La Subjetividad del Daño Moral en el Ecuador

El daño moral en el Ecuador, ha pasado de ser una figura desconocida y poco recurrida del Código Civil, a ser ampliamente utilizada en la actualidad con el fin de obtener una indemnización pecuniaria de terceros como reparación del daño causado por supuestas afectaciones a la honra o reputación ajena.

Sin embargo, las normas del Código Civil permiten un alto grado de subjetividad hacia los jueces que se encuentran en la obligación de conocer y resolver un juicio de daño moral, pues el tercer inciso del artículo 2232 literalmente señala “La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo.”

Precisamente un caso que ejemplifica tanto el auge de la utilización de la figura del daño moral, como la subjetividad con que los jueces cuantifican las indemnizaciones que devengan de este tipo de acciones, es aquel suscitado entre el Sr. Rafael Correa, actual presidente de la República del Ecuador, y Banco Pichincha C.A. en el año 2007.

Este litigio se inició a raíz de que en el año 2002, el Sr. Correa solicitó la emisión de la tarjeta de crédito Diners Club, sin embargo, ésta no le fue concedida en virtud de que constaba en la central de riesgos como deudor moroso del Banco Pichincha C.A.

Lo dicho, toda vez que cuando Banco Pichincha C.A. adquirió la cartera vencida del ya desaparecido Filanbanco S.A., remitió a la Superintendencia de Bancos y Seguros un reporte de los deudores morosos de la tarjeta de crédito Filancard, en la cual constaba el nombre del Sr. Rafael Correa.

En virtud de lo anterior, Rafael Correa inició un juicio por daño moral en contra de Banco Pichincha C.A., y solicitó la indemnización por cinco millones de dólares, alegando que al haber sido mantenido como deudor de Filancard en la lista que se envío a la Superintendencia de Bancos y Seguros, estuvo imposibilitado de adquirir créditos y se afectó su imagen, tomando en cuenta que en ese entonces ejercía el cargo de Ministro de Finanzas de la Presidencia del Dr. Alfredo Palacio.

En primera y segunda instancia el juez y tribunales de las Salas especializadas de la Corte Superior afirmaron la existencia de daño moral, sin embargo, variaron respecto al monto de indemnización que, de cinco millones de dólares en primera instancia bajó a trescientos mil dólares en segunda. No obstante, presentado los recursos de casación correspondientes, la Corte Suprema de Justicia volvió a modificar el monto de la indemnización, elevándolo a quinientos mil dólares.

Al respecto, cabe observar lo señalado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Pichincha sobre este caso, “si bien pueden servir tanto el periodo del tiempo que el Banco Pichincha mantuvo al actor en la antes mencionada central de riesgos, específicamente en la categoría E, así como el texto del Mandato Constituyente 2, relativo a la remuneración máxima en el sector público, que según su artículo 1 ascendería a cinco mil dólares mensuales; indemnización que cumple una función satisfactoria que el ofensor debe abonar a la víctima de una agravio moral, y que en la especie, dicha función satisfactoria según los parámetros mencionados ascendería a US 250.000, a esta cantidad debe añadirse las erogaciones que debió realizar por la defensa del juicio invocado en su contra y las molestias ocasionadas durante todo el tiempo en que se solicito del Banco Pichincha la entrega de documentos que tenía que servir de soporte para haberlos reportado tantas veces en la central de riesgos.”

Lo anterior, demuestra que los juzgados y cortes nacionales dominan del concepto del daño moral, pero no tienen claridad respecto a la manera de cuantificar y determinar una indemnización, toda vez que existe un gran vacío legal dentro de nuestras normativas que, en muchos casos han permitido abusar de esta figura.

La cuestión radica, en como se establece la indemnización de daño moral en el Ecuador, tomando en cuenta que no tiene una fórmula matemática ni mucho menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser resarcido al demandante en estos casos.

En la legislación comparada, específicamente en el derecho anglosajón, existe el llamado “Tort Law” o en español el derecho de agravios, el cual al igual que el daño moral en el Ecuador, se lo utiliza con el fin de reparar daños causados por terceros por falta de diligencia en el quehacer de las cosas o afectaciones a la honra de las personas.

Esta figura establece ciertos parámetros para que los jueces anglosajones puedan cuantificar una indemnización cuando ha habido un daño causado al demandante, para lo cual deben tomar en cuenta la afectación que ese daño podría causar en la sociedad o respecto de un grupo social determinado si el demandado continuará actuando de la misma manera.

Si bien, una de las particularidades de esta institución son los altos montos de indemnización que se debe cancelar al agraviado por parte de quien realiza el daño, en todo caso establece ya un parámetro para que los jueces puedan determinar una indemnización. De igual manera, es de considerar que el objetivo de estos altos montos de indemnización es que influyan en el demandado, a fin de que no repita dichos actos y realice sus cosas con más cuidado diligencia.

Por lo dicho, es necesario en nuestro país debatir la necesidad de crear normas que establezcan pautas o parámetros para calcular la indemnización por delitos civiles de daño moral, a fin de reducir la injerencia de la subjetividad de los jueces en las sentencias, que muchas veces se ve influenciada por quien es el demandado y quien es el actor, así como lograr que quienes sean sancionados rectifiquen sus actuaciones a fin de no ser reincidentes ocasionando un impacto negativo en la sociedad.

Jaime Mantilla-Compte

¿Por qué registrar su marca en el Exterior?

Uno de los principales activos de toda empresa es el signo distintivo o marca con el que se identifica su producto o servicio en el mercado.  Posicionar la marca para que el público consumidor llegue a familiarizarse y asociar su origen comercial y calidad, requiere una importante inversión creativa y económica además de mucho esfuerzo, lo que hace fundamental su protección legal a través de un registro.

Hoy por hoy son muchos sectores de la producción nacional los que inician actividades comerciales en el exterior y para ello, deben tomar ciertas medidas legales a fin de asegurar un negocio exitoso. Una de las principales, es proteger y registrar legalmente la marca que utilizan para comercializar  sus productos o servicios, no sólo en Ecuador, sino  también en el país extranjero donde se quiera usar.

Ahora bien, ¿por qué es indispensable registrar la marca en el exterior? Existen varias razones: El registro constituye un título de propiedad que otorga a su titular el derecho a usar su marca de forma exclusiva, impedir el uso no autorizado de la misma y evitar su reproducción o imitación por parte de terceros.  Lo que suele suceder con frecuencia es que se piensa  por tener la marca registrada en un país, ese registro es suficiente para usarla internacionalmente, cuando en realidad el registro de una marca concede por lo general derechos de índole territorial, es decir es válido única y exclusivamente en el país donde fue otorgado.

El poder usar exclusivamente un signo distintivo,  determina que sea  imprescindible obtener el registro marcario también en el país donde se va a comercializar un producto o servicio, pues no es poco frecuente que empresas que inician sus actividades en el extranjero, se hallen impedidas de utilizar su marca, debido a que existe en ese país un signo similar o idéntico ya registrado por un tercero que protege productos o servicios idénticos o relacionados.

Para evitar estos problemas, recomendamos tomar las siguientes acciones para proteger los derechos de su marca:

  1. Investigación previa. Verificar si existen signos distintivos similares registrados en dicho país, que pudieren obstaculizar la obtención del registro y su uso en el mercado.
  2. Solicitar el registro. De ser viable el registro, iniciar el proceso respectivo de acuerdo a la ley del país donde se vaya a proteger la marca con suficiente anticipación.  Dependiendo del país, un trámite de registro puede durar desde 7 meses a más de 3 años.
  3. Ser vigilantes. Otorgado el registro, mantener vigilancia continua por posibles copias o imitaciones por parte de terceros.

En conclusión, la marca constituye el vínculo directo entre el consumidor y el productor de determinado bien o servicio, por lo tanto llega a convertirse en un bien de gran valor para un negocio, más aún cuando a través de ella se implanta una imagen en el mercado que busca solidificarse; es por esto fundamental tener un registro en el país de origen de la marca, y en cada país donde ésta vaya a tener o tenga presencia comercial.

Gina Guerrero Apolo

Oportunidades en el Clúster Minero: Cinco recomendaciones para su empresa

En estos momentos, el Ecuador se apresta a entrar de lleno al mundo de la minería a gran escala. Resulta imperativo para una empresa avizorar las oportunidades de negocio que se abren para las industrias tanto de bienes como de servicios gracias a esta actividad. La minería genera de forma natural un conjunto o encadenamiento de empresas e instituciones que le proveen de insumos, bienes y servicios tanto directa como indirectamente. Este encadenamiento se denomina clúster minero.

El objetivo del clúster minero es agrupar a empresas e instituciones públicas y privadas que presentan las siguientes características: cercanía, afinidad, competencia, cooperación, confianza, encadenamientos productivos, innovación y desarrollo. Llevar a cabo la actividad minera implicará, entre otras, la necesidad de:

- Proveedores nacionales para el sector, no solo de partes y piezas sino de servicios.

- Promoción de demanda hacia proveedores nacionales.

- Desarrollo científico y tecnológico a través de los centros de estudios superiores.

- Educación técnica y profesional a comunidades vecinas, para ser incluidas conforme las necesidades reales del sector.

- Descentralización estatal y de las empresas del sector.

- Potenciar el desarrollo económico-social local.

Como un aperitivo a las oportunidades que generará el impulso actual a la actividad minera, sugiero a los proveedores de bienes y servicios de diversa índole que quieran ser parte del proyecto minero, estos cinco puntos claves:

  1. Buscar asesoría legal sobre requisitos y condiciones para convertirse en proveedor de bienes y/o servicios.
  2. Obtener certificaciones de calidad sobre el desempeño de su actividad en el menor plazo posible.
  3. Cumplir con todas sus obligaciones tributarias y laborales a fin de convertirse en entes elegibles a participar dentro del ámbito minero.
  4. Establecer alianzas estratégicas bajo parámetros contractuales con otras compañías que puedan contribuir al mejor desempeño de sus actividades.
  5. Capacitar a su personal, a fin de dotarles de la experticia suficiente respecto del campo en el que se desea incursionar.

Es imprescindible para una empresa no solo estar a la vanguardia de su mercado sino también estar preparado para afrontar y superar nuevos retos y satisfacer plenamente todas las demandas de sus clientes.

Lo anterior pone en evidencia la importancia de buscar una oportuna asesoría legal para anticiparse a la competencia y contar en el momento adecuado con todas las herramientas que permitan a la empresa incursionar en el campo minero sin dilaciones y así aprovechar las mejores oportunidades que están por presentarse.

Santiago Mosquera