Acerca de Falconi Puig Abogados

Estudio jurídico domiciliado en Quito-Ecuador. Contamos con 42 años de experiencia asesorando a clientes locales y extranjeros. Nos especializamos en Propiedad Intelectual, Derecho Publicitario, Derecho de la Competencia, Transferencia de Tecnología, Reglamentos y Normas Técnicas, Litigios, Arbitraje y Mediación, Contratación Pública, Derecho Societario, Derecho Administrativo, Comercial, Asuntos Legislativos, Civil, Banca y Serguros, Constitucional entre otras áreas de práctica. Para más información visitar nuestra página web www.falconipuig.com o contactarnos a mail@falconipuig.com

Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos

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Por: Ab. Verónica Chiriboga

1 ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

Procurar que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias pendientes vencidas hasta el 31 de marzo de 2015.

 2 ¿A quién está dirigida la mencionada Ley? quiénes pueden beneficiarse de ella?

Todos aquellos contribuyentes que tengan pendiente el pago de intereses, multas y recargos derivados de deudas, cuotas RISE, impuestos vehiculares, declaraciones y anexos pendientes, tributos locales de los gobiernos autónomos descentralizados y créditos del Banco Nacional de Fomento, en este último caso siempre que el capital sea de hasta US$15.000

3 ¿Qué procedimiento se debe realizar para aplicar la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?

De manera general, el contribuyente deberá realizar la declaración respectiva, indicar 0 en las casillas correspondientes a intereses y multas (o el 50% del valor de los mismos dependiendo de la fecha de pago conforme se señala a continuación), y cumplir con el pago del tributo.

4 ¿Cómo se aplica el calendario de pagos y los porcentajes de remisión de intereses, multas y recargos?

a) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza hasta el 28 de julio de 2015, existirá la remisión de la totalidad de los intereses en mora, multas y recargos

b) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza después del 28 de julio de 2015 y antes del 9 de septiembre de 2015, existirá la remisión de la mitad de los intereses en mora, multas y recargos

Si tiene alguna duda con respecto de cómo beneficiarse de esta ley conocida como Amnistía Tributaria, Falconi Puig Abogados está a su disposición para cualquier inquietud sobre este tema.

COMPAÑÍAS ECUATORIANAS: OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL AÑO 2015

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Por: Ab. María Isabel Machado

En el año 2014 e inicios del 2015, se aprobaron reformas a Leyes y Reglamentos que tienen incidencia en las compañías ecuatorianas, dentro de las cuales las principales que se deberán tener en cuenta:

1. Juntas Generales de Socios o Accionistas[1]: Las Juntas Generales de Socios/Accionistas, ya sean Ordinarias, Extraordinarias, o Universales, deberán ser grabadas en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la Junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente.

Adicionalmente, se da la posibilidad de que los accionistas o socios participen en la Junta a través de video conferencia, siendo responsable que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación.

En relación a la convocatoria, ésta se realizará en la misma fecha en que aparezca la publicación de la convocatoria por la prensa o se realice la convocatoria personal, conjuntamente mediante notificación enviada a los correos electrónicos que los socios o accionistas y comisarios deberán registrar en la compañía.

2. Declaración del Formulario 101[2]: Dentro de los documentos que están obligadas a presentar las compañías, a la Superintendencia de Compañías y Valores correspondientes al período 2014, en lo referente a la entrega de estados financieros, ésta se realizará en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), simplificando la entrega de esta información a las dos instituciones por medio del formulario 101.

Con la presentación anual del Formulario 101 ante el SRI por parte de las compañías, se considerará que se ha cumplido la obligación prevista en la Ley de Compañías y Reglamentos, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales.  La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros seguirá recibiendo los Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos a los estados financieros, así como los señalados en la Ley de Compañías y Reglamento que no estén comprendidos en el formulario 101.

Por otro lado,  los administradores de compañías deberán recordar los demás documentos requeridos anualmente por la Superintendencia de Compañías y Valores anualmente, deberán ser ingresados en línea a través del Portal Web de la Institución,.

Actualmente, ya no sería necesaria la presentación en físico que fueron requeridos para la obtención del usuario y la clave de acceso, como son los formularios, comprobante de pago de servicios básicos para su obtención, ya que se realizará todo el trámite en línea, permitiendo que el proceso sea más ágil y fácil para el usuario, y así cumplir con sus obligaciones.

3. Transferencia de Acciones/participaciones: A partir de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, el 29 de diciembre de 2014, es obligación de las compañías reportar al Servicio de Rentas Internas sobre la transferencia de su paquete accionario o participaciones, ya sea que se realice en forma directa o indirecta.

En relación a la obligación que tienen las compañías de notificar al SRI sobre las transferencias mencionadas, hasta el momento no se han establecidos los plazos,  forma y contenido de la notificación.

Por otro lado, la utilidad que reciben las personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador por la transferencia de acciones o participaciones, deberán ser incluidas en su declaración del impuesto a la renta, y por lo tanto, este impuesto no deberá ser cancelado ni declarado al momento de que se produce la transferencia de acciones, sino al finalizar el año fiscal, y deberá realizarse al momento en que las compañías envíen la notificación al SRI.

4. Modalidad Típica de Contrato de Trabajo: Con la reforma al Código de Trabajo del 20 de abril de 2015, se considera al contrato individual de trabajo a tiempo indefinido como la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente. En este sentido, se eliminan los contratos a plazo fijo y éstos celebrados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley[3], continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, hasta el 01 de enero de 2016.

Con ésta reforma se elimina también la posibilidad de dar por terminada la relación laboral, solicitada por el empleador, a través del desahucio.  Como se menciona en el párrafo anterior esta posibilidad quedará solo para los contratos que fueron celebrados con anterioridad al 20 de abril de 2015.

[1]Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta. R.O. 371, 10 de noviembre de 2014.

[2]Reglamento Sobre la Información Y Documentos que están Obligadas a Remitir Anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores Y Seguros, las Sociedades Sujetas a su Control y Vigilancia, Art. 2. R.O. 30 de marzo 2015.

[3]Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. R.O.  483, 20 de abril de 2015.

 

2015 ANA Advertising Law & Public Policy Conference en Washington DC.

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2015 ANA Advertising Law & Public policy Conference

Durante la conferencia de ANA 2015 en Washington DC, Carlos Alberto Arroyo del Río, managing partner de Falconi Puig Abogados, moderó un panel que incluyó reconocidos abogados del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El panel de GALA (Global Advertising Law Alliance) fue sobre :”MEETING THE CHALLENGES OF PRODUCING COMMERCIAL OVERSEAS”.

Publicidad: ¿Gasto o Inversión?

Por: Ab. María Cristina Guerra.

Los gastos por promoción y publicidad, antes considerados como gastos operativos y por lo tanto deducibles, han sido objeto de las últimas reformas gubernamentales en materia tributaria, que disponen un límite del 4% para su deducibilidad y en otros casos los consideran como no deducibles, cuando se refieran a publicidad de alimentos con contenido hiperprocesado, de acuerdo a las condiciones establecidas en varias reformas (algunas confusas y contradictorias) emitidas desde finales del año pasado.

La Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, publicado en el Registro Oficial (suplemento) No. 405 del 29 de diciembre de 2014,  dispone agregar, entre otros, el numeral 19 al Art. 10 a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno[1], el cual señala que si bien pueden ser deducibles los costos y gastos por promoción y publicidad, no podrán hacerlo los contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado.

El 31 de diciembre de 2014, se expide el Reglamento a la ley antes referida, el cual realiza varias reformas. Respecto del tema que nos compete, en el Art. 9 se dispone la reforma del Art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la  Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno,  señalando que los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 4% del total de ingresos gravados del contribuyente, pero que este límite no será aplicable en el caso de erogaciones incurridas por:

i. Micro y pequeñas empresas; ii. Contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de promoción y publicidad como su actividad habitual, excepto los que se incurran para su propio beneficio; iii. La oferta o colocación de bienes y servicios de producción nacional, en mercados externos; iv. La oferta de turismo interno y receptivo. 

En esta última reforma, al igual que la  Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal, se excluye de los deducibles a los rubros incurridos por concepto de promoción y publicidad de alimentos preparados con contenido hiperprocesado; sin embargo, si bien se establece lo que debe entenderse por este tipo de productos, esta definición se prestaba a confusiones debido a su inexactitud. 

Frente a la incertidumbre que generó la falta de precisión de ambas normas, con fecha 5 de marzo de 2015, mediante circular No. 5 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 452[2], se define y se hace una distinción entre “alimentos preparados”, “alimentos naturales”, “alimentos procesados” y “alimentos hiperprocesados”: 

a. Son alimentos preparados aquellos elaborados, semielaborados o crudos, que requieran o no mantenerse calientes, refrigerados o congelados, que estén destinados al consumo humano y se expendan en locales de comida (restaurantes, bares y similares), utilizando para el efecto productos naturales, procesados e hiperprocesados.

b. Son alimentos naturales aquellos que se utilizan tal como se presentan en la naturaleza (carnes en estado natural, frutas, hojas verdes, semillas, huevos, leche, etc.), que no hayan sufrido transformación en sus caracteres o en su composición, pudiendo ser sometidos a procesos prescritos por razones de higiene, o los necesarios para la separación de partes no comestibles; la sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, la limpieza para remover las partes no comestibles, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos, el faenamiento, el cortado, el secado, el pasteurizado y el empaque, no se considerarán procesamiento. 

c. Son alimentos procesados aquellos productos alimenticios naturales o artificiales, que para el consumo humano han sido sometidos a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y conservación; de manera adicional este tipo de alimentos se distribuyen y comercializan generalmente en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada.

El término alimento procesado, se extiende a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios.

d. Son alimentos hiperprocesados aquellos productos que se modifican por la adición de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos, los cuales cambian la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su duración y hacerlos más atractivos o agradables. Son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento natural y son el resultado de una tecnología sofisticada que incluyen procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, moldeado, remodelado, entre otros.

 De esta puntualización, se establecen los siguientes criterios para la deducibilidad:

a.  Los contribuyentes que expendan alimentos preparados que en su elaboración utilicen alimentos catalogados como hiperprocesadosno podrán deducirse rubro alguno por concepto de gastos de promoción y publicidad.

b. Todos los contribuyentes considerados como grandes y medianas empresas, que no estén contemplados en el literal anterior, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, podrán deducir los gastos de promoción y publicidad hasta un monto equivalente al 4% de sus ingresos gravados del ejercicio fiscal correspondiente.

c. Los contribuyentes catalogados como micro y pequeñas empresas, que no estén contemplados en el literal a) de este numeral, incluso aquellos que elaboren, produzcan o comercialicen alimentos hiperprocesados, así como, aquellos que coloquen cualquier tipo de alimentos, inclusive hiperprocesados, de producción nacional en mercados externos, podrán deducirse la totalidad de sus costos y gastos de promoción y publicidad, siempre que cumplan las demás disposiciones tributarias vigentes.

En virtud de lo expuesto, la no deducibilidad de los costos y gastos de promoción y publicidad estará ligada al cumplimiento simultáneo de dos condiciones: 1. El servicio de expendio de alimentos preparados en restaurantes, locales de comida rápida, bares y similares; y, 2. La utilización, para la preparación de estos alimentos, de ingredientes con contenido hiperprocesado.

El resaltado me pertenece.

Sin perjuicio de las definiciones realizadas en la circular, es en el último párrafo donde se aclara finalmente qué contribuyentes no pueden deducir este rubro de sus impuestos: i) quienes provean el servicio de expendio de alimentos “preparados” como son los restaurantes o locales de comida rápida, ii) que en su elaboración se utilicen ingredientes con contenido “hiperprocesado”, como por ejemplo sal, azúcar, preservantes y/o aditivos.

Con respecto a la publicidad, antes considerada como un gasto operativo y por lo tanto deducible, con las comentadas reformas, las empresas que no se encasillen dentro de las excepciones y aquellas que se dediquen a expender alimentos preparados con contenido hiperprocesado, seguramente evaluarán la conveniencia de reducir el gasto publicitario o si a pesar de la no deducibilidad, lo mantienen por considerarlo como una inversión más que un gasto dado el beneficio intangible que devuelve la difusión publicitaria de los productos y servicios ofrecidos. Probablemente esta nueva disposición, no influya en la reducción de la intensidad de las campañas publicitarias de las grandes cadenas y las empresas afectadas por la reforma quizás opten por incrementar su promoción a través de canales no tradicionales como las redes sociales, cuyo retorno ha resultado ser muchas veces más efectivo con una inversión menor.

Como fue señalado por el gobierno[3], la presente medida pretende reemplazar  el impuesto que se pensaba imponer sobre la comida chatarra, bajo la premisa de reducir los índices de obesidad y problemas cardíacos de la población, cuando lo que debería hacerse es promover campañas para promover hábitos de consumo saludables e incentivar a aquellas empresas que expenden alimentos preparados a base de ingredientes hiperprocesados para que  incluyan en su oferta alimentos sanos. Considero que en el fondo la medida persigue aumentar la recaudación fiscal (ante el déficit presupuestario) bajo el compromiso de velar por la salud de los consumidores.

[1] http://www.silec.com.ec/

[2] Ibidem.

[3] http://expreso.ec/expreso/plantillas/

XL JORNADAS JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ESCOVAR

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Nos complace anunciar la participación del  Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, managing partner de Falconi Puig Abogados, con el tema Valoración de Intangibles en las  XL JORNADAS JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ESCOVAR como homenaje a la memoria del  Dr. Ricardo Antequera Parilli. El tema central será “La Propiedad Intelectual como herramienta de competitividad. Retos en una economía globalizada” que se llevará a cabo en Barquisimeto, Venezuela del 12 al 14 de marzo 2015. Para mayor información: Afiche Jornadas RAP 2015Afiche Jornadas RAP 2015 (2)

¿Cómo acceder a la información pública en el Ecuador?

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Por: Diego Villamar Dávila

Antecedentes

El derecho de petición en el Ecuador ha sido reconocido a nivel normativo desde hace largo tiempo, como se puede constatar incluso en los textos constitucionales expedidos desde la primera década de conformación republicana[1].

No obstante, con respecto al ejercicio de lo que ha terminado por considerarse como una derivación particular del derecho de petición: el derecho de acceso a la información pública[2], debemos anotar que las complejidades prácticas para el ciudadano, derivadas de la ausencia de regulaciones normativas específicas, de correlativas trabas burocráticas, y de las cambiantes necesidades tecnológicas y sociales con respecto al acceso a la información pública, han llevado a modificaciones sustanciales sobre este aspecto, de manera especial durante la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000.

Así, el ejercicio del derecho de petición fue impulsado por la Ley de Modernización del Estado de 1993[3], y la Constitución Política de la República de 1998[4] incluyó la garantía constitucional del Hábeas Data, que aunque comportó un avance significativo, se limitaba al acceso a datos personales del solicitante. Sin embargo, el artículo 81 de dicho cuerpo constitucional abordó la garantía del acceso a fuentes de información, y fundamentalmente, estableció que no existiría reserva de información que repose en archivos públicos, salvo para documentos legalmente declarados reservados por razones de defensa nacional.

En 2004, fue expedida la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública[5], que introdujo notables avances normativos, que permitirían a los particulares ejercer con mayor efectividad el derecho de acceso a la información pública.

A ello debe añadirse que la Constitución de la República de 2008 recoge en su normativa varios avances precedentes.

Vías de acceso a la información pública

1. Procedimiento informal

En este caso, la solicitud de información debe ser dirigida de manera directa al funcionario que podría proporcionarla, en lugar de ser dirigida al titular de la correspondiente institución pública.

Las ventajas derivadas de esta opción radican en su eficacia, celeridad e inmediatez, pues en la práctica existe un alto número de acciones de acceso a la información pública que son rechazadas por la vía de la justicia constitucional. A ello se agrega que optar primero por esta vía permite preparar un eventual recurso administrativo con mejores fundamentos.

2. Procedimiento administrativo

Esta vía encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de la LOTAIP, y consiste en una solicitud escrita, formal, dirigida al titular de la correspondiente institución, que tiene la obligación de contestar en el plazo perentorio de 10 días, prorrogable por 5 más por causas debidamente justificadas.

Se debe destacar que con frecuencia los recursos de acceso a la información en sede jurisdiccional resultan negados porque la acción administrativa no fue dirigida al titular de la institución que posee la información; por tanto, en caso de incertidumbre es recomendable requerir la información, de manera concurrente, a quienes eventualmente podrían ser titulares de la misma.

Por otra parte, debemos anotar que aunque la LOTAIP no refiere la posibilidad de delegar la responsabilidad de contestar las solicitudes de acceso, su Reglamento sí prevé el escenario de una delegación para representantes regionales o provinciales.

 3. Procedimiento judicial

La vía jurisdiccional se fundamenta en el artículo 91 de la Constitución de la República, artículo 22 de la LOTAIP y artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La LOTAIP dispone que, sin perjuicio de la acción constitucional (hoy acción de protección), el requirente puede proponer un “recurso” de acceso a la información[6] en términos muy abreviados, ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio de quien posee la información.

De tal modo, podría ocurrir que el requirente se encuentre ante la posibilidad de elegir entre varias opciones, sin que ninguna sea subsidiaria a otra: acción de acceso a la información pública, acción de protección, hábeas data o medida cautelar constitucional.

De cualquier manera, es necesario tomar en cuenta que cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales posibles reviste un grado mayor de complejidad con respecto a las opciones descritas en los numerales 1 y 2, y que, la vía a seguir debe ser cuidadosamente analizada, contando con parámetros técnicos que tiendan a evitar un rechazo de la medida adoptada

[1] Véase art. 66 de la Constitución Política de 1830: art. 104 de la Constitución Política de 1835.

[2] Cfr. Sentenciaemitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el 21 de Junio de 2007 (Suplemento R.O. 112 del 9 de julio de 2007), dentro del caso No. 015-2006.

[3]Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado.

[4]Art. 94 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998

[5]R.O. Suplemento 337, 18 de mayo de 2004

[6]Mal llamado recurso, pues se trata en realidad de una acción.

Recognition: World Trademark Review 1000

World Trademark Review 1000 has again ranked Falconi Puig in its Gold tier for 2015. We are proud to be referred to as “among the most popular choices for opposition proceedings and litigation” and as “a go-to firm for both domestic clients in expansion mode and international companies with cross-border concerns”. Please take a moment to read the full text here.

 

 

 

 

 

Reconocimiento: World Trademark Review 1000

Destacado

World Trademark Review 1000 ha reconocido nuevamente a Falconi Puig Abogados en el nivel de Oro en 2015. Estamos orgullosos de ser referidos como “entre las opciones más destacadas para procesos de oposición y litigios” y “una firma a la que acudir para clientes domésticos en expansión y compañías internacionales con asuntos transfronterizos”. Solicitamos gentilmente se tome unos minutos para leer el texto completo aquí.

 

 

 

 

“Incompatibility” of trademarks and companies’ names

By:      Jaime Mantilla Compte [1]

As part of the rights guaranteed by the Ecuadorian Intellectual Property Law to trademark owners in our country, there is the possibility of taking action against the names of companies or partnerships that include a registered trademark, even though they were approved by the competent Authorities.

Accordingly, article 293 of the mentioned Law establishes:

Art. 293.-  A trademark, commercial name or plan variety owner who determines that the Superintendence of Companies or Banks has approved the adoption by companies under its control of a name including identical signs as those of its trademarks, commercial names or plant varieties, may request the EIPI the suspension of the use of the above name to eliminate all risk of confusion or undue usage of the protected sign.

The EIPI will notify the parties and to Superintendence of Companies or Banks through a resolution; the company will have a term of ninety days starting at the date of notice of the EIPI resolution, to adopt another name; a term which may be extendable for only one time and for the same time by means of justifiable causes.

In the event that a new name is not adopted within the term set forth in the above paragraph, the Superintendence shall proceed to dissolve or liquidate the company.”

Despite the above strengthens protection for trademark owners and establishes a clear procedure to claim their rights, having to exercise them due to the lack of anticipation and care of the Authorities implicates many times incurring in high expenses that would not be necessary if there would be a coordination between the Ecuadorian Intellectual Property Institute (EIPI) and the other entities in charge of approving the names of companies or partnerships.

In our opinion, an effective way to avoid this “incompatibility” between trademarks and names of companies would be the elaboration of a directive that establishes as mandatory for the corresponding Superintendence (of Companies, of Banks and of Popular and Solidarity Economy), to verify the information at EIPI regarding registered trademarks or trade names, prior to approving a company’s name.

In this manner, a preventive review would be made which would allow reducing the number of cases in which names of companies or partnerships improperly include previously registered trademarks and will reduce the amount of litigations that arise for this reason, that affect intellectual property owners.

The way to implement this can change, according to the best manner in which the needs of the Authorities and the users can be adapted. An alternative could be that the review is made directly by the corresponding Superintendence by accessing the EIPI’s database or, by the other hand, that it is established as a requirement for he interested party to file the trademark search report from EIPI along with the name reservation of the company or partnership, in order to determine that such name does not affect preexisting intellectual property rights.

In accordance with the above and going beyond companies’ names, we consider relevant to mention in this article the problems that have also been generated in practice by the “trade names approved” by the Internal Revenue Service (IRS).

What is currently occurring is that the IRS when opening or updating a Contributor’s Sole Registration (RUC for it meaning in Spanish), include the possibility for the user to provide a “trade name” with which the business will operate, despite that the Law for the Contributor’s Sole Registration nor its Directive establishes this field as part of the required information for registration.

This situation has generated constant problems for trademark owners, since the IRS does not review if the “trade name” the user is providing affects or not rights of third parties.

The above mentioned causes that in many cases, when the legitimate owner of a registered trademark takes action against the improper use of its mark, an unfavorable response from the offender is received, because he believes to be endorsed by the “trade name” that appears in the Contributor’s Sole Registration (RUC).

Cases like this have affected constantly the renowned restaurant LA CHOZA from Quito (http://www.lachoza.com.ec/), with whom a more conciliatory strategy has been chosen, avoiding legal action and sending instead cease & desist letters informing the offender of the legal situation.

So, through dialog and negotiation, favorable results have been obtained regarding the cease of improper use of this famous trademark, avoiding the discomfort and elevated costs of litigation.

Nonetheless, again this behavior of the IRS causes the trademark owner to be bound to incur in unnecessary expenses when such entity should not include in the Contributor’s Sole Registration (RUC) the declaration of a “trade name”.

Therefore, our opinion is that the IRS should eliminate the possibility of indicating a “trade name” in the Contributor’s Sole Registration (RUC) or, if it insists on keeping it, making a prior search in the EIPI’s database ex officio or as a requirement to the interested party, so that it can confirm that no intellectual property rights of third parties are affected.

 

[1] Lawyer of the “Pontificia Universidad Católica del Ecuador” (2007) and participant of the Intensive Postgraduate Course on Copyrights at “Universidad de Buenos Aires”, Argentina (2008). Senior Associate at Falconi Puig Abogados.

“Incompatibilidad” de marcas y denominaciones de compañías

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Por:    Jaime Mantilla Compte [1]

Como parte de los derechos garantizados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador para el titular de un registro marcario en nuestro país, se encuentra la posibilidad de actuar en contra del nombre de compañías o sociedades que incluyan indebidamente a una marca registrada, a pesar de haber sido aprobado por las Autoridades competentes para ello.

Así, el artículo 293 de la mencionada Ley prescribe lo siguiente:

Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía..

Si bien con lo anterior se refuerza la protección a los titulares de registros marcarios y se establece un procedimiento claro para reivindicar sus derechos, el tener que ejercerlos por falta de previsión o cuidado de las Autoridades implica muchas veces incurrir en altos costos que no serían necesarios si existiera una coordinación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y las demás entidades encargadas de la aprobación de denominaciones de compañías o sociedades.

A nuestro criterio, una manera efectiva de evitar esta “incompatibilidad” entre marcas y denominaciones de compañías sería la elaboración de un reglamento que establezca la obligatoriedad para las diferentes Superintendencias (de Compañías, Bancos y de Economía Popular y Solidaria), de verificar la información constante en el IEPI respecto a marcas o nombres comerciales registrados, previo a aprobar el nombre de una compañía.

De esta manera, se haría una revisión preventiva que permita reducir el número de casos en que las denominaciones de las compañías o sociedades incluyen indebidamente a marcas previamente registradas y se reduciría la cantidad de litigios que surgen por este motivo, con las afectaciones que ello conlleva para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La forma de implementar esto podría variar, de acuerdo a la manera que mejor se adapte a las necesidades de las Autoridades y los usuarios, pudiendo ser una opción que la revisión la haga de oficio la Superintendencia respectiva accediendo a la base de datos del IEPI o que, por el contrario, se establezca como requerimiento al interesado que presente junto con su solicitud de reserva de denominación de la compañía o sociedad, el reporte de la búsqueda de antecedentes del IEPI que permita constatar que dicha denominación no afectaría derechos adquiridos de propiedad intelectual.

En concordancia con lo anterior y yendo más allá de la denominación de compañías, consideramos oportuno mencionar en este artículo los problemas que también se han generado en la práctica por los “nombres comerciales aprobados” por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ocurre que el SRI, al momento de abrir o actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), incluye la posibilidad de que el usuario designe un “nombre comercial” con el que operará su negocio, a pesar de que ni en la Ley de Registro Único de Contribuyentes ni en su Reglamento conste tal campo como parte de la información constitutiva del registro.

Esta situación ha generado constantes problemas para titulares de registros marcarios, ya que el SRI no hace revisión alguna de que el “nombre comercial” que el usuario le está proporcionando afecte o no derechos de terceros.

Lo anterior ocasiona que en muchos casos, cuando el titular legítimo de una marca registrada actúa contra el uso indebido de su signo, no encuentra una respuesta favorable por parte del infractor, quien cree que se encuentra respaldado por el “nombre comercial” que consta en el RUC.

Casos como estos han afectado constantemente al reconocido restaurante quiteño LA CHOZA (http://www.lachoza.com.ec/), con quienes se ha optado por una estrategia más bien conciliadora, evitando el inicio de acciones legales y enviando en su lugar cartas de alerta o advertencia que informen sobre la situación jurídica al infractor.

Así, por medio del diálogo y la negociación, se han obtenido resultados favorables en la obtención del cese del uso indebido de esta reconocida marca, evitando la incomodidad y el alto costo del litigio.

Ahora bien, esta actuación del SRI, ocasiona que el titular de registros marcarios se vea obligado a incurrir en costos innecesarios cuando dicha entidad no debería incluir en el RUC la declaración de un “nombre comercial”.

Por lo dicho, nuestro criterio es que el SRI debería eliminar la posibilidad de indicar un “nombre comercial” en el RUC o, si en todo caso insiste en mantenerlo, realizar una revisión previa en la base de datos del IEPI, ya sea de oficio o como requisito previo para el usuario, de tal manera que se confirme que no hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

[1] Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2007) y participante del Curso Intensivo de Posgrado “Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos.” de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2008). Abogado Asociado Senior de Falconi Puig Abogados.