarios para la separación de partes no comestibles; la sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, la limpieza para remover las partes no comestibles, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos, el faenamiento, el cortado, el secado, el pasteurizado y el empaque, no se considerarán procesamiento. 

c. Son alimentos procesados aquellos productos alimenticios naturales o artificiales, que para el consumo humano han sido sometidos a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y conservación; de manera adicional este tipo de alimentos se distribuyen y comercializan generalmente en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada.

El término alimento procesado, se extiende a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios.

d. Son alimentos hiperprocesados aquellos productos que se modifican por la adición de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos, los cuales cambian la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su duración y hacerlos más atractivos o agradables. Son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento natural y son el resultado de una tecnología sofisticada que incluyen procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, moldeado, remodelado, entre otros.

 De esta puntualización, se establecen los siguientes criterios para la deducibilidad:

a.  Los contribuyentes que expendan alimentos preparados que en su elaboración utilicen alimentos catalogados como hiperprocesadosno podrán deducirse rubro alguno por concepto de gastos de promoción y publicidad.

b. Todos los contribuyentes considerados como grandes y medianas empresas, que no estén contemplados en el literal anterior, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, podrán deducir los gastos de promoción y publicidad hasta un monto equivalente al 4% de sus ingresos gravados del ejercicio fiscal correspondiente.

c. Los contribuyentes catalogados como micro y pequeñas empresas, que no estén contemplados en el literal a) de este numeral, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, así como, aquellos que coloquen cualquier tipo de alimentos, inclusive hiperprocesados, de producción nacional en mercados externos, podrán deducirse la totalidad de sus costos y gastos de promoción y publicidad, siempre que cumplan las demás disposiciones tributarias vigentes.

En virtud de lo expuesto, la no deducibilidad de los costos y gastos de promoción y publicidad estará ligada al cumplimiento simultáneo de dos condiciones: 1. El servicio de expendio de alimentos preparados en restaurantes, locales de comida rápida, bares y similares; y, 2. La utilización, para la preparación de estos alimentos, de ingredientes con contenido hiperprocesado.

El resaltado me pertenece.

Sin perjuicio de las definiciones realizadas en la circular, es en el último párrafo donde se aclara finalmente qué contribuyentes no pueden deducir este rubro de sus impuestos: i) quienes provean el servicio de expendio de alimentos “preparados” como son los restaurantes o locales de comida rápida, ii) que en su elaboración se utilicen ingredientes con contenido “hiperprocesado”, como por ejemplo sal, azúcar, preservantes y/o aditivos.

Con respecto a la publicidad, antes considerada como un gasto operativo y por lo tanto deducible, con las comentadas reformas, las empresas que no se encasillen dentro de las excepciones y aquellas que se dediquen a expender alimentos preparados con contenido hiperprocesado, seguramente evaluarán la conveniencia de reducir el gasto publicitario o si a pesar de la no deducibilidad, lo mantienen por considerarlo como una inversión más que un gasto dado el beneficio intangible que devuelve la difusión publicitaria de los productos y servicios ofrecidos. Probablemente esta nueva disposición, no influya en la reducción de la intensidad de las campañas publicitarias de las grandes cadenas y las empresas afectadas por la reforma quizás opten por incrementar su promoción a través de canales no tradicionales como las redes sociales, cuyo retorno ha resultado ser muchas veces más efectivo con una inversión menor.

Como fue señalado por el gobierno[3], la presente medida pretende reemplazar  el impuesto que se pensaba imponer sobre la comida chatarra, bajo la premisa de reducir los índices de obesidad y problemas cardíacos de la población, cuando lo que debería hacerse es promover campañas para promover hábitos de consumo saludables e incentivar a aquellas empresas que expenden alimentos preparados a base de ingredientes hiperprocesados para que  incluyan en su oferta alimentos sanos. Considero que en el fondo la medida persigue aumentar la recaudación fiscal (ante el déficit presupuestario) bajo el compromiso de velar por la salud de los consumidores.

[1] http://www.silec.com.ec/

[2] Ibidem.

[3] http://expreso.ec/expreso/plantillas/

XL JORNADAS JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ESCOVAR

Destacado

Nos complace anunciar la participación del  Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, managing partner de Falconi Puig Abogados, con el tema Valoración de Intangibles en las  XL JORNADAS JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ESCOVAR como homenaje a la memoria del  Dr. Ricardo Antequera Parilli. El tema central será “La Propiedad Intelectual como herramienta de competitividad. Retos en una economía globalizada” que se llevará a cabo en Barquisimeto, Venezuela del 12 al 14 de marzo 2015. Para mayor información: Afiche Jornadas RAP 2015Afiche Jornadas RAP 2015 (2)

¿Cómo acceder a la información pública en el Ecuador?

Destacado

Por: Diego Villamar Dávila

Antecedentes

El derecho de petición en el Ecuador ha sido reconocido a nivel normativo desde hace largo tiempo, como se puede constatar incluso en los textos constitucionales expedidos desde la primera década de conformación republicana[1].

No obstante, con respecto al ejercicio de lo que ha terminado por considerarse como una derivación particular del derecho de petición: el derecho de acceso a la información pública[2], debemos anotar que las complejidades prácticas para el ciudadano, derivadas de la ausencia de regulaciones normativas específicas, de correlativas trabas burocráticas, y de las cambiantes necesidades tecnológicas y sociales con respecto al acceso a la información pública, han llevado a modificaciones sustanciales sobre este aspecto, de manera especial durante la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000.

Así, el ejercicio del derecho de petición fue impulsado por la Ley de Modernización del Estado de 1993[3], y la Constitución Política de la República de 1998[4] incluyó la garantía constitucional del Hábeas Data, que aunque comportó un avance significativo, se limitaba al acceso a datos personales del solicitante. Sin embargo, el artículo 81 de dicho cuerpo constitucional abordó la garantía del acceso a fuentes de información, y fundamentalmente, estableció que no existiría reserva de información que repose en archivos públicos, salvo para documentos legalmente declarados reservados por razones de defensa nacional.

En 2004, fue expedida la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública[5], que introdujo notables avances normativos, que permitirían a los particulares ejercer con mayor efectividad el derecho de acceso a la información pública.

A ello debe añadirse que la Constitución de la República de 2008 recoge en su normativa varios avances precedentes.

Vías de acceso a la información pública

1. Procedimiento informal

En este caso, la solicitud de información debe ser dirigida de manera directa al funcionario que podría proporcionarla, en lugar de ser dirigida al titular de la correspondiente institución pública.

Las ventajas derivadas de esta opción radican en su eficacia, celeridad e inmediatez, pues en la práctica existe un alto número de acciones de acceso a la información pública que son rechazadas por la vía de la justicia constitucional. A ello se agrega que optar primero por esta vía permite preparar un eventual recurso administrativo con mejores fundamentos.

2. Procedimiento administrativo

Esta vía encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de la LOTAIP, y consiste en una solicitud escrita, formal, dirigida al titular de la correspondiente institución, que tiene la obligación de contestar en el plazo perentorio de 10 días, prorrogable por 5 más por causas debidamente justificadas.

Se debe destacar que con frecuencia los recursos de acceso a la información en sede jurisdiccional resultan negados porque la acción administrativa no fue dirigida al titular de la institución que posee la información; por tanto, en caso de incertidumbre es recomendable requerir la información, de manera concurrente, a quienes eventualmente podrían ser titulares de la misma.

Por otra parte, debemos anotar que aunque la LOTAIP no refiere la posibilidad de delegar la responsabilidad de contestar las solicitudes de acceso, su Reglamento sí prevé el escenario de una delegación para representantes regionales o provinciales.

 3. Procedimiento judicial

La vía jurisdiccional se fundamenta en el artículo 91 de la Constitución de la República, artículo 22 de la LOTAIP y artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La LOTAIP dispone que, sin perjuicio de la acción constitucional (hoy acción de protección), el requirente puede proponer un “recurso” de acceso a la información[6] en términos muy abreviados, ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio de quien posee la información.

De tal modo, podría ocurrir que el requirente se encuentre ante la posibilidad de elegir entre varias opciones, sin que ninguna sea subsidiaria a otra: acción de acceso a la información pública, acción de protección, hábeas data o medida cautelar constitucional.

De cualquier manera, es necesario tomar en cuenta que cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales posibles reviste un grado mayor de complejidad con respecto a las opciones descritas en los numerales 1 y 2, y que, la vía a seguir debe ser cuidadosamente analizada, contando con parámetros técnicos que tiendan a evitar un rechazo de la medida adoptada

[1] Véase art. 66 de la Constitución Política de 1830: art. 104 de la Constitución Política de 1835.

[2] Cfr. Sentenciaemitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el 21 de Junio de 2007 (Suplemento R.O. 112 del 9 de julio de 2007), dentro del caso No. 015-2006.

[3]Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado.

[4]Art. 94 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998

[5]R.O. Suplemento 337, 18 de mayo de 2004

[6]Mal llamado recurso, pues se trata en realidad de una acción.

Recognition: World Trademark Review 1000

World Trademark Review 1000 has again ranked Falconi Puig in its Gold tier for 2015. We are proud to be referred to as “among the most popular choices for opposition proceedings and litigation” and as “a go-to firm for both domestic clients in expansion mode and international companies with cross-border concerns”. Please take a moment to read the full text here.